Ya desde tiempos isabelinos, Shakespeare en “La
tragedia de Hamlet, Príncipe de Dinamarca” (1599) dejo escrita una figura que,
aunque podemos rastrearla desde los tiempos inmemoriales de la historia humana,
fue él que le dio, tal vez, trascendencia no sólo literaria, sino conceptual:
los fantasmas en este caso “personificado” en su padre asesinado.
Ya uno par de siglos más adelante, dos
controvertidos autores (Marx y Engels) volvieron a la carga y señalaron en el
propio inicio de una de sus obras más
importantes la existencia (¿podemos llamarla así, en mi opinión decididamente
sí) de un “fantasma que recorría Europa”.
Obviamente a lo largo del tiempo, de una u otra
manera podemos encontrar literatura que se refiere a los fantasmas de todo
tipo, pero tal vez, en ningún caso con la intensidad de sentido de los casos
que señalamos. Esos “fantasmas” poseen “vida propia y recorren libremente la
historia” cual espectros, como figuras “irreales” (¿?), imaginarias o
fantásticas, que alguien o algunos creen ver o aparecer.
Ya más cerca de nuestros tiempos, fue Jaques
Derrida quien
nos trajo nuevamente a la “realidad de los espectros” y dio pie para que
sociólogos de la cultura, como Mark Fisher y otros sentaran las bases de una
nueva ciencia que denominaron “hauntology” (“haunt”
con referencia a algo que ronda o aparece (espectros o fantasmas) y el sufijo “ology”
sugiere investigadores que estudian, en complejos estudios y laboratorios de
modo científico, esta cuestión de los fantasmas y espectros.
Pero, finalmente, los espectros remiten – en
algunos casos- a lo que fue, en otros, a lo que pudo haber sido y también,
muchas veces algunos piensan y sostienen que son los espectros los que anuncian
lo que podría suceder.
Sin embargo, los “fantasmas que acechan la
Argentina” son el resultado de varios rasgos que ha desarrollado la economía
argentina pero que podemos sintetizar como más de un siglo de déficit fiscal
-sea por las razones que sea, pero nunca por cataclismo, guerra o desastre
humanitario.
Son esos “fantasmas” que rápidamente se “corporizan
y nos ponen sobre la mesa de la realidad, una aguda crisis fiscal sobre cuyas
consecuencias los argentinos hemos demostrado nuestra incapacidad de
comprensión, pero a su vez, la capacidad infinita de delegar en los “Merlines”
de turno soluciones que un breve análisis desnudan como promesas vacuas e
inviables.
Esos fantasmas y espectros son los que devienen de
la melancolía y la nostalgia respecto a determinadas políticas públicas que
lejos de proveer fundamentos al desarrollo económico y social de la Argentina,
operaron como argumento de la decadencia en la que hoy nos encontramos sumidos
y que la reversión, la transformación, como diría el “Che Guevara”, de los
reveses en victoria significan un esfuerzo y un sacrificio que muchos sectores
de la sociedad se resisten a afrontar en la “esperanza” que el “nanny state” reponga
lo que para ellos son “derechos” aunque ésos “derechos” sean ajenos al conjunto
de la sociedad y más aún, sin que obtener ésos derechos, le signifique deber
alguno.
Hablar, señalar, hacer referencia a la necesidad de
reconvertir la sociedad hacia la frugalidad en el consumo, he de señalar que la
sobriedad, la mesura y la moderación es el camino que debe recorrer la sociedad
para comenzar a aventar ya no sólo “fantasmas y espectros” sino transformar
realidades, resulta ingrato y políticamente incorrecto. Hacerlo de mi parte no
me traerá “amigos” sino que alimentará una situación por la que pasamos y que
describimos -a título personal y con modestia- “que los que se adelantan a su
tiempo deben esperarlo en refugios muy incomodos”
Y ahora, con esta breve “lata” introductoria,
pasemos a focalizarnos en las PYME y su problemática que no sólo se alimenta de
la propia dinámica de los hechos cotidianos ( leyes, decretos, resoluciones,
regulaciones y la propia dinámica de una crisis económica interna (cuya columna
vertebral es el déficit fiscal) y agravada por una importante crisis económica
mundial) sino que también, ve de modo permanente el “rondar de fantasmas y
espectros” que no serán ni los de Hamlet ni los de Marx-Engels ni los de
Derrida, sino los de historia económica reciente,( aunque si lo miramos con
rigurosidad podemos datarla en un siglo de repitencia).
Según
los últimos datos brindados por el GPS de empresas del Ministerio de Producción
en el país existen alrededor de 856 mil empresas registradas, de las cuales de
606.000 son empleadoras. El 99,4% (602.784) tiene menos de 200 ocupados, y sólo
el 0,6% (3.532) son grandes empresas con más de 200 ocupados. Las empresas de
hasta 200 empleados son las que más trabajadores emplean: cuentan con el 65%
del empleo privado formal.
Las
Pymes tienen una importante función como generadoras de empleo, lo que favorece
la inclusión social, pese a que algunos economistas -responsables de duros
fracasos para la economía nacional- consideran su existencia casi como un
absurdo.
En
la Argentina, según cifras del Ministerio de la Producción, existen 853.826
PYMES de todos los sectores (602.784 son empleadoras – 71% y el resto, se trata
de microempresas unipersonales) y menos del 1% realizan operaciones de
exportación de modo directo en momentos donde desde la política pública se
requieren mayores esfuerzos en este sentido sobre la base de una única
“aparente variable estratégica” el tipo de cambio
Es
posible pensar que dicho porcentual pueda ser mayor si pudiéramos acceder a la
cantidad de PYMES que aportan de modo indirecto, partes, piezas o insumos a los
conglomerados exportadores concentrados en alrededor de 850 Empresas.
