UNA PAREJA MALAVENIDA: PROMOCION DE INVERSIONES Y LOGICA DE LA CAJA

La información periodística da cuenta hoy de la pérdida de vigencia de uno de los Regímenes de Promoción de Inversiones que afanosamente diseñan e instrumentan los arquitectos de la política pública y que, como común denominador, muestran escasos resultados y pocos y pobres efectos en relación al resultado pretendido.

El diseño del régimen de la Ley 25.924 no fue distinto, aunque tuvo un detalle destacable. Por la intervención y propuesta de un legislador, se le impuso al Régimen un capítulo específico destinado a las PYME. La razón de ésta novedad se sustentaba en que el régimen era por concurso en base a un cupo y a efectos de evitar una posible competencia desleal entre proyectos, en función del tamaño, se generaba un tramo exclusivo.

La idea[1], novedosa, que ponía en evidencia la debilidad de las PYME para acceder a los instrumentos de política pública cuando éstos son puestos en vigencia bajo el supuesto de que la “universalidad” debe ser el rasgo central de la política pública en materia de desarrollo productivo, no tuvo el efecto esperado.

Vale preguntarse, sí, en el tramo en que debían presentarse las grandes empresas, el resultado fue el esperado para determinar si el no uso del régimen era una cuestión estrictamente PYME. La respuesta es NO. Tampoco en éste tramo la respuesta fue alentadora.

Queda en evidencia un rasgo característico de la política pública en materia de desarrollo productivo.

Las políticas se diseñan pensando en la “caja presente”, es decir en el impacto que sobre la recaudación de hoy tienen los instrumentos que se pretenden utilizar. Como suele suceder, y de modo obvio, cualquiera sea la política productiva que se desee fomentar, apoyar o desarrollar, NUNCA el impacto es en tiempo presente, nunca los incentivos que se ofrecen responden al deseo de inmediatez y mucho menos son, en el cortísimo plazo del año fiscal en el que se ponen en marcha, a costo “cero” para la “caja pública”.

La promoción de inversiones es una decisión estratégica de la política pública si ésta se plantea mejorar la sustentabilidad y consistencia de la gestión, incluida la financiera. Es más que obvio que en el presente el resultado será un “flujo de fondos negativo”, pero acompañar la inversión implica una mirada, un compromiso en términos de “proyecto” que también “valúa” el porvenir y presume que ejecutado el proyecto, el futuro será mejor. Esa posibilidad no existe en la “lógica de la caja”

Obviamente, la cuestión es sumamente delicada luego del “default” público que exige hoy un orden fiscal estricto y una conducta intachable en materia de cumplimiento de los vencimientos prometidos como resultado de la renegociación con los acreedores que aceptaron la propuesta realizada por éste Gobierno[2]. Sin embargo, la expansión del gasto público, el origen de los fondos con que se financia esa expansión y las metodologías para acotar el impacto que la inflación tiene sobre el repago de parte de los nuevos bonos emitidos para refinanciar los pasivos[3], sumados a los posicionamientos públicos en materia de orientación del gasto agregan dudas al sector productivo sobre una disciplina fiscal que por lo menos resulta de cumplimiento aleatorio (aunque podamos describir la lógica estricta de las decisiones que se toman).

Pero no le achaquemos a ésta Administración los errores de diseño de políticas productivas, en éste aspecto no es original. Si algo requieren en su diseño las políticas productivas es pensamiento estratégico, Es decir, demandan una visión, compartida con la sociedad, sobre cual es el rol de la producción en su desarrollo.

En nuestra opinión, en los últimos 50 años[4] no hubo debate alguno sobre esa visión y cada Gobierno, independientemente de su origen y legitimidad, aportó su sesgo cortoplacista con lógica de “caja” poniendo todo el énfasis posible en ignorar a la producción como base social fundamental de una Nación.

Obviamente, los resultados no podían ser otros que la crisis económica, política y social, cuyo tramo final comenzó a recorrerse a mediados de 1998 y concluyó –aunque sus consecuencias hoy están presentes de modo muy activo – en los dolorosas consecuencias de conciudadanos muertos por los aparatos estatales sin control y una puesta en escena de las pura y dura miseria y marginalidad del 50% de los ciudadanos.

Ya lo hemos señalado en otras publicaciones en éste “blog”, las políticas productivas que se implementan[5], tienen como fundamento un visión sobre las relaciones sociales, sean éstas expresadas en el propio ámbito productivo, como en el campo de la cultura, la política, la investigación, etc., tanto actuales como deseadas. Cuando ese diseño e implementación se desarrollan bajo la “lógica de la caja” los resultados no pueden ser otros que la ineficacia e ineficiencia de las mismas que le sirven a los “funcionarios diseñadores” como argumento para justificar el paso siguiente: no hacer nada.

