AJUSTE
FISCAL:
LA URGENCIA
NO DEBE REPETIR EL PASADO
Tras 108 años de déficit fiscal -déficit que raramente fue
orientado a gastos de inversión sino a satisfacer gastos corrientes- el
Gobierno Nacional adopta un camino que entendemos difícil y complejo: eliminar ya
el déficit estructural de las cuentas públicas.
Sin embargo, entendemos que el objetivo a cumplir no sólo
debe darse por la simple vía de recortar gastos improductivos o que no han
demostrado ni la eficiencia ni la eficacia para los que han sido asignados,
sino que la política de reducción del déficit fiscal debe también observar los
ingresos y la sustentabilidad de éstos.
Así, entre las últimas medidas que se adoptaron o están en
proceso de diseño parecen ignorar que es la Producción y consecuentemente el
Empleo que ésta genera las bases más sólidas para una sana, consistente y
sustentable policía de ingresos públicos tan importante y estratégica como el
recorte, a veces indiscriminado de una serie de partidas que mal se las denomina
“gastos”, cuando son claramente aportes genuinos a la inversión y al desarrollo
productivo.
Nos referimos específicamente a:
1.
La intención de suspender la exposición de los
Estados Contables y Patrimoniales ajustados por inflación. Debemos recordar que
dicha medida fue claramente dispuesta por la Ley 27.430 votada por el Congreso
de la Nación hace apenas 8 meses y nos llama la atención que la metodología
para desconocer un compromiso adquirido bajo el argumento de un cambio del
Índice de ajuste, que como señalamos, fue aprobado por el Congreso de la
Nación.
Esta intencionalidad es
refrendada no sólo por la Nación, sino por las autonomías federales que ven que,
si eso se activa, por los números tan altos de inflación que ha dado el INDEC,
el costo fiscal para el año que viene, por el pago de menos impuestos por ese
ajuste, será de $75.000 millones, que implica una reducción de la
coparticipación a las provincias de $42.495 millones.
De lado se deja la confianza y la
búsqueda de certidumbre que requiere la inversión y como viene sucediendo desde
el año 2002 se obliga a las PYME a continuar pagando un impuesto ficticio que
impacta en principio en su función de liquidez, pero finalmente condiciona las
decisiones de inversión.
Nos oponemos a esta decisión de política pública. La decisión de bajar
la presión fiscal a la Producción NO debe postergarse.
2.
Ya anunciada por el Ministerio de Hacienda la
baja de de los reembolsos a las exportaciones en un 66% se contradice con la
convocatoria a la la Industria a exportar, a salir al mundo.
Debe tenerse en cuenta, pese a a
algunas declaraciones de funcionarios nacionales, que las supuestas
compensaciones: ajuste del tipo de cambio y baja de Impuestos Provinciales
resultan no ya de dudosa factibilidad, sino que rebelan desconocimiento de los
impactos que producen y preferimos considerarlas respuestas de circunstancia
que respuestas consistentes con la realidad de la producción.
Por un lado, no es cierto que la
reducción del Impuesto a los Ingresos Brutos haya ocurrido, más aún, en algunos
casos, las Provincias han aumentado las tasas de ése impuesto y en forma
paralela y simultanea los Municipios han hecho lo mismo.
En relación a la otra
“compensación” que permite bajar los reembolsos que es el ajuste operado en los
últimos 90 días en el tipo de cambio, se ignora que las PYME poseen en promedio
un 40%de sus insumos de origen importado que se ajustan por el tipo de cambio y
simultáneamente la gran mayoría utiliza lo que se denominan “insumos
difundidos” que pese a ser de origen nacional, pero producidos por estructuras
monopólicas también ajustan por tipo de cambio.
Destacamos nuestra absoluta
convicción respecto que debe sostenerse un Mercado Único y Libre de Cambios
sujeto a la denominada “flotación plena” pero no es la competitividad cambiaria
el argumento empresario estratégico para adoptar la decisión de exportar. Si lo
son los reembolsos porque contribuyen a dotar de consistencia un “tipo de
cambio real percibido” afectado también por el nivel de costos bancarios que no
son ni siquiera considerados por la política pública.
3.
La eliminación del FonSoja, publicada hoy en el
Boletín Oficial, y consensuada con los Gobernadores restablece un orden
presupuestario y pone fin al clientelismo político ejercido por la anterior
Administración a través de los Intendentes sin participación de los
Gobernadores. La queja respecto a que con esos fondos la Intendencias
desarrollaban “obras públicas menores” es un mero artilugio discursivo que
ningún Intendente ha podido probar sumado a que esos fondos no exigían
rendición alguna y detraían de la Coparticipación Federal de Impuestos. Un
desmadre presupuestario que adquiere nuevamente el correspondiente orden
institucional
Por lo expuesto, instamos al Gobierno Nacional a rever las
decisiones relacionadas con lo que entendemos necesario -reiteramos- un ajuste
en el gasto público pero que se tenga especial atención cuando se trata de
“gastos” y cuando se trata de políticas públicas que habrán de generar
desarrollo económico dándole al ajuste fiscal una mayor sustentabilidad.
Colegiales, 15 de agosto de 2018
Lic. Carlos Guillermo Schwartzer
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