23 enero 2020

LO ETERNO Y LO EFÍMERO: LA SUSTENTABILIDAD ES UNA QUIMERA


LO ETERNO Y LO EFÍMERO
LA SUSTENTABILIDAD ES UNA QUIMERA

Hace unos días atrás, decíamos en nuestro blog: Recuperación Productiva: desensillar hasta que aclare”[1].

Los días corren y hoy, un gran conocedor de la política económica argentina, el Dr. Juan Carlos de Pablo señala en La Nación (23/01/2020), “…sabiendo que lo único que no puede hacer es "desensillar hasta que aclare". ¡Porque nunca aclara!” [2].

Tiene razón el Dr. De Pablo, “nunca aclara”, vale, entonces, la pena preguntarse ¿Por qué los argentinos -al menos o por lo menos en los aspectos productivos- debemos encarar nuestros quehaceres en la penumbra, en el marco de una luz crepuscular?

Para zafar en la respuesta y no asumir nuestros compromisos, podemos decir que éste presente no es más que el resultado de una historia de dislates que, la picaresca política endilga a quienes más cercanos tiene en el pasado sin reconocer, que un escalón más abajo, son ellos mismos los que aportaron a sostener los claroscuros, la propia existencia de la penumbra.

En estos días se debatirá en el Congreso Nacional una ley que tiene por objetivo, casi como el platónico “eterno retorno”, encarar la resolución de una nueva “cesación de pagos” (default) bajo la condición de “sustentabilidad”.

La pretensión de llevar a delante una renegociación del endeudamiento externo del Estado Nacional que no debe excluir la de los Estados subnacionales (e incluso algunos locales) sin ni siquiera hacer referencia al modo que se habrán de generar las condiciones productivas para hacer medianamente creíble la posibilidad de un repago de las obligaciones deja expuesta una visión que, nuevamente, nos mantendrá en la penumbra con rumbo hacia la oscura noche.

Tal vez el último ejemplo de lo que afirmamos sea la suspensión, basados en argumentos burocráticos fútiles, de la continuidad de la Ley de Economía del Conocimiento que. es importante destacarlo, fue votada por unanimidad por el Congreso Nacional.

Se deja en suspenso a un sector que se ubica en el tercer lugar de las exportaciones argentinas (alrededor de u$s 6.000 mil millones) y que simultáneamente genera unos 120.000 puestos de trabajo de singular característica, en una economía global orientada de modo decidido hacia la Inteligencia Artificial, las redes de producción basadas en el el “cloud computing”, la economía circular, la biotecnología y biogenética, son empleos de alta calificación y de singular dinámica en materia de desarrollo de conocimiento y alta productividad.

El Estado Nacional -y sus colaterales los Estados Subnacionales y locales – poseen la pretensión del “Viejo Hucha”: su avaricia somete a privaciones a su familia y es despreciado por sus hijos. Describimos esta metodología política en nuestro blog el pasado 25/12/2019: “El Eterno Retorno” [3].

Aunque no coincidamos con ella, a un mes de iniciada la gestión, se exhibe coherencia; se congela, se suspende, se difiere, se “administra”, se prohíbe, se postergar, se ignora, etc., etc. pero simultáneamente se requiere, o mejor dicho, se exige: actitudes empáticas, sin discordancia, sin manifestaciones que se perciban dramáticas o discordantes. Disentir, expresar desacuerdo tiene por detrás la sanción mediante una violencia “simbólica”, opaca que se manifiesta, por ejemplo, en el retardo de una decisión “administrativa” que genera daño y conflicto.

La mentada “sustentabilidad” que no articula, coordina ni se incluye en una decisión que permita al menos teóricamente pensar que ese principio fundamental de una renegociación con nuestros acreedores externos resulta falaz.

Obviamente, nuestros acreedores, hábiles en estas lides, y en virtud de su propia lógica, finalmente harán como “sí” fuese “verdad” la declaración respecto de que, está vez sí, la propuesta es “sustentable”.

Todos conviven en el brumoso ambiente de la mentira “necesaria” y de una “fe” imprescindible para la continuidad de sus objetivos: los acreedores mantener la lógica de la deuda que implica sostener el flujo de intereses cobrados hasta la eternidad y ésta ocasional contraparte intentar llevar adelante sus designios de poder.

Los de “a pie”, los que cada mañana, como señala el Dr. De Pablo: “se levantan todos los días a ver cómo le encuentran la vuelta”, vamos rumbo hacia un “Largo viaje hacia la noche”.

Lo eterno y lo efímero. Lo eterno: La producción que sustenta la acumulación de capital, lo efímero: estas “novedosas” promesas de sustentabilidad.

Como dice Luo Hongwu, maravillo personaje de ésta gran película china: “Cada vez que la veía, sabía que estaba soñando otra vez”.

Lic. Carlos Guillermo Schwartzer

Belgrano, 23 de enero de 2020

EL ETERNO RETORNO


EL ETERNO RETORNO

Hace algunas horas entró plenamente en acción la denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que resulta en los hechos una enorme redistribución de ingresos, bajo la invocación de la solidaridad

La pregunta, tal vez ingenua, sea tratar de descifrar el “para que” el presidente de la Nación requiere concentrar y fortalecer los ingresos del Estado. La respuesta la tenemos en 2 momentos:

1.    En el artículo 2 inciso “a” se anticipa rápidamente el objetivo: “Crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, y continúa señalando -sólo a los efectos de la corrección política- “… la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos”;
2.    Señala más adelante la necesidad de “Crear condiciones para alcanzar la sostenibilidad fiscal” (artículo 2° inciso “f”)

Así, sobre esta base de principios se desarrolla el Título II de la ley cuyo título es por demás claro y preciso: “Sostenibilidad de la Deuda” por la que asume facultades especiales para su negociación para “recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina” (artículo 3°)

Bajo este particular y único objetivo, la Ley desarrolla un variado conjunto de disposiciones en materia impositiva y cambiaria cuyo impacto en los costos empresarios NO son neutros y que podrán o no ser absorbidos conforme la situación particular de cada empresa y que incluso, exime de toda “solidaridad” al sistema financiero al que deja exento del Impuesto a las Ganancias (artículo 34)

Este enorme esfuerzo que se le pide a al conjunto de la sociedad, sean empresas, trabajadores e incluso los jubilados tiene una especial contracara: el Estado Nacional no se autoimpone realizar aporte alguno y, en los hechos, despliega una estructura de gestión que parece contradecir la demanda de austeridad que se le impone al conjunto de la sociedad.

Simultáneamente y en la misma línea de sus decisiones en materia de acumulación de recursos, el Estado nacional presta su conformidad para dejar caer el Acuerdo Fiscal de 2017 que implicaba el compromiso de reducción del Impuesto a los Ingresos Brutos permitiéndoles a las provincias un incremento de las tasas cuando en realidad se habían comprometido en sentido contrario.

El título de la Ley señala un aparente segundo objetivo” la Reactivación Productiva.

No hay en el texto señal alguna respecto del modo de satisfacer esa intención. Queda pendiente dejar transcurrir unos días para evaluar si sólo fue un olvido o se reiteró la indiferencia.

La historia dice que leyes similares a lo largo del tiempo no dieron resultado y fueron la base de nuevas crisis cambiarias, energéticas y fiscales. ¿Estaremos frente a un “déjà vu”?

El imperativo categórico expresado desde el llano por Néstor Kirchner -a la sazón “fundador” de esta metodología de la acción política- decía así: “para hacer política en serio se necesita "platita", que puede ser expresado también diciendo: “hagamos política para hacer plata”

Bajo ese criterio, la coalición gobernante desarrollo el mentado proyecto de Ley de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva” (la Ley) que tiene como objetivo político, ACUMULAR poder (delegación de facultades a favor del Poder Ejecutivo Nacional) y, como corresponde a la metodología fundante del grupo gobernante, requiere simultáneamente acumular la mayor cantidad de recursos.

Para ello se desarrollan en la Ley las siguientes decisiones adicionales a las ya mencionadas:

1.    Se eleva la Tasa de Estadística para el comercio exterior
2.    Se incrementan los aportes empresarios a la seguridad social (las compensaciones con el IVA son menores que las establecidas por el Decreto 814/2001)
3.    Se crea un impuesto de destino “solidario” denominado PAIS (equivalente a una tasa del 30% para operaciones diversas en moneda extranjera)
4.    Se incrementa la tasa del Impuesto a los Bienes Personales y se apela, estableciendo una suerte de incentivo, la repatriación de un porcentaje de los fondos depositados en el exterior. Esta es una cuestión de singular importancia para lo que podríamos denominar “el programa”.
5.    Se difiere por 5 años el impacto en el Impuesto a las Ganancias de empresas por exposición de sus estados patrimoniales a la inflación
6.    Al no prorrogarse cae la cláusula de pagos reducidos en un 50% de los anticipos de ganancias
7.    Se incrementan los derechos de exportación hasta límites de la viabilidad de la producción agropecuaria.
8.    Se preserva el sector de los hidrocarburos no convencionales. Son la fuente de recursos más importantes que dependen de las regulaciones públicas

Lic. Carlos Guillermo Schwartzer
Belgrano, 25 de diciembre de 2019

15 enero 2020

RECUPERACIÓN PRODUCTIVA DESENSILLAR HASTA QUE ACLARE


RECUPERACIÓN PRODUCTIVA
DESENSILLAR HASTA QUE ACLARE

Primero el ministro Guzmán (MG), luego el propio presidente Alberto Fernández (AF) han señalado que el Tesoro Nacional no habrá de asistir a la Provincia de Buenos Aires al vencimiento del Bono Provincia de Buenos Aires 2021 (BP21) el próximo 26/01/2020.