Este
cuadro de situación no es producto sólo de estos tiempos ni tampoco puede
echarse mano, en las responsabilidades de tan bajo compromiso exportador a las
PYME o recurrir, a la responsabilidad de las zigzagueantes políticas
macroeconómicas, aunque éstas a veces -en materia de política comercial
externa- hayan resultado primitivas.
Más
aún, partiendo de esta demanda, tal vez sea un buen momento de hacer referencia
a cierto “victimismo empresarial” que cual “niño adolescente se siente víctima
del desarrollo económico, social y político de la sociedad.
Una
cosa es víctima real y concreta y otra es el “programa de victimización” que determinados
grupos de presión que utilizan la queja, en nombre de determinados colectivos, como
un eficaz instrumento de movilización para alcanzar sus propios objetivos de
poder que, hacia el final del día, nada tienen que ver con los objetivos de las
víctimas sino con sus propios planes de asalto al poder.
El
PYME visualiza que es la “víctima” de un proceso que le resulta “novedoso”: ya
no está el “nanny state” para arroparlo y cuidarlo de los “enemigos externos,
que le permitió sin acumulación originaria previa, convertirse en un
“importante empresario” que, en tanto PYME (el “nanny state en ningún momento
tuvo en sus planes que este empresario fuera más allá de un ahora denunciado
“enanismo”).
Muchas
de ésas, “víctimas” devinieron en empresarios como resultado de varios procesos
convergentes.
El
principal el devenir histórico de la economía mundial instaló la idea de una
“sustitución de importaciones” sin medir productividad ni necesidad y dio como
resultado un “sector empresario” que más que exhibir las condiciones
shumpeterianas, no era más que un “empleado público” con capacidades diversas
de apropiar subsidios y prebendas sobre las que construyó “hegemonías”
ilegitimas siempre atadas al “calor del oficialismo de turno” y que en la
actualidad la profundidad del desmadre presupuestario no encuentran donde
guarnecerse.
Sobre
ésta “víctimas” a las que ahora se les reclaman inversiones, competitividad,
exportaciones y productividad se montan quienes desarrollan estrategias de
victimización para asaltar y recuperar un poder que -en el desarrollo histórico
en su estado actual- lejos de pensar en las “víctimas reales” pretende la
continuidad de un saqueo basado en la corrupción y en la profundización de las
condiciones de vida marginales del conjunto de la sociedad.
El
victimismo es una ideología política que trata de sacar réditos de unas
situaciones de injusticia reales o simuladas, pero, las víctimas auténticas no
hacen victimismo, buscan soluciones, tratan de comprender el momento y
enfrentarlo con deseos de solución, de transformar “las derrotas en victoria”,
nunca en hacer de la derrota una política de la queja y de la búsqueda de
“culpables” que generalmente encuentra, no casualmente, en el otro.
La
organización de una estructura económica exportadora es un desafío no sólo al
sector empresario, sino que está involucrada el conjunto de la sociedad, es,
podemos decir sin temor a equivocarnos, es el resultado de una mentalidad, es
el producto de una cultura que abarca sólo parcialmente la política pública
-aunque ésta tenga un valor estratégico- sino que se refiere al conjunto de la
sociedad y su visión del desarrollo económico y social.
Quedan
así involucrados los sectores del trabajo, la educación -en todo su recorrido-,
la investigación científica en todas sus expresiones, las dirigencias políticas
y sociales en todas sus expresiones, en suma, es el conjunto de la sociedad que
resuelve afrontar su desarrollo con una visión “endogámica” o si acepta
producir una transformación cultural tal que implique incorporar “la mirada de
los otros”, del mundo que nos rodea, y que nos genera nuevos desafíos, ya sea
en forma de amenazas o oportunidades, pero que enfrentamos convencidos de
nuestras fortalezas y posibilidades.
Es
cierto, no lo negamos, que es necesario referirse a los costos, los precios, la
competencia, “qué mercados y qué productos”, evaluar la imprescindible
rentabilidad, los impactos de la estructura tributaria y la estabilidad de las reglas del juego.
También es cierto que la productividad, cuando se
piensa en desarrollo de un proyecto exportador es fundamental y es allí donde
no sólo los empresarios tienen la palabra, sino que involucra directamente a
los trabajadores y en particular a sus dirigentes. No es posible avanzar en
este rubro si no es con un acuerdo estratégico con los trabajadores y sus
organizaciones. Pero también debemos, en este caso los empresarios y en
particular las PYME, trabajar intensamente en el diseño, la innovación (muchas
veces disruptiva), en el agregado de valor, en transformar la rentabilidad, por
acotada que a veces sea, en argumento del fortalecimiento de la empresa.
Generar rentabilidad, inversión, empleo, innovación y
una cultura social que mire el horizonte -que parece inalcanzable pero que
invita a encontrarlo- definen la necesidad de construir un “ecosistema
exportador” que requiere de políticas públicas que en su momento existieron en
nuestro país y que fueron abandonadas. Seguramente, en estos tiempos y en este
estado de las relaciones comerciales a novel global deban ser redefinidas, tal
vez diseñadas bajo otros parámetros, pero no es menos cierto que las buenas
experiencias ayudan y mejoran los tiempos de decisiones que deben ser tomadas
de modo imprescindible.
