29 marzo 2021

PARA TENER EN CUENTA

 

PARA TENER EN CUENTA

Aunque la Decisión Administrativa 280/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial se refiere de modo exclusivo al “trabajo remoto” de la Administración Pública Nacional, la Casa Rosada acompañó el anuncio con un detalle de los distritos comprendidos en la alerta. 

En el primer grupo, el de mayor riesgo e incidencia de casos, se encuentran 27 municipios bonaerenses: Avellaneda, Berazategui, Campana, Cañuelas, Chivilcoy, Ensenada, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General Alvarado, General San Martín, Hurlingham, José C. Paz, La Plata, Lanús, Malvinas Argentinas, Morón, Necochea, Olavarría, Pilar, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Trenque Lauquen y Vicente López. 

Si bien nada se dice sobre medida específica que se disponga en la materia, sin embargo, el artículo 4° de la Decisión Administrativa señala: 

ARTÍCULO 4°.- Invítase a adoptar medidas similares al PODER JUDICIAL, al PODER LEGISLATIVO, a las PROVINCIAS, al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a los Municipios. Asimismo, se recomienda al Sector Privado la adopción de medidas en consonancia con las establecidas en la presente decisión administrativa.

 En los hechos esto significa una “invitación” a retomar el trabajo remoto (home-office) de aquellas posiciones que si lo puedan hacer.  Recordamos que está vigente la Resolución MTESS 142/2021 que en su artículo 1° dispone:   

ARTÍCULO 1°.- Establécese que, a partir del inicio de la vigencia de la Ley Nº 27.555 y mientras se mantengan las restricciones y/o recomendaciones sanitarias dictadas por las autoridades nacionales, provinciales o locales, la circunstancia de que los trabajadores y las trabajadoras se vean impedidos de cumplir con el deber de asistencia al lugar de trabajo y realicen las tareas en su domicilio en función de lo dispuesto por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020, sus modificatorios y complementarios, y la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 207 del 17 de marzo de 2020 y sus modificatorias, o de las medidas que el empleador hubiera decidido implementar en forma preventiva para minimizar los riesgos de contagio, no podrá ser considerada como sustitutiva del acuerdo escrito que exige el artículo 7º del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo como expresión de voluntad de las partes.


Sin embargo, y en tanto los Municipios detallados, se encuentran alcanzados por los parámetros de mayor cantidad de casos e incidencia puede dar lugar a que el/los Municipios procedan a extremar controles, revisar protocolos productivos, etc para verificar su cumplimiento o en algún caso su modificación. 

Tal como venimos señalando hace ya unas semanas es importante disponer de una estrategia alternativa que minimice el impacto de esta situación que, en nuestra opinión, lamentablemente, habrá de agravarse. No es nuestra intención fomentar alarmas, pero lo cierto es que éstas ya están sonando.

 

Lic Carlos G Schwartzer

Colegiales , 29 de marzo de 2021

 

20 marzo 2021

¿HASTA CUANDO PODREMOS SOSTENER “NO SABER”?

 

¿HASTA CUANDO PODREMOS SOSTENER “NO SABER”?

(…y descubrir a cada momento una nueva mentira)

Días pasados, en una reunión de industriales pyme el tema central resultó los problemas de abastecimiento de insumos, partes y piezas. Tema crucial, pero en ningún momento se mencionó la cuestión del COVID-19 y sus posibles implicancias. 

Aunque no se hable de ella, la pandemia es una realidad con vigencia de largo plazo y con un agravante adicional para la economía argentina: las políticas públicas para enfrentarla podemos decir, ya sin eufemismos, han sido y se proyectan como un fracaso irreversible dada la tozuda persistencia en las mismas por parte del Gobierno Nacional (y sus correlatos subnacionales y locales). 

La pandemia es, en sí misma, una tragedia, y así lo señalamos en ocasión del Día de la Industria 2020 [i]pero, si la política pública en su conjunto -sanitaria, productiva y social- no sólo equivoca el camino, sino que profundiza antinomias y conflictos, la tragedia adquiere características propias que hace irreversible lo que probablemente podría recuperarse. 