Esta señal fue interpretada de modo poco feliz para los actores del mercado financiero y provocaron una serie de señales de advertencia sobre las consecuencias (presión en el u$s mayorista, suba de algunos puntos del EMBI Plus y probablemente alguna consulta telefónica con sentido de “advertencia-preocupación” de algún agente tenedor de esos bonos.

Luis Beldi nos recuerda hoy el origen de esos bonos (INFOBAE – 14/01/2020)[1]:

Este título, el BP21, fue emitido el 26 de enero de 2011 cuando era frecuente que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mandara a Daniel Scioli a buscar divisas a los mercados internacionales porque sus bonos eran bien aceptados por los inversores. Buenos Aires, junto a las provincias petroleras -luego de la estatización se sumó YPF- eran las elegidas porque colocaban bonos en dólares con facilidad pagando excelentes tasas.

Esos títulos los cambiaban inmediatamente en el Banco Central por pesos al precio oficial que tenían una enorme brecha con el dólar de mercado marginal.

El Central estaba escaso de reservas y necesitaba esos dólares. No hay que olvidar que llegó al fin del mandato aferrado al dólar futuro y a los swaps chinos y que el año anterior, en 2010, tuvo que renunciar Martín Redrado al Banco Central porque se negó a pagar la deuda con reservas. “Es mi limite”, le dijo a la presidente y luego a Carlos Zaninni, secretario legal y técnico de la presidencia que negoció la renuncia.

Con esos dólares que las provincias e YPF no usufructuaban, la Nación pagaba vencimientos de la deuda nacional bajo la curiosa denominación de “desendeudamiento”, cuando en realidad era el pago de deuda con reservas porque el Banco Central no recibía los pesos del Tesoro que estaban en manos de la provincia colocadora de los bonos

Así, Buenos Aires fue endeudada a niveles intolerables por la aceptación que tenían sus bonos. Axel Kicillof, fue uno de los ideólogos del sistema, que cobró más vuelo cuando en 2013 asumió como ministro de Economía. Jamás imaginó que un día le tocaría pagarlos como gobernador de la provincia de Buenos Aires y, mucho menos, que no tendría divisas para hacerlo.

El BP21 tiene un vencimiento programado para el 26/01/2020 y diez días de gracia para no caer en “default”.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (PBA) ha ya anunciado que no está en condiciones de pagarlo y que solicita plazo hasta principios de mayo 2020 para negociar modificaciones a sus condiciones contractuales.

La respuesta, que se anticipó a la solicitada informativa de la PBA, es una caída en la cotización del BP21 de alrededor del 10% y un gran signo de interrogación respecto al significado de éste virtual técnico que, al menos por ahora se refiere a un específico bono pero que puede ser el disparador de otras situaciones similares tanto para los bonos de la propia PBA, pero también para los futuros vencimientos de las emisiones del resto de las provincias.

Existe entre los analistas cierto optimismo respecto a que, más allá de un “mero tirón de orejas” al gobernador o una forma de fortalecerse que ha adoptado AF -teniendo en cuenta que Axel Kicillof (AK) pertenece al sector político de Cristina Fernández de Kirchner (CFK)- para exhibir que, en la distribución del poder el área de la economía es atributo de la presidencia.

Más aún, hay quienes señalan que se trata de una “estrategia concertada” entre Nación y PBA para bajar el valor de los bonos y así, ablandar a los acreedores, incluso con la señal de mostrar que la Tesorería muestra una “caja seca”.

No comparto ese optimismo que incluye el latiguillo “demasiado grande para caer” (Too Big To Fail). Se acerca más al “negacionismo” y evita incluir otras necesidades políticas y de la política económica que, aunque no reveladas, están tácitas en un análisis de la prescindencia que adopta el Tesoro Nacional respecto del PBA.

La cuestión bonaerense puede muy rápidamente ser la pieza que al moverse derribe el “jenga” en que se halla reflejada la estructuración de las deudas externas del resto de las provincias dando paso a que pese a todos los “esfuerzos estratégicos” de coordinación entre PBA y Nación, la “torre” se derrumbe con las imprevisibles consecuencias.

Pero veamos algunas cuestiones que, aunque exceden lo específico del BP21, hacen a las circunstancias que rodean y le agregan sombras a la decisión de AK.

1.    Debemos considerar la disponibilidad de recursos de la Tesorería para asistir a la PBA. La Ley de Solidaridad Social y Recuperación Productiva (LSSyRP) (artículo 61 Ley 27541) autorizó a utilizar Reservas Internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por u$s 4571 millones, los que ya fueron transferidos al Tesoro mediante la emisión por parte de éste de controvertidas (por el sistema de valuación establecido por el BCRA) Letras Intransferibles a 10 años de plazo.

2.    Ya son difíciles y se desconoce que derrotero está tomando la reestructuración propia de la deuda externa nacional, más cuando lo que aparece a la luz pública es la inexistencia de una estrategia que no sólo proponga “re-perfilamientos”, potenciales quitas y tasas, tal vez, menores; sino que, simultáneamente indique cual es la estrategia productiva capaz de generar los recursos para el futuro repago.

3.    Surge, entonces, cuál es el Plan, estrategia (explícita o implícita) para generar la disponibilidad de fondos para no recaer y que la propuesta final sea no sólo viable, sino que también, factible, sustentable y consistente.

4.    En cierto sentido, el “árbitro” de estas renegociaciones es el Fondo Monetario Internacional (FMI), también él, un acreedor privilegiado por el monto comprometido y por su carácter de referente internacional.

5.    La “tradición” del FMI es pedir ajuste fiscal y eso, en esta Administración, es el sentido contrario a su visión, aunque en los hechos haya ya generado algunos ajustes por demás impopulares (reestructuración de la metodología de actualización de jubilaciones y pensiones y fuerte incremento de la presión fiscal en todas las jurisdicciones, incremento de derechos de exportación al sector agroindustrial).

La “Estrategia Stiglitz” reiterada tanto en el discurso presidencial como por su Ministro de Economía es: “crecer para pagar”.

En nuestra visión se trata de una estrategia de corte voluntarista y que podrá leerse a escala internacional en el seminario sobre "Nuevas Formas de Fraternidad Solidaria de Inclusión, Integración e Innovación (I+I+I) que se desarrollará en suelo vaticano en los primeros días de febrero 2020.

Allí lo más granado de los intelectuales impulsores de estas ideas, teniendo presente la línea trazada por S. Juan Pablo II al convocar al Jubileo del Año 2000, apelarán a la voluntad del mundo financiero[2].

Más allá de las razones fundadas de la declaración, el sector financiero, en particular aquellos que movilizan lo que denominamos “capital impaciente” no resulta muy permeable a estas apelaciones.

6.    Sin embargo, como parte de la estrategia que no altere de modo dramático las negociaciones que sí o sí deberán estar concluidas en marzo 2020, se optó por el congelamiento (diferimiento de incrementos programados) en servicios públicos regulados de transporte, energía, servicios sanitarios, entre otros. Esta decisión de política económica abre un fuerte y determinante interrogante frente a los límites y sus impactos futuros. Pero también tiene indeseadas consecuencias sobre la inversión de tal forma que obliga a replantearlas con el seguro declinar de la calidad en la prestación de los servicios involucrados

7.    Replanteo o reestructuración de la política de ingresos (salarios, Convenciones Colectivas de Trabajo – CCT, jubilaciones y pensiones) también habrá de generar tensiones si, ante la demanda del FMI/ acreedores se debe avanzar en el ajuste fiscal.

8.    Una nueva fase de “ajuste fiscal” resulta de alta complejidad y por otra parte, el sector productivo, exhibe limitaciones importantes en materia de stock de deudas que comprometen su “recuperación”

Así, más allá de la “moratoria” ofrecida en la LSSyRP (las deudas tributarias y de la seguridad social son importantes, pero no determinantes) se requiere un replanteo del stock de deuda con bancos (en particular la línea de descuento de documentos) y su reestructuración en términos de tasas y plazos. Simultáneamente debe generarse un programa de financiamiento que permita dotar de insumos, partes, piezas, capital de trabajo comercial y para el pago de salarios a tazas y plazos compatibles con la producción para poder, como se señaló, “encender la economía”.

9.    En él mientras tanto, el Tesoro Nacional, a diferencia de la PBA, está cancelando los vencimientos nominados en Pesos. La cuestión posee una gravedad inusitada y que será puesta en evidencia -según esperamos- en los próximos 30 días.

¿A que nos referimos?

En los hechos los vencimientos están siendo afrontados con los fondos destinados a darle consistencia y sustentabilidad al sistema de previsión social.

Los jubilados y pensionados no sólo fueron castigados por el virtual desagio de sus beneficios, sino que simultáneamente, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está vendiendo sus activos financieros para obtener los pesos que contribuyen a la cancelación de vencimientos y permiten sostener -entendemos de modo ficticio- un tipo de cambio oficial que cada vez parece emular a lo acontecido en la etapa final de la Administración de CFK: la brecha entre el u$s oficial y diversas metodologías de acceso a divisas de modo no oficial pero legal ya supera el 30% y predispone la situación para una nueva devaluación.

10. Pese a este control vía cepo, lo cierto es que en los últimos días comenzó un aumento del tipo de cambio mayorista que seguramente repercutirá en las variaciones tanto del IPIM como del IPC (en 15 días un 4%).

Simultáneamente, las tasas reales negativas en plazos fijos resultan un incentivo importante para quienes optaron por esos activos a desarmar su posición y pese a las diferencias, como ya señalamos de un 30% en la cotización, decidir por la conversión a u$s de sus saldos.
Ante este proceso, el Gobierno Nacional está planeando desarrollar junto con la AFIP y la CNV estrategias más estrictas que impliquen un mayor endurecimiento del cepo.