Transformar una cultura, armonizar las mentalidades y
creencias de una sociedad, construir credibilidad, reorientar de modo
sustentable la estructura productiva lleva tiempo y sobre todo cuando existe
una gran fragilidad social, -30/35 por ciento de pobreza, con rasgos
estructurales de complejo abordaje- resulta determinante de urgencias.
El pasado 21/04/2018 en ocasión de la Reunión de
Ministros de Finanzas y bancos Centrales del G-20 un ministro señaló, en
referencia al proteccionismo extremo que promueve EEUU: “Nadie se puede hacer
rico vendiéndose a sí mismo",
Ese proteccionismo, el abandono o los intentos de
debilitar el multilateralismo comercial sólo generan disputas comerciales y la
volatilidad financiera.
Sumarse a ése virtual cierre de fronteras, donde
convertimos cada producto extranjero en un enemigo que debemos por todos los
medios impedir su ingreso tiene como resultado más pobreza, atraso y la
consolidación del lobby de “beneficiarios” de una política denominada de “sustitución
de importaciones” que pretende que nos sintamos “orgullosos patriotas” de disponer
de una actividad económica que retrocede hasta las formas más primitivas de
producción y que convierte el desarrollo económico y social del conjunto de la
sociedad en una quimera.
No se trata de “aperturas bobas ni negligentes”, se
trata de disponer de una matriz productiva revelada y capaz de incorporar la
dinámica de las nuevas formas que va adquiriendo no sólo la producción industrial,
sino que también las agro-industrial y el comercio.
Tiempo. ¿es posible administrarlo de modo tal que los
resultados se aceleren y soluciones que no sean ya una quimera, una aventura que
muchas veces resulta sin sustento y con alto riesgo de convertirse en fracaso?
Nuestra
convicción es que es posible. La voluntad debe transformase en decisión y en
acciones proactivas imprescindibles. Como toda transformación requiere amplia
participación de los sectores involucrados. Estamos listos. Empecemos ya.
En cualquier caso, lo cierto que es que el cambio
estructural de la economía argentina continúa en marcha, y probablemente se
haya precipitado. Este escenario supone oportunidades de inversión en múltiples
sectores, pero también constituye un reto para los líderes empresarios, dado
que los obliga a repensar sus estrategias comerciales.
En particular, las empresas deberán prepararse para
competir con jugadores internacionales. La presidencia del G20 en 2018, la
negociación de diversos acuerdos de libre comercio (donde se destacan los
avances entre el Mercosur y la UE) e incluso el reciente apoyo al programa
económico de parte del FMI son pasos concretos hacia una creciente integración
económica y política del país.
Además, este proceso se da un escenario internacional sumamente desafiante. La transformación
disruptiva de las cadenas globales de valor, que ha generado la intervención de
las tecnologías exponenciales en todos los procesos de negocios, puede dejar a
una empresa local fuera del juego. Como ejemplo, la industria manufacturera,
tal como la conocemos, está cambiando en el marco de la cuarta revolución
industrial (lo que se conoce como industria 4.0).
Muchas industrias líderes del siglo XXI convergen en
los mundos físicos y digitales en los que se espera que un hardware sofisticado
combinado con software innovador, sensores con cantidades masivas de datos y
análisis profundo, puedan desarrollar productos y servicios más inteligentes, procesos
más eficientes, así como clientes y proveedores más conectados.
Nacen ecosistemas caracterizados por relaciones
multidireccionales con intercambios de bienes, datos, conocimientos y
servicios. Las barreras de entrada se disuelven y los silos de competitividad
se esfuman. La competencia surge de fuentes no tradicionales que, a menudo,
buscan generar valor más allá del producto en sí mismo, aplicando una nueva
lógica a la cadena de valor. El
ritmo del cambio ya no es gradual: es exponencial, disruptivo y no lineal.
Cuanto más dilaten las empresas su transformación, más difícil y costoso será sobrevivir.
Es
por estas razones que la espasmódica atención que la política pública a lo
largo de los años es un signo claro que quienes ocupan los espacios de la
política -en su versión electoral o como parte de los equipos de gobierno-
carecen del conocimiento, relevancia y actor estratégico de las PYME tanto en
las cadenas de producción que propone la nueva organización industrial, cómo, y
es más grave, no disponen de una visión estratégica adecuada respecto de la
vital importancia de las PYME en el sistema democrático y en la consolidación
de la República.
Una aclaración importante
Por razones de pertenencia, me concentraré en el
denominado Área Metropolitana de Buenos Aires, pero invito a quien acceda a
éste documento -sea de la misma región o de lo que se ha mal llamado “el
interior” (visión ideológica si la hay) a formular sus comentarios y críticas y
hacerme llegar que propuestas, que “le falta” a éste documento para poder ser
considerado representativo y no un mero panfleto del “alsinismo” o su
continuación como Partido Autonomista Nacional.
….y ahora sí, a las demandas porteñas
El Conurbano, integrante del Área Metropolitana de
Buenos Aires, cuenta con un importante entramado industrial y una vasta
diversidad de sectores en donde prevalecen las Micro, Pequeñas y Medianas
Industrias (PYMI), pero también la situación se repite en las diversas
provincias: la industria se encuentra -en general – localizada en torno a los
ejidos urbanos.
Una
primera realidad insoslayable es que hoy, miles de Industrias se encuentran
atrapadas en zonas urbanas y enfrentan un problema de encorsetamiento que no
les permite ampliar, expandirse ni desarrollarse con normalidad.