Hace unos días nos preguntábamos ¿Qué encontraremos detrás de la espesa neblina que nos cubre?[ii] 

En esa oportunidad estábamos enfocados en el impacto de la irrupción de la economía política de plataformas tanto en los procesos productivos (lay out, etc) como las respuestas de la política pública. 

Hoy seguimos indagando, tratando de descifrar que más encubre la “espesa niebla” y lo único cierto es que no estamos frente ante la incertidumbre[iii], sino a algo más grave: “el no saber” y la mentira. Único resultado verdadero de la política pública en materia de la emergencia sanitaria. 

Aparece en primer lugar una cuestión a resolver: ¿Cuándo habrán de inmunizarse los trabajadores cuya franja etaria está entre los 18 y 59 años? Está claro que los mayores de 60 no deberían estar en sus puestos de trabajo por ser considerados de riesgo. 

Acá advertimos que de diversas maneras muchas Empresas generan presiones para que se reincorporen y simultáneamente muchos trabajadores mayores de 60 años expresan su deseo de reincorporar, ya sea por la incertidumbre de su puesto de trabajo o porque al no concurrir pierden algún adicional salarial. 

Sobre este punto, nuestra recomendación es abstenerse de la reincorporación porque ante cualquier evento -que puede incluir el fallecimiento – los costos asociados al evento pueden ser indeterminados por la litigiosidad y la imposibilidad de probar quien fue el causante de la violación a la Resolución MSAL 1541/2020. 

Al respecto señaló la Unión Industrial Argentina (UIA), “aunque la industria logró avanzar con estrictos protocolos hacia la nueva normalidad, hay sobrecostos derivados de la situación sanitaria. Algunos de ellos están dados por el reemplazo de los empleados que son parte de los grupos de riesgo y que no pueden cumplir sus funciones a distancia, y otros, por ejemplo, están asociados a la movilidad para evitar el transporte público (este factor incide con mayor fuerza en el AMBA y en el noreste, y menos en la zona patagónica). A esos dos ítems se suman, según una encuesta del observatorio de la entidad fabril, la realización de pruebas tanto preventivas como por ser contacto estrecho de algún contagiado.” 

Una demanda de muchos sectores empresarios es que se permita la adquisición de vacunas por parte de los “privados” como modo de no sólo acelerar el proceso de inmunización como la de garantizar la continuidad de los procesos productivos y no agravar el cuadro de daño ya generado por una política sanitaria errática y que ha mostrado no sólo la reiteración de actos de corrupción, sino que ha puesto en evidencia el descontrol y hasta la escasa empatía con los sectores de mayor riesgo. 

Obviamente, cualquier calculo que incluya las pérdidas que puede generar una segunda o tercera ola de COVID 19 indica que los empresarios, aun aquellos PYME con recursos limitados, están dispuestos a INVERTIR en la inmunización de sus trabajadores. No existe razón alguna en contrario. 

Pero la tenaz negativa del Gobierno Nacional da lugar a todo tipo de suspicacias y avala la opacidad de contratos de provisión que no se cumplen, reticencias de algunos productores a tratar con el Gobierno argentino, etc. 

Bajo estas condiciones y estos riesgos, estimo que sería de suma importancia que, más allá de los protocolos que seguramente cumplen estrictamente y que limitan el riesgo de propagación pandémica dentro del ámbito de trabajo, estimo se debería hacer un fuerte hincapié en capacitar al personal sobre las prevenciones y cuidados. Obviamente los Empresarios les resulta incontrolable las acciones, actividades y contactos fuera del ámbito productivo de allí que recomendemos tener trazado un Plan B para el caso de un evento desafortunado. 

Pero avancemos sobre el segundo aspecto que señalamos al principio y que consideramos de singular trascendencia estratégica por sus efectos colaterales que prometen ser duradero y también podría marcar nuestro destino a mediano plazo. 

Se trata de nuestra salud mental, del coste psicológico de una pandemia que también parece causar incluso daños neurológicos. 

La crisis – que se expandía en tiempos pre pandémicos en el plano político, económico y social, como consecuencia de la acción en varios frentes de enfrentamientos geopolíticos, irrupción de nuevas formas de producción, consumo, comunicación, etc de modo “no pacífico” se encontraron con el catalizador de la expresión primaria de la política sanitaria frente a este singular suceso que fue (y en algunos casos aún lo es) el confinamiento de enormes masas de población bajo la genérica definición de “cuarentena”, el encierro, la limitación de movimientos. 