Bajo estas condiciones no es posible fomentar o sensibilizar inversiones más allá de los estrictos y acotados negocios financieros y aún estos con las restricciones que surgen de las curvas de riesgo.

Más aún, un polo atractivo como Vaca Muerta ha generado en los últimos días comentarios poco alentadores del propio Presidente de la Nación y las consecuencias de sus dichos ya han generado impactos negativos en la Provincia de Neuquén.

No hemos abordado acá las restricciones que imponen al sector de la producción la suspensión del Acuerdo Fiscal que liberó los incrementos del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) y los incrementos de los impuestos a nivel provincial tales como Impuesto Inmobiliario, Tasas Portuarias, entre otros.

Tampoco hemos incluido el impacto de las Ordenanzas Fiscales de los gobiernos locales que en general han más que indexado -en una economía que lo prohíbe expresamente- las tasas y contribuciones.

Conclusión y recomendación:

Frente a este cuadro de situación ¿Qué expectativas se pueden desarrollar? Entendemos que, para la producción, al menos por ahora las decisiones deberían acogerse al “wait and see” o en criollo, “desensillar hasta que aclare”

Belgrano, 14 de enero de 2020

Lic. Carlos Guillermo Schwartzer






[2] Señaló S. Juan Pablo II: "Muchas naciones, especialmente las más pobres, se encuentran oprimidas por una deuda que ha adquirido tales proporciones que hace prácticamente imposible su pago. Resulta claro, por lo demás, que no se puede alcanzar un progreso real sin la cooperación efectiva entre los pueblos de toda lengua, raza, nación y religión. Se han de eliminar los atropellos que llevan al predominio de unos sobre otros: son un pecado y una injusticia. Quien se dedica solamente a acumular tesoros en la tierra, 'no se enriquece en orden a Dios'. Asimismo, se ha de crear una nueva cultura de solidaridad y de cooperación internacionales, en la que todos -especialmente los países ricos y el sector privado- asuman su responsabilidad en un modelo de economía al servicio de cada persona".

10 septiembre 2019

EN TORNO AL BONO COMPENSADOR A LOS TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA


EN TORNO AL BONO COMPENSADOR A LOS TRABAJADORES
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

(Aporte al debate en el seno de la Comisión PYME del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad A. de Bs As)

En relación con el “post” del Dr. Lourenzo relacionado con el “bono compensador” de $5000 para el personal en relación de dependencia y que, de confirmarse ese monto, debería pagarse a fin de septiembre de 2019 (aunque cabe la posibilidad que se haga en 2 cuotas) manifiesto mi acuerdo con el pago de dicha compensación que complementaría los acuerdos convencionales “cerrados” en torno al 38% anual pagaderos en modalidades parciales, frente a una inflación proyectada que rondaría el 55% anual en el 2019.

Adjunto un documento sobre la problemática PYME que pongo a disposición (https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A9a50c11d-ce34-4e1a-b934-4ffdc12618a9 ) en el que desarrollé un conjunto de dificultades que debe enfrentar la PYME Industrial en estas circunstancias. Obviamente el documento es perfectamente “incompleto” dado que por razones de simplificación deje de exponer cuestiones más sofisticadas de la problemática de la PYME Industrial que, si algún colega me lo hace llegar una propuesta, con gusto, la he de incluir.

En dicho documento detallo las restricciones que los economistas llamamos de “contexto”.

Entiendo las restricciones financieras de las PYME ante este cuadro económico que ha ampliado su complejidad con posterioridad a las PASO.

Sin embargo los problemas y dificultades de éste momento no son sólo el resultado del contexto, sino también el resultado de decisiones equivocadas, no tomadas frente a lo que entendemos es el “adentro” de las empresas.

En los contextos de crisis (ya casi una continuidad permanente para las industrias PYME) se notan con más dramatismo las cuestiones no resultas, ignoradas, desatendidas o a las que se le asigno una prioridad incorrecta por carecer de la posibilidad, pero también por desistir de no contar con un asesoramiento profesional en cuestiones estructurales de las empresas.

Es así como en el “mundo PYME Industrial” se hace cada vez más notoria una suerte de división entre aquellas que han tenido un comportamiento acorde a la dinámica capitalista y otras *por cierto un número importante- que continúan a la espera de aportes de los presupuestos públicos o requieren una estructura de economía cerrada, es decir con altos niveles de protección. Estas ultimas esperan en vano, ya no es posible ni aportes de los presupuestos públicos ni sostener una economía cerrada con altos niveles de protección.

En consecuencia, es a éstas que se les hará difícil afrontar una recomposición de los salarios que ha contribuido, entre otras causas, a debilitar la demanda interna generando casi un estado de insolvencia de los trabajadores. Lo vemos en la caída de las afiliaciones a planes de salud, de la caída en las ventas minoristas y de grandes superficies, mora en las expensas y alquileres, etc). Pero deberán analizar muy bien su función productiva (lay out, que se produce, cómo se lo hace, etc.), estructura de costos, canales comerciales, metodologías de ventas, cobros y pagos, etc.

Por otra parte, de ninguna manera deben las PYME, aún con dificultades, evadir -con los argumentos que se enarbolen- su solidaridad estratégica con los trabajadores, aún más allá de las críticas, observaciones y juicios que merezcan las estructuras de su representación.

Son las PYME (de todos los sectores) junto a los trabajadores la verdadera “columna vertebral” de la democracia y estimo que la representación genuina de la PYME debería convocar a la representación de los trabajadores y acordar las modalidades que sean convenientes para hacer frente a ésta recomposición salarial.

La Comisión PYME del CPCECABA bien podría expedirse públicamente a favor de éste encuentro que posibilite dar respuesta a las urgencias de ingresos de los trabajadores.

Cordialmente

Lic Carlos G. Schwartzer


21 agosto 2019

PYME INDUSTRIALES: FUNDAMENTO DEL DESARROLLO


PYME INDUSTRIALES[1]:
FUNDAMENTO DEL DESARROLLO

UNA BREVE INTRODUCCIÓN

El desarrollo económico, tanto en sus aspectos políticos, sociales y económicos, requiere el aporte fundamental de las PYMES, y en particular de las INDUSTRIALES.

En lo político porque son ellas las que articulan equilibrios de poder frente tanto al poder de las grandes empresas -sean nacionales o multinacionales- y al Estado -en sus diver­sos niveles- como responsable no sólo como receptor de las diversas demandas del conjunto de la sociedad sino conminado a satisfacerlas. Las PYMES INDUSTRIALES desempeñan un rol fundamental en la consecución no sólo de esas demandas, sino en el fortalecimiento del diálogo y los concesos que permitan los logros institucionales.

En lo social, en tanto las PYMES INDUSTRIALES poseen un fuerte arraigo, compromiso y responsabilidad en sus comunidades y no sólo aportan desde lo estrictamente produc­tivo, sino que asumen y aportan al desarrollo comunitario de modo activo en todas y cada una de las propuestas de la comunidad en la que trabajan, pero también viven.

En lo económico, las PYMES de todos los sectores, y en particular las INDUSTRIALES, son importantes generadoras de empleo de calidad, sino que aportan también su capacidad creadora, innovadora y expresan el potencial productivo en mate­ria de desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías y metodologías novedosas de producción.

Tal como lo demanda genuinamente el proceso de desarrollo económico, las PYMES INDUSTRIALES, aportan sustentabilidad no sólo en materia ambiental sino en términos más generales a los procesos productivos.

No obstante, ante esa demanda genuina de la sociedad por lograr un desarrollo susten­table, surgen para las PYMES INDUSTRIALES un conjunto de desafíos y responsabilida­des que requieren de políticas públicas que no sólo generen un adecuado marco para afrontarlos, sino que generen instrumentos específicos que permitan diseñar, implemen­tar, mejorar y profundizar las acciones que las PYMES INDUSTRIALES deben llevar ade­lante para dar satisfacción a la demanda social de sustentabilidad.

Es así como, con el objetivo de aportar al diálogo con los diversos niveles responsables de las políticas públicas, hemos desarrollado esta Agenda donde detallamos los princi­pales desafíos que debemos afrontar y que contienen la necesaria concurrencia de polí­ticas públicas.

SOBRE LA POLITICA INDUSTRIAL

Antes de detallar los aspectos que las PYMES INDUSTRIALES consideran rele­vantes es importante referirnos a la Política Industrial.

Las PYMES INDUSTRIALES necesitamos contar con reglas claras y es­tables que sólo pueden aplicarse a través de una política industrial diseñada a partir del debate y consenso de todos los actores y fundamentalmente de los representantes de las PYMES INDUSTRIALES.

Tener un horizonte de previsibilidad que nos permita llevar a cabo una estrategia de crecimiento con inversión, innovación y con mejoras en la capacidad de generar empleo de calidad.

Este requerimiento es básico en momentos que asistimos a una reformulación de la “ma­triz productiva” que implica la incorporación / transformación de nuevos sectores y regio­nes, sino que también, porque esta reformulación lleva a redefinir el concepto productivo de modo estratégico.

La llamada “Revolución industrial 2.0” o “Industria 4,0” impacta no sólo en los materiales, las comunicaciones, la logística productiva y de distribución, la apertura de nuevos mer­cados (vía los TLC), etc., sino que conlleva impactos en la organización social, en los flujos demográficos e incluso políticos y nos interpela como Empresarios de PYMES INDUSTRIALES a dar respuestas innovadoras, muchas veces disruptivas que requieren un cuidadoso análisis empresario pero también demandan definiciones aún pendientes de la política pública.