Esta situación da pie a dos procesos simultáneo:
1.
Por un
lado un estancamiento en el desarrollo industrial de las PYMI que se expresa en
un fenómeno que denominamos “enanismo” al no poder expandir sus espacios y
verse limitados, simultáneamente por un conjunto de restricciones ambientales,
necesarias por el nivel de urbanización pero en muchos casos resultado de la
“sobre actuación” vecinal que parece preferir “municipios dormitorio” y
trasladarse cotidianamente hacia lugares de trabajo distantes y que dan lugar
al estancamiento en el desarrollo local, tanto industrial como comercial y de
servicios.
2.
Surge
entonces la pregunta: ¿dónde se debe relocalizar la industria sin que ello implique
pérdidas de empleo local y que a su vez éste acorde con las demandas de
carácter ambiental?
Se genera o promueve un proceso de relocalización
de industrias que hoy resulta en extremo difícil de encarar para las PYMI por
las implicancias que posee una mudanza de estas características en ausencia de
instrumentos financieros acordes a éstas necesidades, pero también la escasa o
nula oferta de mano de obra en los nuevos espacios dada la inviabilidad del
traslado del personal existente que, como ya señalamos, da paso a un aumento de
la desocupación local.
La falta de planificación urbana y del desarrollo
local por parte de los organismos públicos que debieron resguardar los espacios
industriales dieron paso a una urbanización que hoy demanda servicios, pero
también empleos que bajo éstas condiciones será difícil de satisfacer.
Las PYMI buscan radicarse en agrupamientos o parque
industriales que les garantizan el espacio propicio para su funcionamiento y
desarrollo, les proveen los servicios necesarios y les brindan un espacio de
convivencia armónica con el entorno.
Simultáneamente la PYMI enfrenta un conjunto de
temas urgentes de política industrial y que detallamos brevemente, pero que,
desde ya expresamos nuestra disposición a abordarlos de modo específico si así
nos lo es requerido:
En materia de comercio exterior, las PYMI
desconocemos los contenidos de las negociaciones gubernamentales sobre Tratados de Libre Comercio, en particular en lo que
respecta a las negociaciones en curso entre el Mercosur y la Unión Europea o el
que se refiere a Canadá y México y los avances con el Tratado del Pacífico.
Esa falta de información impide conocer los
impactos y consecuentemente afecta los procesos de decisiones de inversión de
las PYMI dado la incertidumbre resultante.
Entendemos que pueden existir bloqueos informativos
derivados de la propia negociación, pero también observamos como otras
comunidades empresariales de los países involucrados no sólo poseen
información, sino que sus demandas son atendidas.
Esta “asimetría” en el desarrollo de los Acuerdos
Comerciales debe revertirse si el objetivo es “exportar más”. La pregunta es
¿cuáles son los mercados en desarrollo y bajo que condiciones? Teniendo
presente que las mutuas concesiones pueden discriminar negativamente a las PYMI
o, a los productos industriales someterlos a un intercambio desigual en
términos de matriz productiva nacional priorizando los productos agroindustriales
y relegando la participación de los productos industriales.
En el mismo orden nos preocupa las condiciones de
convergencia, la resolución de controversias y el tratamiento a los productos
del conocimiento (patentes). Nuevamente, carecemos de información que nos
permita orientar nuestras acciones.
En suma, lo que deseamos subrayar es la opacidad de
las negociaciones que deben ser transformadas en transparentes para darle un
marco de racionalidad a la gestión empresaria PYMI y no generar cuotas
adicionales de incertidumbre.
Dentro de la misma temática, surgen dos cuestiones:
En materia de importaciones:
·
La
existencia de triangulación de producciones (básicamente utilizando a Brasil),
·
El
excesivo tiempo que demandan las denuncias por prácticas desleales (una denuncia
por dumping demanda 18 meses cuando otros países lo resuelven apenas 1 a 3
meses). A modo de simple ejemplo un expediente de dumping promediando la
investigación lleva ya 1 año de trámite y acumula casi 2000 fojas), mientras
que observamos como otros países, también miembros de la OMC resuelven los
“dumping” contra las producciones nacionales en apenas 3 meses (caso EEUU y
Biocombustibles)
·
La escasa
importancia que el servicio aduanero presta a los valores FOB declarados en
Aduana lo que ha dado lugar a procedimientos de subfacturación con el daño no
sólo fiscal sino el que se le genera a la PYMI.
·
Simultáneamente,
las PYMI deben enfrentar la competencia desleal por parte de productos
importados como así también la que proviene de la informalidad productiva y el
contrabando.
·
Un
proceso de “desburocratización” del comercio exterior es imprescindible. Pero
éste puede tener dos variantes: la inteligente que afina controles y ejerce
necesarias regulaciones; o “bobo” -tal como está aconteciendo, donde bajo el
argumento de la facilitación se desarrollan las peores prácticas tanto por
parte delos funcionarios de “zona primaria” como de quienes ejercen las
responsabilidades estratégicas que ignoran o alargan los procesos que deben
desarrollar ante las denuncias de fraude aduanero o prácticas desleales.
·
El
sistema financiero argentino no ofrece cartas de crédito para la importación de
partes, piezas e insumos y todo se resume en condiciones de 100% anticipado o
30% anticipado y 70% vista en el mejor de los casos lo que demanda esfuerzos
financieros importantes que se financian con crédito comercial a tasas incompatibles
con la realidad empresaria y la voluntad política de vencer la inflación que en
la medida de nuestras posibilidades acompañamos.