Entonces, no es que el Gobierno “Muy sigilosamente y elecciones presidenciales mediante, dejó caer el Régimen de Promoción de Inversiones mediante el cual las empresas podían acceder a beneficios impositivos, si se comprometían a invertir en la compra de bienes de capital y/o encarar proyectos de infraestructura.” Como señala hoy el copete de la noticia.

Tampoco es novedosa, como señala la publicación que la política que el “flamante gobierno[6] de Cristina Kirchner busque asegurarse un importante colchón de recursos para el año próximo y no incurrir en mayores costos. Reforzar el superávit fiscal es una de las prioridades de la mandataria, ya que la caja se ha visto fuertemente debilitada en el último año. Es por ello que en tanto no represente un alto costo político, el Gobierno retrasará la prórroga de los beneficios el mayor tiempo posible. Durante los tres años que duraron los incentivos a la inversión, el cupo anual del régimen alcanzó los $ 1.200 millones, de los cuales $ 200 millones eran exclusivos para las Pymes. Sin embargo, sólo hicieron uso del beneficio algunas grandes empresas y por un monto bastante menor al establecido por el Gobierno.”

Lo que tampoco será novedoso, es el futuro.

De no diseñarse una política productiva permita el desarrollo y fortalecimiento de la Industria Nacional y en particular de las PYME, la sociedad deberá afrontar inexorablemente más de lo mismo: crisis recurrente, ajustes fiscales y consecuentemente nuevas y mayores frustraciones.

Esa política productiva debe incluir una Régimen de Promoción de Inversiones que seguramente habrá de contener instrumentos fiscales, pero que también debe contener políticas de financiamiento, seguridad jurídica, racionalidad en las relaciones intra-productivas ( no sólo en lo que se refiere a las relaciones Empresas-Sindicatos sino que también en las que se refieren a las de Grandes Empresas con las Pequeñas y Medianas, entre otras de las que no están ausentes el Estado en sus diversas jurisdicciones), medidas de resguardo y control de los impactos ambientales, entre otras.

En el mismo diario que motiva el comentario, un importante economista[7] describe la agenda de los que nos falta para mejorar el perfil exportador, sin embargo, entre lo que falta no incluye la cuestión fundamental.

Lo que nos falta, no sólo para ser buenos exportadores, sino para constituir un mercado nacional[8] vigoroso y que permita cumplir con el precepto constitucional de bienestar general es VISION.

Cuando ésta es reemplazada por indicadores de un bienestar efímero y que sólo representa a una minoría, el presente no se proyecta cómo consistente ni sustentable y lejos de alinearse en el cambio augura una simple repetición de antiguos y viejos fracasos.

[1] Desarrollada por el Diputado Carlos “Tato” Brown Presidente en ése momento de la Comisión de Industria de la H. Cámara de Diputados de la Nación
[2] Consideramos que el Gobierno es una continuidad, sin cesuras, del que renegoció la deuda más allá de los cambios de nombres o funciones. El “grupo estratégico de conducción del Estado” no ha modificado su composición.
[3] La manipulación estadística que se ha instalado en la Argentina, y en particular en los índices de precios que ajustan ciertas obligaciones financieras públicas a lo que se ha sumado ahora los indicadores socio-económicos reflejan una política de simulación que permite “ahorrar” espuriamente algunos millones de dólares hoy, pero cuyo costo en el mediano y largo plazo será multiplicado con creces en tanto acrecienta dudas sobre la lealtad del deudor, sobre todo porque ya esta puesto en duda el valor del indicador de referencia para otra serie de títulos basados en la variación del PBI.
[4] Se podrá estar o no de acuerdo con las decisiones tomadas y las políticas implementadas, pero no podrá negarse que fue en durante el período del Presidente Frondizi donde estuvo presente por última vez éste debate. Quienes, legítimamente o no, lo sucedieron no desarrollaron nunca una propuesta que tuviera como fundamento, la imaginación, creatividad y audacia de aquellas como así también su viabilidad y factibilidad. Pese a tener muy pocos años en aquellos tiempos, la investigación histórica, por más exhaustiva que sea no arroja resultados que contradigan esa realidad.
[5] Cuando se ignora ésta necesidad estratégica de la política pública y se resuelve “no hacer” la cuestión es mucho más grave y requiere un análisis que excede éste comentario.
[6] Ver Nota 1
[7] La publicación es El Cronista – 26/12/2007 y el economista es Gabriel Sánchez Presidente del IERAL-Fundación Mediterránea.
[8] El mercado nacional refleja no sólo las relaciones económicas que se desarrollan al interior de una economía sino que también incluyen a las que se desarrollan con el resto del mundo. Es por ello que el mercado interno se constituye en el fundamento estratégico del mercado nacional. De no ser así, nos referimos a una economía que esta pensada más como una factoría exportadora que como ámbito del desarrollo social, político y cultural de una comunidad.