Entendemos que el ámbito para obtenerlas son las llamadas Mesas de Competitividad y en ése sentido sería deseable que la representación de las PYMES INDUSTRIALES no se limitara tan sólo a algunas Cámaras Sectoriales sino que se ampliara la base de diá­logo hacia quienes representamos a las PYMES INDUSTRIALES tanto no afiliadas a Cámaras Sectoriales (estas sólo se circunscriben por lo general a las Empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires - AMBA) como radicadas en PARQUES INDUSTRIALES o en las diversas regiones del territorio nacional.

Las Mesas de Competitividad deben fortalecer su mirada FEDERAL en beneficio de la inclusión -a través de sus genuinos representantes- de la mayor cantidad de PYMES INDUSTRIALES.

UN ASPECTO ESTRATÉGICO DE LA POLITICA INDUSTRIAL

El Conurbano, integrante del Área Metropolitana de Buenos Aires, cuenta con un impor­tante entramado industrial con alta diversidad sectorial pero también en términos de productividad en donde prevalecen las Micro, Pequeñas y Medianas Industrias (PYMI) con un rasgo que la determinan: un alto grado de ellas poseen niveles de productividad muy bajos o no compatibles con la media sectorial. Esta heterogeneidad es un punto de atención de las políticas públicas por sus impactos no sólo político-económicos, sino de altísima importancia social.

Ese entramado industrial altamente complejo es el resultado de un conjunto de políticas públicas cuyo origen, si se rastrea la Historia Argentina, se remonta a la etapa colonial y fundacional de lo que hoy es la República Argentina.

No pretendemos acá ahondar en ese proceso que convirtió al Puerto de Buenos Aires y sus alrededores, en el destino final -en materia económica- de las inversiones, la radicación de población y consecuentemente origen del poder político. Las consecuencias e impactos de esa concentración explican gran parte de nuestros fracasos.

Sí queda en evidencia el agotamiento de la denominada “política de sustitución de importaciones” adoptada, con diversas expresiones de identidad y compromiso, hace ya un siglo atrás y que impulsó de modo recargado la migración “campo-ciudad”.

Solo a modo de digresión.

Esa migración reflejó un modelo que encontraba su razón de ser en el desarrollo en la agricultura y en menor medida en la ganadería. Sin embargo, el modelo de desarrollo de esos sectores impulsó una visión de utilización del recurso natural extensivo y no capital intensivo.

La política pública que alentó y convalidó de diversas formas esa forma extensiva y a la vez concentrada de producción dio fundamento a la migración y su consecuencia: el despoblamiento del llamado “interior” y la concentración en el ámbito “porteño” como radicación de las expectativas de progreso, bienestar y desarrollo personal.

Retornemos al punto.

Sostener en estos tiempos la “política de sustitución de importaciones” con pretensiones de constituirnos como “autónomos” de las cadenas de producción global es promover un seguro fracaso.

La persistencia en esa visión del desarrollo económico y sus capítulos industriales junto con una visión de política poblacional librada a cierto “laissez faire, laissez passer” dio paso al desarrollo de un territorio que exhibe hoy, de modo dramático, las peores condiciones de vida en materia de requisitos ambientales, sanitarios, educativos y de indicadores sociales de pobreza y marginalidad


Esta situación da pie a dos procesos simultáneos: la radicación industrial y el empleo

·         Por un lado un estancamiento en el desarrollo industrial de las PYMI que se expresa en un fenómeno que denominamos “enanismo” al no poder expandir sus espacios y verse limitados, simultáneamente por un conjunto de restricciones ambientales, ne­cesarias por el nivel de urbanización pero en muchos casos resultado de la “sobre actuación” vecinal que parece preferir “municipios dormitorio” y trasladarse cotidiana­mente hacia lugares de trabajo distantes y que dan lugar al estancamiento en el desa­rrollo local, tanto industrial como comercial y de servicios.

La sustentabilidad, en materia ambiental, cuestiona y limita el desarrollo industrial pero también pone en cuestión el modelo industrial impulsado por la política pública.

Surge entonces la pregunta: ¿dónde se debe relocalizar la industria sin que ello im­plique pérdidas de empleo local y que a su vez esté acorde con las demandas de carácter ambiental?

·         Y la cuestión de la pérdida del empleo local

Las “mudanzas industriales” que en general salen del AMBA se trasladan a una distancia que hace incompatible con sostener el empleo radicado en el emplazamiento original. No hay, en la Argentina, una cultura de movilidad, salvo excepciones, de los trabajadores hacia las nuevas localizaciones fabriles. Lo que coadyuba a profundizar los problemas sociales y laborales del AMBA

Simultáneamente, muchos de los trabajadores que la Empresa demanda en sus procesos de producción son recursos capacitados y en muchos casos especializados que, de no aceptar el traslado, la Empresa enfrenta serias dificultades, en su nuevo emplazamiento para obtener calificaciones similares y en consecuencia, al costo propio de la mudanza debe adicionarle la inversión en capacitación de nuevos trabajadores con resultados que no puede prever.

Se genera o promueve un proceso de relocalización de industrias que hoy resulta en extremo difícil de encarar para las PYMI por las implicancias que posee una mudanza de estas características en ausencia de instrumentos financieros acordes a estas necesida­des, pero también -como señalamos- a la escasa o nula oferta de mano de obra en los nuevos espacios dada la inviabilidad del traslado del personal existente que da paso a un aumento de la desocupación local.

Sin embargo, ese proceso de relocalización que se induce forma parte de una “planificación tácita” motivada por la propia dinámica de la producción capitalista. Fácticamente se instala un proceso de “darwinismo” basado en que habrán de superar la crisis en curso aquellos que hayan podido acompañar la dinámica de innovación, mejoras sustantivas de la productividad, etc.; aunque el “etcétera” incluye la capacidad financiera para afrontarlo.

Así, la falta de planificación urbana y del desarrollo local por parte de los organismos públicos que debieron resguardar los espacios industriales se hace en extremo notable y da paso a una urbanización que hoy demanda servicios, pero también empleos que bajo estas condiciones será difícil de satisfacer.

Comprendemos que la complejidad de la situación económica y financiera por la que atraviesa la Nación y los Estados subnacionales hacen imposible que las PYME, responsablemente, demanden el desarrollo de Programas de Relocalización específicos porque en última instancia es una demanda directa o indirecta de fondos públicos.

Pero también, las diversas Autoridades (nacionales, provinciales y municipales) deben comprender la inviabilidad respecto a que la PYME, con sus propias disponibilidades financieras, pueda hacer frente a tamaño proceso de inversión. Sin embargo, se muestran ajenas al problema y no aceptan ni comprenden la gravedad del dilema que enfrentan las PYME en esta situación sosteniendo exigencias regulatorias como si la realidad no fuera la que con mucho esfuerzo estamos atravesando.

Las PYMI buscan radicarse en agrupamientos o parque industriales que les garantizan el espacio propicio para su funcionamiento y desarrollo, les proveen los servicios nece­sarios y les brindan un espacio de convivencia armónica con el entorno.

Echemos una mirada al AMBA.

El denominado “Corredor Oeste” cuya red vial troncal es la Autopista del Oeste y su red de interconexión mediante el denominado Camino del Buen Ayre y la Ruta Provincial 6 resulta un espacio de singular importancia para la localización industrial, pero, en ausen­cia de instrumentos específicos que contribuyan a su desarrollo la industria muestra un importante límite a su expansión y restricciones a la incorporación de mejoras de pro­ductividad en tanto no es posible sostener por mucho tiempo la localización ac­tual.

Si miramos el “Corredor Norte” ya empieza a mostrar saturación y los valores de la tierra empiezan a ser inabordables.

Las diversas Autoridades (nacionales, provinciales y municipales) deben comprender la inviabilidad respecto a que la PYME INDUSTRIAL, con sus propias disponibilidades financieras, pueda hacer frente a tamaño proceso de inversión. Sin embargo, se muestran ajenas al problema y no aceptan ni comprenden la gravedad del dilema que enfrentan las PYME INDUSTRIAL en esta situación sosteniendo exigencias regulatorias como si la realidad no fuera la que con mucho esfuerzo estamos atravesando.

Más aún, los Gobiernos (subnacionales y locales) muestran casi ningún compromiso con la resolución de una de las limitaciones para la relocalización industrial. Sus “políticas de empleo” (básicamente de capacitación hacia los nuevos empleos y otras cuestiones conexas a la llamada “empleabilidad”) son inexistentes o reflejan la falta de comprensión de la dinámica del empleo.

Las provincias y municipios parecen no estar preocupadas por las pulsiones despobladoras que observan y todo parece indicar que “alientan” la migración como metodología de resolución de sus problemas. “Si el problema se fue, el problema ya no es mío, es decir, lo solucioné”. De esta perversa manera se concibe la política de desarrollo local. Menor población, mejora los “ratio” de gestión. Un escándalo que carece de visibilidad.

Si la INDUSTRIA es la que genera, induce e incorpora la innovación y consecuentemente genera empleo de calidad con alto grado de productividad y sustentabilidad, entonces, estas cuestiones deben ser parte de los proyectos políticos de quienes aspiran a conducir los destinos nacionales.

Hoy, esas responsabilidades no le generan a la política interés alguno.

MEJORAR LA EFICIENCIA PRODUCTIVA Y LA COMPETITIVIDAD

Es esta una cuestión estratégica.

Por ello se hace imprescindible adoptar un conjunto de decisiones y de políticas públicas que den un marco propicio a estos desafíos para las PYMES INDUSTRIALES:

EN MATERIA DE IMPORTACIONES:

     Si bien la integración en el MERCOSUR es una política de Estado que acompa­ñamos y apoyamos y que estimamos con un promisorio futuro existen algunas dificultades en el comercio interregional que deben ser resueltas.