En materia de exportaciones
·
Ausencia
de instrumentos o programas de promoción de exportaciones destinados a PYMI
·
No
existen de modo fluido líneas de pre-financiación de exportaciones
·
Nuevamente,
la necesidad de “ajustar” el gasto público, lleva a incurrir en mora en la
devolución de los impuestos contenidos en las exportaciones como de los
reembolsos acordados.
La
“manipulación” de las obligaciones, no es funciional a la conformación de un
ecosistema exportador. No es posible llevar adelante un complejo proceso para
las PYME que las proyecte al mundo -como lo requiere el propio Prtesidente de
la Nación, cuando el primero en incumplir los contratos y obligaciones es el
propio Estado Nacional.
1.
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC)
De diversas formas tomamos conocimiento que la
República Argentina, a través de su Cancillería, se encuentra negociado
diversos TLC tanto con la Unión Europea, como con Corea del Sur, Canadá, EFTA
(según sus siglas en inglés), compuesto por los países europeos Noruega,
Islandia, Suiza y Liechtenstein y existe una fuerte presión de Uruguay dentro
del MERCOSUR para avanzar con un TLC con China. A su vez, desconocemos los
avances de la Cancillería respecto de la Alianza del Pacífico.
Carecemos de información respecto de cuáles son los
contenidos, impactos, plazos de convergencia, posibilidades o no de
complementariedad industrial, que tipo de concesiones mutuas se otorgan, etc.
La metodología de la Cancillería respecto de los
sectores es enviarles un “listado de NCM” posibles de ser negociadas para
consultar si está en condiciones, en el marco de posibles concesiones
arancelarias, de establecer ventajas competitivas, concesiones o formas de
convergencia, pero siempre como un ejercicio tecno-burocrático sin la
participación de los interesados.
Sin embargo, esa “lista de NCM” tiene valor en el
corto plazo. Resulta imposible, sin información alguna, decir si 2 u 8 años es
lo necesario. Decir exclusión puede ser una elección, pero no es lo que
sucederá porque nada queda excluido cuando se desarrollan estos TLC y cuando
las hay se refieren a productos estratégicos, de la defensa nacional, etc.
Dado que desde el Poder Ejecutivo Nacional (vía
Ministerio de Producción o Relaciones Exteriores) no se define una política
industrial o al menos un sendero (+/- seguro, es decir consistente y
sustentable en el mediano/largo plazo) resultaría muy irresponsable para los
sectores elegir una u otra opción sin mediar un responsable y sustentable
análisis previo que no sólo se refiera a la situación de intercambio que
refleja el Sistema Malvina.
No es posible oponerse -tal como se está
comportando la dinámica del comercio internacional- a los TLC pero la Industria
nacional no puede estar a “ciegas” sobre ésos desarrollos porque tal vez,
dentro de 5 años, ésa lista de NCM ya carezca de validez dada la dinámica de la
innovación y de cómo la denominada “economía 4.0” avanza en el desarrollo de
cadenas de producción, como se incorporan nuevos materiales, etc.
2.
CUESTIONES IMPOSITIVAS
Es
importante reconocer las mejoras introducidas en la Ley PyME y sus beneficios
en torno a los incentivos a las inversiones y la reducción de algunos
impuestos, pero es necesario un cambio más profundo que opere con mayor
significación en el impacto excesivo que tienen los impuestos en los costos de
una PyME y en los precios a los que sus productos son colocados en el mercado.
Existen
numerosas PYMI que no han podido inscribirse en el Registro de la AFIP para
acceder a los beneficios de la Ley PYMI (alrededor de 400 mil) mientras tanto
el volumen de financiaciones por planes de pago a las PYMI rondas los $148 mil
millones lo que pone en evidencia una fragilidad de importancia fundamental. La
presión tributaria incompatible con la producción ha dejado un remanente de
consecuencias difíciles de predecir.
Es
cierto que está en marcha la implementación de la Reforma Tributaria aprobada
por el Congreso Nacional y también es cierto que se ha suscripto con los
Gobernadores un Pacto Fiscal
Sin
embargo, el denominado “costo argentino” (conformado por un conjunto de costos
indirectos no revelados de modo explícito o “precios sombra”) es una realidad
que condiciona la competitividad de la producción nacional.
Así,
la Irregular adhesión de las jurisdicciones subnacionales (Provincias y Municipios)
al Acuerdo Fiscal Federal implica en muchos casos suba de tasas e IIBB, creación
de tasas municipales sin prestación de servicio alguno, etc. Donde muchas veces
las jurisdicciones exponen una “creatividad admirable”.
Más
aún, al no hacerse transparentes los compromisos asumidos a las PYMI les resulta
muy difícil comprender los alcances de ésos importantes Acuerdos.
Reconocemos
que se han hecho avances importantes en materia de:
·
recupero
de los saldos del IVA Técnico,
·
en la
obtención de los certificados de crédito fiscal en Bienes de Capital
·
En una
más fácil resolución de los embargos por deudas fiscales
Pero
instamos a las autoridades nacionales a reforzar el cumplimiento de los acuerdos
que permitan reducir la presión tributaria tal como fue comprometido.
Entre los temas urgentes y a resolver en el corto
plazo:
·
Liquidación
del Impuesto al Valor Agregado. pasándose del sistema del devengado al del
percibido. De esta manera, recién debería ingresarse el IVA a la AFIP cuando se
cobra y no teniendo en cuenta el momento en que fue confeccionada la factura;
que incluso puede no cobrarse.