Esa respuesta, que, en Argentina, parece que es la única disponible para el Gobierno. 

Expuestos de modo sistemático a un “no saber” qué sucederá y simultáneamente descubrir a cada paso que quienes deben conducir esta tragedia, mienten, que la utilizan para sus fines e intereses de grupo nos pone frente ya no sólo ante los problemas y riegos cotidianos que enfrentamos -y en muchos casos resolvemos- sino que el “no saber” como política de estado es el fundamento de una bancarrota psicológica cuyas consecuencias desconocemos. 

El “no saber” y descubrir cada día una nueva mentira se esparce a lo largo y ancho de toda la sociedad. Nos pone, aunque aún no ha sido reconocida ni verbalizada, ante una Gran Depresión psicológica que puede ser devastadora. 

¿Estamos preparados? 

Lic. Carlos Guillermo Schwartzer 

Colegiales, 20 de marzo de 2021 

06 marzo 2021

Consumo: Algunos rastros

 

Consumo:Algunos rastros

Tal como lo venimos haciendo acercamos el Informe de Tarjetas de Débito del mes de diciembre 2020, aunque el análisis de este tema nos lleva a, necesariamente, realizar otras consideraciones. 

En relación con el uso de las tarjetas de débito y tal como lo habíamos señalado en el informe de noviembre 2020 los resultados de diciembre no sorprenden en su crecimiento en ambos canales. Entendemos que esta “excepcionalidad” no se repetirá cuando analicemos enero de 2021. 

Es interesante, y hace a como se va delineando el sendero económico de la producción y el consumo, observar que dice el BCRA en los Informes Monetarios de éstos 2 primeros meses del año en cuanto como se comportó la relación entre el sector financiero y el sector real (producción y consumo). La cuestión es, más allá de los movimientos macro de la emisión monetaria ¿Qué pasa con los saldos en pesos en lo que da en llamarse el “sector privado”? 

Dice el BCRA en el Informe Monetario de enero 2021: 

“El aumento de las colocaciones a plazo estuvo compuesto tanto por las colocaciones mayoristas como por las de menos de $1 millón. Estas últimas volvieron a mostrar una tendencia creciente, luego de tres meses de mantenerse estables. También presentaron un mayor dinamismo los depósitos denominados en UVA, que en enero acumularon un aumento cercano a $11.100 millones. 

En términos nominales y sin estacionalidad, los préstamos en pesos al sector privado habrían registrado en enero un incremento mensual de 3,7%. En términos reales, el saldo de los préstamos al sector privado estaría mostrando un crecimiento interanual de 8,4%. 

La expansión mensual de los préstamos en pesos se explicó principalmente por la evolución de las líneas comerciales y de las financiaciones con tarjetas de crédito. Con respecto a estas últimas, el BCRA dispuso mantener la tasa máxima de 43% n.a. para el financiamiento de saldos impagos de tarjetas de crédito hasta $200.000 por cada tarjeta emitida. 

El crédito comercial se canalizó mayormente mediante la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP) a las MiPyMEs. A fines de enero, se llevan otorgados préstamos por, aproximadamente, un total de $240.550 millones, un 44% más respecto al término de diciembre. En cuanto al destino de estos fondos, alrededor del 83% del total desembolsado corresponde a la financiación de capital de trabajo y el resto a la línea que financia proyectos de inversión. 

Cuestiones que subrayamos: 

1.  Superado el mes de diciembre y su alta demanda de efectivo para canalizar pagos estacionales (aguinaldo, vacaciones, etc.) el exceso de saldos monetarios (que en no está en poder de las PYME) fue dirigido a colocaciones financieras con diversos tipos de actualización (dólar linked, CER, UVA) lo que nos esta indicando que se busca colocaciones financieras con cobertura defensiva frente a lo que se entiende como una economía inestable y con altas procacidades de cambios bruscos en las variables 

2.    La expansión del crédito al sector privado estuvo, dado el mes (enero 2021) orientada a proveer de liquidez a las empresas y a sostener la alta demanda estacional del consumo (consumo de los eventos tradicionales de fin de año) mediante el uso de tarjetas de crédito. 