Nos referimos a la existencia de triangulación de producciones (básicamente uti­lizando a Brasil) que implican una competencia desleal con la producción nacional y que afecta de modo importante a sectores sensibles como calzado, indumenta­ria, e incluso metalmecánica.

     El excesivo tiempo que demandan las denuncias por prácticas desleales (una de­nuncia por dumping/daño demanda 18 meses cuando otros países lo resuelven en apenas 1 a 3 meses). A modo de simple ejemplo un expediente de dumping promediando la investigación lleva ya 1 año de trámite y acumula casi 2000 fojas), mientras que observamos como otros países, también miembros de la OMC re­suelven los “dumping” contra las producciones nacionales en apenas 3 meses (caso EE. UU. en Biocombustibles)

·         Es necesario que la Dirección General de Aduanas proceda a una actualización del Nomenclador Arancelario que se adapte a las nuevas tecnologías y evite, en la medida de lo posible, la creación de “posiciones bolsa”

     La escasa importancia que el servicio aduanero presta a los valores FOB decla­rados en Aduana lo que ha dado lugar a procedimientos de subfacturación y sobrefacturación con el daño no sólo fiscal sino el que se le genera a las PYMES INDUSTRIALES.

La práctica es conocida: con tipo de cambio alto, altas tasas de interés y restricción de acceso al financiamiento, la subfacturación de importaciones se convierte en la metodología para tratar de afectar la liquidez de la Empresa de modo lo más acotado posible. Sin embargo, la Aduana, pese a contar con todos los elementos estadísticos a su alcance -del que ya no disponemos las Empresas- no ejerce control alguno sobre los precios declarados antes y ahora.

     Simultáneamente, las PYME INDUSTRIALES deben enfrentar la competencia desleal por parte de productos importados que provienen de la informalidad pro­ductiva como es el caso de algunas producciones del Sudeste Asiático -aunque no es la única zona- y el contrabando (casos calzado, indumentaria, electrónica, etc.)

     El sistema financiero argentino no ofrece cartas de crédito para la importación de partes, piezas e insumos y todo se resume en condiciones de 100% anticipado o 30% anticipado y 70% vista en el mejor de los casos lo que demanda esfuerzos financieros importantes que se financian con crédito comercial a tasas incompati­bles con la realidad empresarial y la voluntad política de vencer la inflación que en la medida de nuestras posibilidades acompañamos.

     Simultáneamente, aunque se han producido importantes mejoras, el Régimen de Importación Temporaria para producciones destinadas a la exportación demanda una visión innovadora que desarrollamos en párrafo aparte.

     El reciente aumento de la alícuota y extensión de las operaciones alcanzadas por la tasa de estadística implementado por Decreto 332/2019, impacta directamente en los precios de los productos importados y de los bienes nacionales en cuya elaboración hay componente importado. Consideramos que el momento no es para nada oportuno para encarecer los productos para el mercado local ni para la exportación.

EN MATERIA DE EXPORTACIONES

     Ausencia de instrumentos o programas de promoción de exportaciones destina­dos a PYMES INDUSTRIALES. Destacamos que oportunamente existieron Progra­mas (PREX, Consorcios de Exportación entre otros) que generaron resultados importantes para las PYMES INDUSTRIALES y que su discontinuidad, basada en decisiones de política económica. interrumpió importantes procesos de desarrollo de las exportaciones PYMES INDUSTRIALES

     No existen de modo fluido y costos razonables líneas de prefinanciación de ex­portaciones

     Se continúan aplicando retenciones a las exportaciones INDUSTRIALES que, como señalamos más adelante, forma parte del modo en que el sector privado de la economía se debe hacer cargo de un ajuste que la “política” no hace. La des­gravación aplicada a través de los decretos 280 y 335 es insuficiente (aplicable sólo a aquellas PYMES INDUSTRIALES que logren aumentar sus exportaciones del año anterior, pero hasta U$S 600.000.- de exceso).

·         La vigencia de los derechos de exportación y el tope de U$S 3 fueron establecidos con una fecha de vencimiento posterior a la finalización del mandato de la pre­sente Administración, lo que genera una fuerte incertidumbre que las mismas sean prorrogadas por la próxima gestión.

·         Las PYMES INDUSTRIALES deben gozar del máximo reintegro como mínimo el total de los impuestos incluidos en el bien producido aplicable a las ex­portaciones siendo que para lograr conquistar los mercados externos deben com­petir en la mayoría de los casos con grandes empresas y multinacionales, pero a un costo y con un esfuerzo mucho mayor.

En la actualidad la devolución de impuestos en forma tardía comprende de modo exclusivo al Im­puesto al Valor Agregado contenido en tanto impuesto indirecto.

Sin embargo, el complejo entramado tributario argentino da cuenta de un conjunto de impuestos subnacionales y tasas municipales que se aplican sin diferenciar el destino y que agravan la ya comprometida competitividad tanto de los proyectos exportadores como de las exportaciones PYMES INDUSTRIALES.

Debe tenerse en cuenta que las PYMES INDUSTRIALES exportan bienes con di­verso grado de valor agregado y cuyos componentes, partes y piezas atraviesan muchas veces jurisdicciones diversas que gravan esos productos impactando en el cálculo de precio de exportación por lo que es indispensable excluirlos.

·         Resulta fundamental que la Argentina regularice sus relaciones financieras de modo pleno con las Agencias de Seguro de Crédito a la Exportación de modo tal que las Cartas de Crédito que emitan los Bancos locales sean aceptadas por los Bancos del exterior de modo tal de poder obtener mejores condiciones financieras para el aprovisionamiento de insumos, partes, piezas y bienes de capital.

Hemos elaborado una Propuesta que detallamos a continuación:

PROPUESTA PARA PROMOCION DE EXPORTACIONES

Exportar significa establecer, reforzar, ampliar y consolidar la pertenencia de la Argentina al llamado “mercado mundial”, aunque ahora llamado de modo más limitado “mercado global”

La diferencia radica en que “mundial” era una aspiración a cierta “universalidad” ciertamente voluntarista, mientras que “global” refiere a aquellas economías y sociedades que forman parte de la organización capitalista y si dinámica. Básicamente “economías abiertas” y de fronteras permeables.

Sin embargo, las derivaciones de una “crisis capitalista” a escala global y con diversas manifestaciones ha llevado a los países a virar hacia formas proteccionistas (un rasgo similar a la etapa que dio paso a un conflicto armado (1ra Guerra “Mundial”) y sus consecuencias. Fueron precisamente éstas las que abrieron la puerta a una 2da. Confrontación (ya anunciada por el propio Keynes en 1919).

Ese “nacionalismo económico” en ciernes que genera pulsiones de autonomismo económico con sus respectivas respuestas políticas signadas por un neopopulismo conservador lleva a preguntarse, si todos quieren “vender” y se levantan barreras arancelarias y paraarancelarias de todo tipo sin analizar impactos ¿a quién venderle?

Exportar no sólo VENDER sino generar INTERCAMBIO, es decir, COMPRAR.

Sobre estas mínimas ideas desarrollamos nuestra propuesta.

Toda exportación, desarrollada por una empresa -sean o no PYMES INDUSTRIALES- que contiene insumos, partes o piezas de origen importado po­see un régimen específico de importación temporaria que implica una serie de beneficios fiscales y aduaneros.

Sin embargo, los productores-exportadores, por sus insumos, partes y piezas de origen nacional de los productos a exportar no disponen de un régimen similar que les evite afrontar la carga tributaria basada en la cadena de abastecimiento.

Por ejemplo, el Impuesto a los Ingresos Brutos en tanto “impuesto cascada” o algunas tasas municipales que se van adicionando conforme el insumo nacional recorre la cadena desde su producción, distribución hasta llegar a su destino final que es el de ser parte de un producto a exportar.

Pese a que existe un régimen de devolución del IVA contenido (art 43° de la Ley 23.349 – t.o Decreto 280/1997) que siempre es motivo de diversas observaciones por parte del sector empresario exportador en particular por los tiempos de gestión y acreditación que conlleva, no están incluidos los impuestos, tasas y contribucio­nes que pagan los insumos, partes y piezas de origen nacional por los impuestos de nivel subnacional (IIBB y tasas municipales diversas)

Bastaría con permitir que la industria que adquiere materias primas destinadas a la exportación no deba enfrentar la presión tributaria nacional (IVA) o subnacional (IIBB, Tasas Municipales, etc.).

Nos referimos a desarrollar un sistema que funcione de modo similar a la impor­tación temporaria de insumos, partes y piezas importadas y que obviamente de­berán cumplimentar los mismos requisitos en materia de formalización y control.

Dado que existe la Ley PYMES INDUSTRIALES, este régimen puede acotarse a las Empresas Inscriptas en el Registro PYMES INDUSTRIALES lo que generaría un nuevo aliciente para el fortalecimiento del Régimen.

EN RELACIÓN CON LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC)

De diversas formas tomamos conocimiento que la República Argentina, a través de su Cancillería, se encuentra negociando diversos TLC tanto con la Unión Europea, como con Corea del Sur, Canadá, EFTA (según sus siglas en inglés), compuesto por los países europeos Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein y existe una fuerte presión de Uruguay dentro del MERCOSUR para avanzar con un TLC con China. A su vez, desconocemos los avances de la Cancillería respecto de la Alianza del Pacífico. Debemos considerar que los acuerdos bilaterales contemplan mejores posibilidades para PYMES INDUSTRIALES dado que las objeciones se reducen a un solo país y las posibilidades de diversidad de ofertas se amplían.