·
Luego de
la sanción de la reforma tributaria (Ley 27.430) que redujo para el año 2018 la
alícuota del tributo, del 35 al 30%, la AFIP aún no emitió la norma
reglamentaria permitiendo que las empresas adecuen los nuevos anticipos que,
para las sociedades que cerraron su ejercicio el 31 de diciembre y que
comenzaron a abonarlos en el mes de junio pasado. La “solución” de la AFIP sólo
permite reducir el monto de los anticipos cuando el importe de los anticipos
que se estimen abonar supere en un 40% al tributo anual que deba pagar.
·
Debe
limitarse la prohibición de no actualización cuando las PYME emiten facturas en
pesos con plazos de pago mayores a los 30 días o cuando, aún con la condición
de contado, el cliente la paga con documentos a plazos mayores. La factura
electrónica -aún no vigente- no habrá de alcanzar a todas las PYME dado que
sólo el 35% de ellas están inscriptas en el Registro y que a su vez, los
probables tomadores de “facturas electrónicas” para su descuento no tomaran
todas, sino aquellas que impliquen menor riesgo.
·
Debe
permitirse a completa compensación de Impuesto a todos los niveles
jurisdiccionales evitando la acumulación de saldos a favor que no reciben
remuneración alguna -sobre todo a las tasas de interés vigentes y a los índices
de inflación actuales. La no compensación significa tanto a nivel de la AFIP
como del Convenio Multilateral y de los tributos locales (aunque se los
denomine tasas) un desagio de muy negativo impacto en las PYME.
·
Producir
una “tregua tributaria” de modo que las PYME puedan reorganizar sus DDJJ,
documentación respaldatoria, etc. Evitando que por la carencia de una
estructura especializada deba enfrentar inspecciones sistemáticas que le
imponen multas, embargos con la consiguiente carga de honorarios a abogados
muchas veces por diferencias involuntarias. No se trata de PYMES que eluden o
evaden impuestos dado que están plenamente registradas. Si debieran
incentivarse los controles hacia los mercados y productores marginales.
·
Reformulación
de las normas que permitan a las PYME, cumplidos los plazos de vencimiento y
las intimaciones de pago, considerar como incobrables créditos por ventas no
recuperados sin necesidad de ejecución y ser deducidos del Impuesto a las
Ganancias. En caso de recuperación, permitir rectificativas o su consideración
en el siguiente ejercicio.
·
Metodología
progresiva de transformación del contribuyente (microempresa PYME) del Régimen
Simplificado al Régimen General sin incluir reclamos retroactivos siempre y
cuando, y en el caso que tenga empleados, éstos estén regularizados.
·
Desarrollo
de un sistema de facilidades que promueva la sucesión en las Empresas PYME de
base familiar. Dicho sistema debe incluir desde facilidades formales
(tributarias y societarias) y crediticias (para promover la restructuración y
la incorporación de nuevas formas productivas (innovación, diseño,
reestructuración) evitando la fragmentación y promoviendo la continuidad. En
los juicios sucesorios donde se identifique como integrante de este una empresa
PYME en marcha, el sistema judicial deberá sostener criterios de continuidad y
no meramente patrimoniales.
·
Otorgar
facilidades para que las PYME se transformen en “sociedades de capital abierto”
en tanto las actuales formas de “capital cerrado o endogámico” resultan trabas
importantes para la obtención de financiamiento que posibilite su operatividad
y modernización.
·
Elevar
del 10% al 20% el crédito fiscal por inversiones en el Impuesto a las
Ganancias. Incluir como inversiones no sólo la incorporación de bienes de
capital sino la incorporación de mejoras o reestructuraciones productivas que
provengan de la innovación, el diseño y la ingeniería o los servicios y que
impliquen mejoras sustantivas en la productividad.
·
Dado que
la variación del Índice de Precios Mayoristas (IPIM) desde enero 2016 y
proyectado a diciembre 2018 habrá de superar el 100% es imprescindible que la
AFIP y los Consejos Profesionales establezcan las Resoluciones Técnicas
correspondientes o ratifiquen las ya existentes para la implementación del
Ajuste por Inflación.
Las actuales relacionadas con las intenciones del
Poder Ejecutivo Nacional de limitar dicha facultad en la confección de los
estados patrimoniales reflejan una autentica “desesperación fiscal” y no una
inteligente forma de proyectar los flujos de fondos que se generan cuando
dichos estados patrimoniales reflejan la realidad empresaria
·
No hay
una completa aceptación a nivel nacional de la Ley Complementaria de ART (Ley
27.348)
·
La
judicialización de las relaciones laborales y el desarrollo de un sistema jurisprudencial
que en los hechos opera como una “legislación” en sí misma. La necesidad de
desarrollar una profunda revisión de la legislación laboral - que, aunque
impulsada por el propio Gobierno- no encuentra el suficiente eco en la oposición
parlamentaria lo que impone no sólo una legislación anacrónica, sino que genera
una alta cuota de incertidumbre.
·
En
materia de negociación laboral a nivel de paritarias, debe eliminarse la denominada
“ultra-actividad” dado que la dinámica de la producción requiere una permanente
actualización de las relaciones laborales por el surgimiento o implementación
de nuevas tecnologías o innovaciones
·
Hace
pocos días se conoció el Decreto 633/2018 que en los hechos significó la
imposibilidad de resolver en paritarias la posibilidad de “ pagos no
remunerativos”. Es cierto que dicha decisión responde a dos necesidades
importantes: evitar pagos “en negro” y fortalecer la recaudación del ANSES.