3.    Señala el Informe que el 83% de los créditos otorgados por la Línea de Financiamiento a la Inversión Productiva (LFIP), lejos de destinarse a la inversión se dirigió a financiar el capital de trabajo en lo que llamamos un “efecto circular”. La demanda de crédito para capital de trabajo, más allá de la tasa subsidiada, se dirigió a poder pagar las obligaciones salariales de fin de año dada la cancelación del Programa ATP y su reemplazo por el REPROII que resulta complejo e insuficiente para atender esas obligaciones. 

Pero no es menor destacar que, en el marco de un sistema productivo que debe enfrentar nuevos desafíos en el proceso que dio en llamarse “nueva normalidad” en el cual el impacto de la cuarentena pero también desde antes de esta el sistema productivo argentino debía encausarse hacia nuevos horizontes en materia de productividad y competitividad, sólo el 17% de ésa financiación fue orientada a nuevas inversiones (lamentablemente carecemos de información sobre el destino cualitativo de ellas) que suponemos han sido destinadas a ampliación de oferta o alguna mejora marginal de productividad. 

Recordamos que la LFIP tenía definido como destino 

  • ·      Financiación de proyectos de inversión destinados a la adquisición de bienes de capital y/o a la construcción de instalaciones necesarias para la producción de bienes y/o servicios y la comercialización de bienes y/o servicios. No podrán encuadrarse como aplicación elegible las financiaciones que se acuerden conforme a otros regímenes especiales de crédito en la medida en que los fondos para dichas asistencias sean provistos a la entidad con ese fin específico o revistan el carácter de responsabilidades eventuales.
  • ·   Capital de trabajo y descuento de cheques de pago diferido y de otros documentos. Podrá destinarse a la financiación de capital de trabajo y al descuento de cheques de pago diferido y Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME, …. Los valores a descontar deberán provenir del cobro de operaciones de venta y/o de prestación de servicios correspondientes a la actividad de la MiPyME descontante. Esta condición podrá verificarse mediante la declaración jurada que formule el cliente y/o por otro medio que la entidad estime suficiente. 

Debemos recordar que las normas del BCRA establecían que “Al menos el 30 % del cupo deberá destinarse a lo previsto en el punto 4.1 (inversión productiva)”. Sin embargo, el 83% de los fondos desembolsados por esta LFIP que ascienden a $240.550 millones fueron asignados a capital de trabajo lo que pone en evidencia un rasgo que esta mostrando la “cadena de pagos”: su elongación (se pasó de plazo promedio de alrededor de 30 días a algo más de 60 días). 

Conclusión de esta observación, ¿las empresas industriales están vendiendo?, la respuesta es parece que sí, pero, la solvencia de sus clientes comienza a tener sombras y deberemos estar atentos a que sucede con el movimiento de cheques que aún se mantiene estable pero que la cantidad de cheques emitidos ha disminuido en enero 2021 un 22% respecto del mismo mes del año anterior (pre-cuarentena). 

Las razones por invocar de esta menor emisión de cheques son diversas, pero algunas son para atender, por ejemplo: ¿hay menos empresas en circulación? O ¿se ha incrementado la informalidad de allí la no bancarización de las operaciones? Entre otras. 

¿Qué dice el BCRA en febrero 2021? 

“Los préstamos en pesos al sector privado, en términos nominales y ajustado por estacionalidad, exhibieron en febrero un crecimiento mensual de 2,6%, que sería equivalente a una contracción de 1% en términos reales.

 

Las líneas con destino comercial registraron una expansión mensual de 0,5% real sin estacionalidad (4,1% a precios corrientes) acumulando en los últimos doce meses un aumento de 37,3%. Al interior de este tipo de financiaciones, el total de documentos exhibió una suba promedio mensual de 4,9% s.e, lo que sería equivalente a una expansión de 1,2% en términos reales. Por su parte, los adelantos en cuenta corriente moderaron su ritmo de crecimiento, registrando un aumento promedio mensual de 2,5% (-1% a precios constantes).