Pero todo TLC implica como señalamos, facilidades para VENDER siempre y cuando implique estemos dispuestos a COMPRAR.

Nuestra propuesta está referida a mejorar el perfil para VENDER. Que deberíamos, debemos o podemos COMPRAR implica una cuestión de reformulación de la política industrial con, obviamente, una profunda restructuración de la matriz productiva y sus impactos.

Para las PYMES INDUSTRIALES el desarrollo de los TLC, tales como los que nom­bramos y todo otro que en el futuro se negocie, es un desafío importante y simul­táneamente la aparición de un conjunto de oportunidades de singular trascenden­cia y resultados que esperamos sean promisorios para el conjunto de la economía nacional que podrían ampliarse y perfeccionarse si se hacen bilateralmente.

Las PYMES INDUSTRIALES entendemos con claridad que el avance de los TLC no sólo implica una reestructuración y reformulación productiva para muchos sec­tores que en cada caso demandaran análisis sectoriales particulares y políticas públicas especializadas, sino que vemos esos avances como un desafío a lo que podríamos llamar la “cultura productiva”.

Los TLC nos demandan una apertura intelectual que nos obliga a revisar nuestra visión de la economía mundial y analizar, evaluar el modo en que nos hemos de integrar a ella.

No nos amilana el desafío. Estamos dispuestos.

Nuestra demanda en este punto se dirige a la necesidad de desarrollar y profun­dizar las metodologías de diálogo sectorial y regional para que la necesaria inte­gración a las cadenas y mercados específicos resulten con impactos lo menos trau­máticos posibles y de ese modo poder acceder con la mayor intensidad a las opor­tunidades que se generan.

En tal sentido, definidos esos impactos y oportunidades se hace imprescindible formular políticas públicas adecuadas que generen instrumentos para contener los impactos negativos y para potenciar las oportunidades emergentes.

CUESTIONES IMPOSITIVAS

Es importante reconocer las mejoras introducidas en la Ley PYME INDUSTRIALES y sus beneficios en torno a los incentivos a las inversiones y la reducción de algunos impuestos, pero es necesario un cambio más profundo que opere con mayor significación en el impacto excesivo que tienen los impuestos en los costos de una PYMES INDUSTRIALES y en los precios a los que sus productos son colocados en el mercado internacional.

Existen numerosas PYMES INDUSTRIALES que no han podido inscribirse en el Registro de la AFIP para acceder a los beneficios de la Ley PYME INDUSTRIALES (alrededor de 400 mil) mientras tanto el volumen de financiacio­nes por planes de pago a las PYMES INDUSTRIALES es creciente de modo expo­nencial lo que pone en evidencia una fragilidad de importancia fundamental.

La presión tributaria incompatible con la producción ha dejado un remanente de consecuencias difíciles de predecir.

A modo de ejemplo, y en materia tributaria:

Tal como está diseñado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un tipo de im­puesto indirecto compensable entre débitos y créditos fiscales y cuyo saldo debe ser ingresado mensualmente siguiendo el método de “lo devengado”

Tal diseño responde a una dinámica económica que SUPONE que las ventas que se realizan (y que dan lugar a los débitos fiscales) son compensadas en el mismo mes por las compras que realiza la industria que le agrega el “valor agregado”.

Sin embargo, la Argentina no responde en su organización económica a tales su­puestos teóricos, sobre todo cuando en el sistema económico rige un tipo de inte­rés de singular significación y complementariamente se establece, pese a la alta tasa de interés, un racionamiento del crédito que impacta directamente en las PYMES INDUSTRIALES, a lo que también debemos sumarle el estiramiento -casi al borde la ruptura- de la cadena de pagos (en tal sentido el BCRA ha reconocido un incremento de más del 50% de los cheques rechazados no recuperados)

En tales circunstancias, el Industrial -por ejemplo- que produce en el mes 1, paga en ese mes el IVA por ventas que ha de cobrar a los 60/90 días, con lo cual el Productor, debe financiar al Comprados -dado el régimen de lo devengado-, el IVA facturado sujeto a las restricciones que mencionamos más arriba.

El contra argumento que se puede generar es que el Productor en el mismo pe­riodo realiza compras que generan un “crédito fiscal” en materia de IVA y que en consecuencia puede existir neutralidad.

Esto no es así, porque:

o   Dada la recesión en curso, los niveles de producción se desaceleran (la capacidad utilizada ronda un piso del 60%) y en consecuencia no hay tal volumen de generación de crédito fiscal para compensar los débitos gene­rados
o   A su vez, el Productor, en general se abastece de los denominados “insu­mos difundidos” cuya producción y distribución en condiciones oligopólicas genera una situación de poder tal sobre las PYMES INDUSTRIALES a las que se les exige desde pagos anticipados o “contado total contra entrega”, lo que hace que el crédito fiscal que podría compensar las condiciones complejas del mercado es pagado también en las mismas condiciones.

Bajo estas condiciones el Productor sigue financiando al Comprador en una “ca­dena productiva” que expone estas asimetrías que deben ser atendidas de modo URGENTE y específico.

Sin embargo, el denominado “costo argentino” (conformado por un conjunto de costos indirectos no revelados de modo explícito o “precios sombra”) es una reali­dad que condiciona la competitividad de la producción nacional.

Distinto y más grave es la situación del Impuesto a los Ingresos Brutos y Tasas Municipales (que también se cancelan por el método de lo devengado y cuya base de cálculo es volumen de ventas y no el costo de la prestación del servicio) y que no tienen sistema alguno de compensación y deben ser cargadas directamente al costo de producción por lo que neutralizar estos costos es definitorio para obtener negocios en el exterior y como efecto colateral de la posibilidad de crecimiento productivo de esa PYME con mayor empleo y actividad.

Se explica así, el “porqué” la AFIP debe sistemáticamente reforzar los planes de pago, moratorias, etc. al igual que los Institutos de Recaudación Provincial y Municipal.

Así, a la Irregular adhesión de las jurisdicciones subnacionales (Provincias y Municipios) al Acuerdo Fiscal Federal 2017 implica en muchos casos suba de ta­sas e IIBB, creación de tasas municipales sin prestación de servicio alguno, etc.

Más aún, al no hacerse transparentes los compromisos asumidos a las PYMES INDUSTRIALES les resulta muy difícil comprender los alcances de esos impor­tantes Acuerdos.

Las PYMES INDUSTRIALES hacemos un llamado a la responsabilidad tanto de quienes están a cargo de la gestión gubernamental, como de los diversos sectores del arco político parlamentario pero que sostienen aspiraciones de asumir la ges­tión gubernamental en todas y cada una de las jurisdicciones a legislar en materia impositiva con responsabilidad y desarrollar metodologías de resolución de dichos déficit no sólo no generándolos sino que cuando existen, por las razones que se invoquen, no conviertan a la producción y el trabajo del sector privado en la base para la resolución de tales problemas.

Los modos en que se está legislando en esta oportunidad parecen señalar que nuevamente será el sector privado y no la “política” la que cargará con el costo del ajuste. Entendemos que ha llegado el momento de invertir los esfuerzos.

La PYMES INDUSTRIALES ya muestra serios síntomas de agotamiento frente a una carga fiscal imposible de sostener y que requiere ingresar a refinanciaciones o moratorias con tasas de interés altamente reales positivas lo que agrava aún más el problema.

Entre los temas urgentes y a resolver en el corto plazo se encuentran:

1.    Luego de la sanción de la reforma tributaria (Ley 27.430) que redujo para el año 2018 la alícuota del Impuesto a las Ganancias, del 35 al 30%, la AFIP aún no emitió la norma reglamentaria permitiendo que las empresas adecuen los nuevos anticipos que, para las sociedades que cerraron su ejercicio el 31 de diciembre ya co­menzaron a abonarlos en el mes de junio pasado. La “solución” de la AFIP sólo permite reducir el monto de los anticipos cuando el importe de estos que se estimen abonar supere en un 40% al tributo anual que deba pagar.

2.    Debe limitarse la prohibición de no actualización (indexación) cuando las PYMES INDUSTRIALES emiten facturas en pesos con plazos de pago mayores a los 30 días o cuando, aún con la condición de contado, el cliente la paga con documentos a plazos mayores.

3.    Debe permitirse la completa compensación de Impuestos a todos los niveles jurisdiccionales evitando la acumulación de saldos a favor que no reciben re­muneración alguna -sobre todo a las tasas de interés vigentes y a los índices de inflación actuales. La no compensación significa tanto a nivel de la AFIP como del Convenio Multilateral y de los tributos locales (aunque se los deno­mine tasas) un desagio de muy negativo impacto en las PYMES INDUSTRIALES.

4.    Producir una “tregua tributaria” de modo que las PYMES INDUSTRIALES pue­dan reorganizar sus DDJJ, documentación respaldatoria, etc. Evitando que por la carencia de una estructura especializada deba enfrentar inspecciones siste­máticas que le imponen multas, embargos con la consiguiente carga de hono­rarios a abogados muchas veces por diferencias involuntarias. No se trata de PYME INDUSTRIALESS que eluden o evaden impuestos dado que están ple­namente registradas. Si debieran incentivarse los controles hacia los mercados y productores marginales.

5.    Reformulación de las normas que permitan a las PYMES INDUSTRIALES, cum­plidos los plazos de vencimiento y las intimaciones de pago, considerar como incobrables créditos por ventas no recuperados sin necesidad de ejecución y ser deducidos del Impuesto a las Ganancias. En caso de recuperación, permitir rectificativas o su consideración en el siguiente ejercicio.