Pero las soluciones “teóricas” no afectan el realismo de las relaciones
gremiales-empresarias en tanto éstas habrán de proponer todas las formas
creativas posibles para continuar con la práctica y el PYME carece del “poder”
de negarse induciéndolo a obtener recursos para hacer frente a ésas demandas a
través de “operaciones informales”
Una
cuestión estratégica como la logística – tanto de abastecimiento a la
producción como en la distribución – el Gobierno va construyendo soluciones que
si bien son de singular importancia (ampliación de rutas y autopistas, reposicionamiento
del transporte ferroviario, abordaje del transporte multimodal, ampliación de
la red para bi-trenes entre otros) no logran impactar en los costos de
logísticos de las PYMI y requieren decisiones políticas de singular
trascendencia que exceden ampliamente a las empresas.
Es
cierto que por diversas vías se trata de resolver esta restricción estratégica
pero las PYMI consideramos que se requiere mayor énfasis en tanto se disponen
de las herramientas administrativas para poner límites ciertos y eficaces a
metodologías que sólo suman costos ocultos y no revelados a la producción por
la vía de prácticas inaceptables.
Reconocemos
las importantes inversiones públicas en el desarrollo del transporte de carga
ferroviario, marítimo, fluvial y multimodal, pero debemos destacar que
persisten excesivos costos logísticos tanto para la exportación como para el
mercado interno, pero pensamos que es necesario redoblar los esfuerzos para
evitar los impactos de los sobre-costos logísticos sobre los precios en el
mercado interno.
5.
FINANCIAMIENTO AL
DESARROLLO. TASAS DE INTERÉS A LA INVERSIÓN COMPETITIVAS.
Se
trata de una cuestión estratégica que nos lleva a formularnos la siguiente pregunta:
¿Está
el modelo de “banca comercial” que se desarrolla en la Argentina, preparado
para reconvertir al menos una porción en una “banca de desarrollo o de largo
plazo” al estilo del que poseen sobre todo, muchos países de Europa e incluso
Brasil y consecuentemente reconvertir su visión del financiamiento a personas
(casi usurario) a un sistema de financiamiento a proyectos que requieren otras
tasas de interés pero fundamentalmente otros criterios de evaluación en materia
de factibilidad, viabilidad y riesgo?
Lamentablemente
la respuesta es NO.
La asistencia financiera a PYMI ha sido resuelta
mediante mecanismos imperfectos del mercado. No resulta posible que un sistema
bancario de características comerciales (enfocado a tarjetas de crédito y
créditos personales, ávidos en captar “cuentas sueldos” para obtener liquidez
barata), pueda atender la demanda de créditos de inversión que obviamente
requieren otro tipo de fondeo, evaluación y análisis de riesgo.
La banca de inversión requiere capacidades de
evaluación de factibilidad y viabilidad, tasas de interés, plazos y condiciones
de garantías que la banca comercial nacional no está en condiciones hoy de dar
una adecuada respuesta tal como
lo demuestra el propio BCRA en su Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC):
suba de tasas, endurecimiento del sistema de garantías.
La
existencia de Sociedades de Garantía Recíproca – en los hechos destinadas a
satisfacer las posibles debilidades de las garantías de las PYMI sólo han sido
eficientes para el canje de cheques en el mercado de capitales (Bolsa de
Comercio) pero el “spread” que cobran por su participación resulta, con estos
niveles de tasa inviables, demanda adicionalmente una garantía solidaria de los
titulares de las PYMI lo que lleva a preguntarse sobre ¿Qué es lo que realmente
garantizan?
Es cierto, sí, que hay un “lote” de empresas
PYMI que participa aún de estas operaciones pero que representan una minoría
dado que en general las empresas denominadas de “primera línea” no emiten
cheques diferidos susceptibles de negociación en ese tipo de ámbitos.
En él
mientras tanto, los instrumentos propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional a
través del Proyecto de Ley de Inversión Productiva quedaron sin sanción
legislativa (falta el Senado) y reconocemos el esfuerzo del Presidente de la
Nación al reclamar la sanción definitiva de ése Proyecto en la sesión de
apertura del año legislativo.
Sin
embargo, los instrumentos destinados a PYMI han quedado desafortunadamente
mezclados con un conjunto de artículos que dan lugar a una profunda reforma del
funcionamiento del mercado de capitales y atribuciones de la Comisión Nacional
de Valores que son resistidos por la oposición parlamentaria. En el medio de
las diferencias de mayor entidad y calibre han quedado las PYMI.
Los
instrumentos diseñados en dicha Ley a los que se accede mediante el mercado de
capitales resultan aún de difícil acceso a las PYMI que deben, para
incorporarse generar un “giro copernicano” en sus sistemas de gestión
empresarial. Tales transformaciones requieren tiempo y concientización. Los
nuevos paradigmas parecen imponerse por la fuerza y dan paso a una “cultura de
descarte” de costosos impactos económicos y sociales.
El
impacto en los costos de los incrementos de tarifas aplicados a la producción
sin gradualismo alguno y, simultáneamente la cancelación del Programa orientado
específicamente a la eficiencia eléctrica como así también la línea de
financiamiento asociada a ese fin generó dificultades que aún debemos
resolver.
En
tal sentido, sería de singular relevancia la recuperación de dichos Programas
que han de reflejarse en mejoras sustantivas en la productividad y en un
consumo más racional de energía eléctrica.