 

Desde su implementación, la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP) viene siendo el vehículo utilizado para canalizar el crédito comercial a las MiPyMEs. A fines de febrero, se llevan otorgados préstamos por, aproximadamente, un total de $311.393 millones, un 29% más respecto al término de enero. En cuanto al destino de estos fondos, alrededor del 84% del total desembolsado corresponde a la financiación de capital de trabajo y el resto a la línea que financia proyectos de inversión. 

Destacamos la continuidad del financiamiento al capital de trabajo y no a la inversión productiva en razón que nuestra visión de la economía es que el desarrollo económico requiere de modo prioritario y como condición necesaria (pero no suficiente) del financiamiento a la inversión productiva. 

Cuando el financiamiento se dirige al capital de trabajo de modo tan protagónico lo que observamos que se reproduce el mismo esquema productivo, aunque -dada la existencia de cierta capacidad ociosa- se expandan los volúmenes producidos. Es a nuestro modo de ver “mas de lo mismo” y de ningún modo ese modo de reproducción concurre al proceso de acumulación de capital que requiere el desarrollo en todas sus formas. 

Pero el Informe Monetario del BCRA de febrero 2021 nos advierte sobre una situación que pone límites al consumo, fuente de los documentos que la LFIP descuenta. 

Dice el BCRA: 

En este sentido, los medios de pagos mantuvieron, en los primeros meses del año, la tendencia decreciente observada desde el segundo semestre de 2020. Puntualmente en febrero, el circulante en poder del público registró una caída de 2,3% ajustado por estacionalidad y a precios constantes, mientras que los depósitos a la vista disminuyeron 0,9% s.e. en términos reales. En consecuencia, el M2 privado completó siete meses ininterrumpidas de variaciones negativas a precios constantes 

Y señala, en refuerzo de la tendencia que ya habíamos señalado en enero 2021: 

Por su parte, los depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado exhibieron, por segundo mes consecutivo, una tasa de variación mensual positiva en términos reales. De hecho, el crecimiento de febrero fue de 2,2%, y de este modo, acumularon un aumento de 21,3% en los últimos doce meses (ver Gráfico 2.3). Contemplando la evolución del saldo de las colocaciones a plazo a precios constantes, se verifica que el mismo se encuentra en niveles históricamente elevados. 

Lo que puede concluirse es que la solvencia de los agentes económicos que operan de modo formal y que disponen de excedentes de pesos está siendo derivada a colocaciones financieras (dólar linked o CER) en busca de cobertura ante, repetimos, “que se busca colocaciones financieras con cobertura defensiva frente a lo que se entiende como una economía inestable y con altas procacidades de cambios bruscos en las variables” mientras que la masa monetaria orientada a la disponibilidad para consumo también está siendo impactada negativamente. 

Debe tenerse presente que a partir de abril ya no habrá refinanciaciones forzadas por parte de los Bancos de los saldos impagos de las tarjetas de crédito y que simultáneamente se deberán comenzar a cancelar el plazo de 90 días del Ahora 12 por las compras hechas en enero 2021 bajo esa modalidad. 

Como ya lo señalé anteriormente la asimetría en la variación precios/salarios y los incrementos de las tarifas de servicios públicos (las audiencias están ya citadas) y privados (incrementos moderados que preanuncian ajustes mayores) más los incrementos impositivos de IIBB y tasas en las provincias habrá de impactar, para nuestra visión de modo negativo e importante en la variable que nosotros seguimos mes a mes que es el Ingreso Disponible. 

Es cierto que dado que estamos transitando un año electoral la política pública -pese a las necesidades perentorias en materia de obligaciones financieras con el exterior- promoverá el consumo para tratar de instalar una “sensación” de bienestar y satisfacción entre los votantes. 

Las posibilidades son en extremo limitadas y todas conllevan a mayores niveles de inflación y deterioro, consecuente, de la solvencia y del ingreso disponible de los consumidores-votantes. 

En consecuencia, nuestra recomendación es una invitación a reflexionar sobre la situación poselectoral, aunque el momento actual muestre una ficticia zona de confort que será la antesala de situaciones de sabor más amargo.  

Lic. Carlos G Schwartzer 

Colegiales, 6 de marzo de 2021