6.    Metodología progresiva y no compulsiva de transformación del contribuyente (microempresa PYMES INDUSTRIALES) del Régimen Simplificado al Régimen General sin incluir reclamos retroactivos siempre y cuando, y en el caso que tenga empleados, éstos estén regularizados.

7.    Desarrollo de un sistema de facilidades que promueva la sucesión en las Empresas PYMES INDUSTRIALES de base familiar. Dicho sistema debe incluir desde facilidades formales (tributarias y societarias) y crediticias (para promo­ver la restructuración y la incorporación de nuevas formas productivas: inno­vación, diseño, reestructuración) evitando la fragmentación y promoviendo la continuidad.

8.    Si bien excede la cuestión tributaria, señalamos que en los juicios sucesorios donde se identifique como integrante de este una empresa PYMES INDUSTRIALES en marcha, el sistema judicial deberá sostener criterios de continuidad y no meramente patrimoniales.

9.    Elevar del 10% al 20% el crédito fiscal por inversiones en el Impuesto a las Ganancias. Incluir como inversiones no sólo la incorporación de bienes de ca­pital sino la incorporación de mejoras o reestructuraciones productivas que provengan de la innovación, el diseño y la ingeniería o los servicios y que im­pliquen mejoras sustantivas en la productividad.

10. Eliminación del Régimen de Anticipos en el Impuesto a las Ganancias o en su defecto la actualización por inflación de los Anticipos y Retenciones del Im­puesto a las Ganancias.

11. Autorizar la amortización acelerada para los bienes de capital nuevos que in­corpore la PYMES INDUSTRIALES

CUESTIONES LABORALES

·         No hay una completa aceptación a nivel nacional de la Ley Complementaria de ART (Ley 27.348)

·         La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) debe desarrollar los concursos para la conformación de las Comisiones Médicas e implementar que sus integran­tes no perciban honorarios sino una remuneración normal y habitual.

     La judicialización de las relaciones laborales y el desarrollo de un sistema juris­prudencial que en los hechos opera como una “legislación” en sí misma.

·         En materia de negociación laboral a nivel de paritarias, debe eliminarse la deno­minada “ultraactividad” dado que la dinámica de la producción requiere una per­manente actualización de las relaciones laborales por el surgimiento o implemen­tación de nuevas tecnologías o innovaciones.

·         Resulta URGENTE una transformación de las relaciones laborales para que éstas se correspondan con las nuevas formas de organizar la producción en un elemen­tal marco de respeto a los Convenios Internacionales (OIT, etc.)

De ninguna manera las PYMES INDUSTRIALES pretenden instalar formas de tra­bajo o de relaciones laborales que impliquen condiciones que alteren las normas del trabajo decente, justamente remunerado y que se desenvuelva en unas con­diciones y medio ambiente laboral que fomente la inclusión, la capacitación per­manente y de respuesta a las aspiraciones de movilidad social a través del trabajo personal.

·         Sin esa transformación las relaciones laborales irán de modo paulatino, pero sis­temático, y sobre todo en los sectores productivos críticos (fundamentalmente los relacionados a los “no transables”) haciéndose más opacas y complejas en tanto el imperio de la realidad conllevara a ambos sectores a aceptar condiciones de trabajo informales.

·         Transformado el sistema laboral y con una decidida política orientada a impedir re­laciones laborales informales, el mercado interno habrá de contar con consumi­dores solventes y dispuestos a consumir de modo creciente productos y servicios de mayor calidad y sofisticación.

·         La eliminación de las contribuciones patronales es determinante para la relación laboral, la carga contributiva debe ser trasladada al trabajador compensándola con un incremento que mantenga el salario de bolsillo inalterable, siendo la misión del empleador ser agente de retención responsable.

MERCADO INTERNO

Las PYME INDUSTRIALES no somos ajenas al comportamiento del mercado in­terno y su fortalecimiento y desarrollo es parte de nuestra atención permanente.

Pero a su vez, mercado interno y empleo no son cuestiones que puedan tratarse de modo aislado

En tal sentido, coincidimos con las políticas gubernamentales en materia antiinfla­cionaria porque es una de las cuestiones fundamentales para la sustentabilidad del mercado interno, pero entendemos que, como ya señalamos, es necesario fomentar la transparencia eliminando la opacidad fiscal de las jurisdicciones subnacionales, ampliando la base de contribuyentes, combatiendo la competencia desleal y el contrabando, entre otras.

Las PYME INDUSTRIALES apoyan los sistemas de promoción del consumo di­señados por la política pública (Ahora 12, Precios Cuidados y Esenciales, entre otros).

Sin embargo, el fortalecimiento del mercado interno y de los consumidores es la consecuencia de la solvencia que éstos disponen.

La solvencia de los consumidores esta seriamente afectada por las políticas monetarias en tanto por la vía de la “Promoción del Consumo – Resolución MEyF 671/2014 – AHORA 12” se instrumentó lo que denominamos “emisión monetaria indirecta”

Esta metodología de emisión monetaria significa un traslado a los consumidores, mediante incentivos de financiarización a obtener los recursos, lo que supone que el Banco Central y el Tesoro Nacional transfieren la emisión de deuda hacia los consumidores.

Bajo esta modalidad los consumidores incrementaron de manera exponencial sus deudas y compromisos financieros, como bien lo observaba Lord J.M. Keynes, se consumió el futuro muy rápidamente y en forma asimétrica al ralentizado crecimiento de los ingresos de los consumidores.

Este “descalce” implica hoy un stock de créditos al consumo en poder del sistema financiero con dificultades para recuperarla y que, limitan el poder de compra de los consumidores. Las estadísticas de consumo interno reflejan en su deterioro esta realidad: elevado endeudamiento de los consumidores y caída en los ingresos en un contexto de alta inflación que impide que éstos puedan alinearse a las obligaciones derivadas de la financiación del consumo.

Así, entendemos que el Banco Central de la República Argentina debería desa­rrollar normativa específica que ponga límites a los costos del financiamiento por parte de los productos bancarios destinados a financiar el consumo.

La existencia de costos que pueden ser considerados usurarios no contribuyen a la sustentabi­lidad de un mercado interno que muestra debilidades en materia de solvencia.

Desde el Poder Ejecutivo Nacional debería desarrollar una política específica que permita desarrollar una “moratoria crediticia” que permita a los deudores, ya sea refinanciar o re perfilar, sus deudas de modo razonable y de ésa manera permitir que la demanda adquiera sustentabilidad.

Del mismo modo, el sistema tributario, a través del Impuesto a las Ganancias, que deben enfrentar los trabajadores en relación de dependencia y los beneficiarios de los sistemas de seguridad social que conforman gran parte del mercado interno detrae por su magnitud recursos muy importantes al consumo.

El Impuesto al Valor Agregado, en tanto impuesto indirecto, también impacta por su magnitud en el ingreso disponible de los consumidores y no contribuye a la sustentabilidad del mercado interno. A este Impuesto debemos agregarle la pre­sión tributaria que se ejerce sobre el consumo en las Provincias vía el Impuesto a los Ingresos Brutos.

El sistema tributario debe ser proactivo en materia de desarrollo, fortalecimiento y sustentabilidad del mercado interno en tanto éste conforma una cuestión estraté­gica para toda la economía nacional.

A su vez es de mucha importancia la aprobación y posterior implementación de la Ley de Compre Nacional que debe ser ampliada en sus ámbitos de aplicación promoviendo que las Provincias y Municipios implementen o adhieran a regíme­nes similares y que simultáneamente la totalidad del Estado Nacional se vea al­canzado por la norma legal.

Se hace necesario avanzar en el Proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo para redefinir el concepto de “Producto Argentino”.

Los nuevos desarrollos organizacionales y productivos ameritan redefinir esa metodología, tal como lo es para el caso de la industria electrónica, por ejemplo.

FINANCIAMIENTO AL DESARROLLO. TASAS DE INTERÉS A LA INVERSIÓN COMPETITIVAS.

Se trata de una cuestión estratégica que nos lleva a formularnos la siguiente pre­gunta:

¿Está el modelo de “banca comercial” que se desarrolla en la Argentina, prepa­rado para reconvertirse, al menos una porción, en una “banca de desarrollo o de largo plazo” al estilo del que poseen sobre todo, muchos países de Europa e in­cluso Brasil y consecuentemente reconvertir su visión del financiamiento a perso­nas (casi usurario) a un sistema de financiamiento a proyectos que requieren otras tasas de interés pero fundamentalmente otros criterios de evaluación en materia de factibilidad, viabilidad y riesgo?

Lamentablemente la respuesta es NO.

El “cepo monetario” que desarrolla la actual política monetaria da lugar a una tasa de interés que muestra claros signos de rigidez a la baja y que convierte a los proyectos de inversión en absolutamente inviables, no sólo por la ausencia de instrumentos financieros adaptados a ésas necesidades, sino porque resulta téc­nicamente inviable desarrollar un flujo de fondos para las inversiones que incluya desembolsos financieros en concepto de intereses de tal magnitud que hacen que el proyecto resulte una riesgo imposible de asumir por la PYMES INDUSTRIALES.

Pero esta situación respecto del financiamiento de la inversión ha de tener conse­cuencias más graves.

En pleno proceso de reestructuración productiva donde la demanda de mejoras en la productividad total de los factores -incluidos los equipos de producción- re­sulta un imperativo al que la política pública le exige a las PYMES INDUSTRIALES ampliar el grado de apertura y desarrollar proyectos exportadores, el impacto de truncar los procesos de inversión habrán de generar cambios profundos y difíciles de revertir en la lo que se da en llamar la propensión a invertir

A esto debe sumarse que muchas PYMES INDUSTRIALES con proyectos de in­versión en marcha han contraído -a partir del diseño de sus proyectos de inversión – deudas en dólares cuando aún no se había producido el proceso de deprecia­ción de la moneda nacional. La inexistencia de instrumentos que resolvieran este descalce no previsto y la obligación de cancelar esos pasivos ya sea por la adqui­sición o leasing, de bienes de capital, insumos o partes y piezas está aún confi­gurando una amenaza de fuerte impacto en la función financiera de las PYMES INDUSTRIALES de extrema gravedad.