Por
otra parte, debería facilitarse la incorporación de las PYMI al MEM y con una
regulación activa por parte del Estado Nacional de los valores agregados de
transporte y distribución de la energía adquirida en el mercado mayorista.
7.
EL SEGURO DE RIESGO AMBIENTAL Y LA POLÍTICA DE
CUENCAS
Debemos
destacar que el tema Seguro Ambiental y sus temas conexos (que forman parte central
de la agenda de la reunión) tales como la inexistencia de Compañías de Seguros
que tomen el riesgo (existe sólo un Seguro de Caución –que obviamente no es lo
mismo) y especialmente la cuestión de la relación e impacto que en las PYME
tiene este tema.
Destacamos
que sólo existe en plaza una única Compañía de Seguros (Prudencia Compañía
Argentina de Seguros SA) que ofrece en lugar de una póliza de seguros un seguro
de caución (que no es lo que la Ley exige) cuyas consecuencias son impredecibles
para las PYME.
El
virtual fracaso de los intentos gubernamentales por evitar el sistema de
pólizas de caución a partir del recurso de amparo presentado y avalado por un
Juez de Formosa son la señal inexcusable de que se debe modificar de modo
imperativo la Ley General del Ambiente.
Para
las PYMI la cuestión puede resultar una dura limitación a su desarrollo y la
aparición de cuestiones de competitividad de mucha trascendencia que pueden
empujarla a mercados marginales, muy lejos de sus aspiraciones o finalmente
dejarla afuera.
Más
allá de las dudas del sector asegurador, el riesgo para las PYMI es que éste
nuevo seguro se transforme en una nueva versión de lo que es el de Riesgos del
Trabajo: se paga caro, no se evitan los litigios y finalmente hay que pagar
como si no se tuviera el riesgo cubierto.
La
cuestión adquiere importancia porque las PYMI serán obligadas por las grandes
empresas, amparadas en fortalecimiento de las exigencias de la Autoridad de
Aplicación) a mostrar la cobertura del riesgo ambiental, sobre todo para las
tercerizaciones o cuando se es PYMI proveedora, y la ausencia de cobertura
puede dar a una discriminación negativa.
Cabe
destacar que falta de coordinación con las provincias toda vez que las mismas
no participan (no han adherido a la Ley Marco) y disponen de regulaciones
(leyes, decretos, etc) y servicios de control propios con participación de los
Municipios en algunos casos específicos.
Debe
tenerse en cuenta que la cuestión medio ambiental genera un costo muy importante
para la habilitación industrial y posteriormente en su gestión siendo una de
las debilidades de la PYMI que resulta difícil tanto de resolver como de
prevenir.
Para
decirlo de modo sencillo: la PYMI debe demandar una activa participación en la
definición del sistema para no quedar atrapada, posteriormente, en una maraña
de regulaciones que finalmente será cara y mala.
En
particular, la provincia de Buenos Aires debe adoptar y dar a conocer como deberán
trabajar las Empresas en materia medio ambiental a efectos de evitar contradicciones
y/o superposiciones con la ley General del Ambiente y los requisitos que ésta
impone.
A
modo de ejemplo, en los últimos días, el Ministerio de Ambiente modificó uno de
los parámetros del polinomio utilizados para calcular el Seguro de caución lo
que implica un incremento en muchos casos del 100% y pasó a “indexar” dicho
polinomio.
Las
PYMI no somos ajenas al comportamiento del mercado interno y su fortalecimiento
y desarrollo es parte de nuestra atención permanente.
En
tal sentido, coincidimos con las políticas gubernamentales en materia
antiinflacionaria porque es una de las cuestiones fundamentales para la
sustentabilidad del mercado interno, pero entendemos que, como ya señalamos,
es necesario fomentar la transparencia eliminando la opacidad fiscal de las
jurisdicciones sub-nacionales, ampliando la base de contribuyentes,
combatiendo la competencia desleal y el contrabando, entre otras.
A
su vez es de mucha importancia la aprobación y posterior implementación de la
Ley de Compre Nacional tanto en las compras como en los proyectos de inversión
públicos, y en el Programa de Inversión Público-Privado (PPP)
A
pesar de la importancia del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el
desarrollo de los países, sobre todo en escenarios de alta competitividad
global, y reconociendo el atraso de nuestro país en las inversiones en
investigación y desarrollo se decidió discontinuar los programas que
posibilitaban la innovación en las PyMI.
En
tal sentido, sería de singular importancia el relanzamiento de dichos
Programas.
Finalmente, volviendo a Shakespeare, dice éste en
la “Hamlet, la tragedia del Príncipe de Dinamarca”: ““El tiempo está fuera de
quicio” sentencia que refleja con perfección los
tiempos actuales, pero, Shakespeare le encarga a Hamlet, en 1599,
restablecerlo.
Sin embargo, en los tiempos que corren, “el
tiempo-continua-fuera de quicio” pero a diferencia del orden isabelino, el
desarrollo económico capitalista se muestra -en apariencia- caótico, aunque
estratégicamente, estable precisas y claras leyes que sancionan con estricta
dureza pretender imaginar que ése “orden” puede ser alterado por la sola
voluntad política de un grupo o sector. Restablecerlo es responsabilidad de un
dialogo y el conceso responsable y sustentable de todos los involucrados, en
este caso Gobierno y PYMES.
Colegiales, 23/07/2018
Lic, Carlos Guillermo Schwartzer