La asistencia financiera a PYMES INDUSTRIALES ha sido resuelta mediante me­canismos imperfectos del mercado. No resulta posible que un sistema bancario de características comerciales (enfocado a tarjetas de crédito y créditos persona­les, ávidos en captar “cuentas sueldos”), pueda atender la demanda de créditos de inversión -cuya maduración nunca es de corto plazo- que obviamente requie­ren otro tipo de fondeo, evaluación y análisis de riesgo.

La banca de inversión requiere capacidades de evaluación de factibilidad y viabi­lidad, tasas de interés, plazos y condiciones de garantías y la banca comercial nacional no está hoy en condiciones de dar una adecuada respuesta tal como lo demuestra el propio BCRA en su Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC): suba de tasas, endurecimiento del sistema de garantías.

La existencia de Sociedades de Garantía Recíproca – en los hechos destinadas a satisfacer las posibles debilidades de las garantías de las PYMES INDUSTRIALES sólo han sido eficientes para el canje de cheques en el mercado de capitales (Bolsa de Comercio) pero el “spread” que cobran por su participación resulta, con estos niveles de tasa inviables, demanda adicionalmente una garantía solidaria de los titulares de las PYMES INDUSTRIALES lo que lleva a preguntarse sobre ¿Qué es lo que realmente garantizan?

 Es cierto, sí, que hay un “lote” de empresas PYMES INDUSTRIALES que participa aún de estas operaciones pero que representan una minoría dado que en general las empresas denominadas de “primera línea” no emiten cheques diferidos sus­ceptibles de negociación en ese tipo de ámbitos.

Asimismo, la clasificación PYMES INDUSTRIALES establecida por el Ministerio de Producción y que define en base a las ventas totales los beneficios y ventajas que recibe cada empresa, debería tener un mecanismo de actualización de dichos montos acorde a la dinámica de precios de la economía.

Bajo las condiciones expuestas la PYMES INDUSTRIALES requiere el desarrollo de políticas de financiamiento orientadas a la PRODUCCION, siendo -como se­ñalamos- inviable una mejora en ese ámbito con las actuales condiciones y costos financieros que surgen de una política pública que prefiere la recesión con el riesgo permanente de empeorar la situación del empleo y los indicadores sociales.

Las PYMES INDUSTRIALES advertimos que con este diseño de política finan­ciera que no se apalanca en la PRODUCCION resulta en la actualidad inviable pensar en cambiar la tendencia recesiva y más aún, vemos, ya no con preocupa­ción sino con alarma, que esta recesión tiene un camino extenso y peligroso por recorrer siendo las PYMES INDUSTRIALES las primeras que han de poner en evidencia éste nuevo proceso de desindustrialización.

La Factura Electrónica

Finalmente, y de no acontecer hechos inesperados el próximo 1° de septiembre podemos decir que la Factura de Crédito Electrónica comenzará a estar operativa para las ventas que las PYMES INDUSTRIALES realicen a las grandes empresas.

Tanto el Ministerio de Producción y Trabajo (MPT) como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) han desa­rrollado la normativa y adecuaciones necesarias y reconocemos que se trata de un gran paso

Las PYMES INDUSTRIALES requiere de este instrumento que habrá de colaborar a hacer más previsible la cadena de pagos poniendo límites a las dilaciones en que muchas empresas grandes utilizan desde su posición dominante.

Sin embargo, las PYMES INDUSTRIALES observan con preocupación que no existe un régimen sancionatorio de las malas praxis de las grandes empresas en tanto la factura electrónica fija no sólo la posibilidad de transformarse en un ins­trumento financiero por la vía del mercado de capitales, sino que también se con­vierte en un título ejecutivo.

Si una PYME negocia la factura y a la empresa cliente le condiciona su estrategia financiera podría poner en riesgo la continuidad de la PYME como proveedora. Lo que podríamos llamar "malas praxis empresarias" requieren tener en contrapar­tida "salvaguardias" para las PYMES INDUSTRIALES y resulta importante que la Autoridad de Aplicación desarrolle una normativa específica que evite estas ac­ciones de mala praxis.

LOGISTICA

Una cuestión estratégica como la logística – tanto de abastecimiento a la produc­ción como en la distribución – el Gobierno va construyendo soluciones que si bien son de singular importancia (ampliación de rutas y autopistas, reposicionamiento del transporte ferroviario, ampliación de la red para bitrenes entre otros) no logran impactar en los costos logísticos de las PYME INDUSTRIALES y requieren deci­siones políticas de singular trascendencia que exceden ampliamente a las empre­sas.

Las PYMES INDUSTRIALES Industrial requieren del transporte terrestre para desa­rrollar tanto el abastecimiento de insumos como para una eficiente distribución de su producción.

La existencia de estructuras que exceden las cuestiones económicas nos permite señalar que son precisamente esas cuestiones (sistemas de representación sin­dical forzosa, permanente amenaza coactiva sobre las PYMES INDUSTRIALES y sobre sus proveedores del servicio de transporte, entre otras) las que agregan factores de pérdida de competitividad en particular para las Industrias radicadas en las economías regionales que deben hacer uso obligado del transporte terres­tre y significativamente de extensas distancias.

En este aspecto entendemos que la Autoridad de Aplicación debe desarrollar a través de una reformulación normativa los límites a la representación sindical evi­tando que las PYMES INDUSTRIALES y sus proveedores sean objeto de coaccio­nes, amenazas y permanentes conflictos carentes de legitimidad.

Es cierto que por diversas vías se trata de resolver esta restricción estratégica pero las PYMES INDUSTRIALES consideramos que se requiere mayor énfasis en tanto se disponen de las herramientas administrativas para poner límites ciertos y eficaces a metodologías que sólo suman costos ocultos y no revelados a la pro­ducción por la vía de prácticas inaceptables.

Por otra parte, sería importante el diseño de un plan logístico que de singular im­portancia al desarrollo del transporte multimodal.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA:

A pesar de la importancia del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el desa­rrollo de los países, sobre todo en escenarios de alta competitividad global, y re­conociendo el atraso de nuestro país en las inversiones en investigación y desa­rrollo se decidió discontinuar los programas que posibilitaban la innovación en las PYMES INDUSTRIALES.

En tal sentido, sería de singular importancia el relanzamiento de dichos Progra­mas tales como el FONAPYME o el PREX entre otros.

Del mismo modo el rediseño de Programas como el FONTAR que facilite el ac­ceso de las PYMES INDUSTRIALES es de importancia sustantiva como así tam­bién el desarrollo e implementación de Programas de Vinculación Tecnológica e Innovación que permitan el acceso en modo sencillo a las PYMES INDUSTRIALES es una necesidad impostergable.

Para las PYMES INDUSTRIALES el fomento a la industria 4.0 y a las inversiones en investigación y desarrollo tendrán en los próximos años una importancia estra­tégica.

En ese sentido estimamos imprescindible que la política pública diseñe e imple­mente un sistema de incentivos para que las empresas se inserten en los cambios tecnológicos. Dichas políticas públicas deben incluir opciones de financiamiento para que las PYMES INDUSTRIALES puedan insertarse en las cadenas globales de producción.

Los actuales Programas y sus requisitos administrativos hacen que esos instru­mentos sean en gran parte de los potenciales casos inaccesibles paras las PYMES INDUSTRIALES por su complejidad en materia burocrática.

UNA CUESTION ESTRATEGICA: LA EDUCACIÓN

·         Las transformaciones que enfrenta la Industria, tanto en las innovaciones en materiales, como en los diseños, en los propios productos y en los métodos y lay out productivos la enfrentan al desarrollo económico argentino con una de­bilidad y una limitación: la educación. Desde el llamado jardín de infantes hasta la educación superior y de post título.

·         Resulta tristemente paradojal que, existiendo un alto desempleo, muchas em­presas, y en particular LAS PYMES INDUSTRIALES, no encuentren las capaci­dades y formaciones técnico-funcionales que demandan. Y esta paradoja no es sólo verificable en los puestos de trabajo de alta sofisticación técnica, sino que recorre todo el espectro del mercado laboral.

·         ¿Las razones? Diversas. Desde las defensas corporativas del propio sistema educativo, incluyendo también la falta de visión del sector productivo al no comprometerse de modo activo y reclamar el espacio que le corresponde en el necesario debate sobre la transformación educativa.

·         A modo de ejemplo de la falta de visión señalamos, se debate con pasión y hasta con beligerancia sobre la educación sexual, pero no sobre la educación para el trabajo, para dotar a quienes demandaran trabajos sean en relación de dependencia o acceso al emprendedorismo, de herramientas que les permitan construir su futuro.

Lic. Carlos Guillermo Schwartzer

Belgrano, 21 de agosto de 2019



[1] El diseño de la política pública diferencia a las Pequeñas y Medianas Industrias de los “emprendedores”, Es algo más que una distinción semántica. Se trata de poner el foco en un tipo de diseño de política industrial bajo el supuesto que el “emprendedorismo” es la refundación de la matriz industrial conformada, hoy, por las Pequeñas y Medianas Industrias. Así, cuando nos refiramos a Pequeñas y Medianas Industrias incluiremos en nuestra definición a los “emprendedores” en tanto son -más allá del tipo de organización societaria- Pequeñas y Medianas Industrias