PYME INDUSTRIALES[1]:
FUNDAMENTO DEL DESARROLLO
UNA BREVE INTRODUCCIÓN
El
desarrollo económico, tanto en sus aspectos políticos, sociales y económicos,
requiere el aporte fundamental de las PYMES, y en particular de las INDUSTRIALES.
En
lo político porque son ellas las que articulan equilibrios de poder
frente tanto al poder de las grandes empresas -sean nacionales o
multinacionales- y al Estado -en sus diversos niveles- como responsable no
sólo como receptor de las diversas demandas del conjunto de la sociedad sino
conminado a satisfacerlas. Las PYMES INDUSTRIALES desempeñan un rol fundamental
en la consecución no sólo de esas demandas, sino en el fortalecimiento del
diálogo y los concesos que permitan los logros institucionales.
En
lo social, en tanto las PYMES INDUSTRIALES poseen un fuerte arraigo,
compromiso y responsabilidad en sus comunidades y no sólo aportan desde lo
estrictamente productivo, sino que asumen y aportan al desarrollo comunitario
de modo activo en todas y cada una de las propuestas de la comunidad en la que
trabajan, pero también viven.
En
lo económico, las PYMES de todos los sectores, y en particular las
INDUSTRIALES, son importantes generadoras de empleo de calidad, sino que
aportan también su capacidad creadora, innovadora y expresan el potencial
productivo en materia de desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías y
metodologías novedosas de producción.
Tal
como lo demanda genuinamente el proceso de desarrollo económico, las PYMES
INDUSTRIALES, aportan sustentabilidad no sólo en materia ambiental sino en
términos más generales a los procesos productivos.
No
obstante, ante esa demanda genuina de la sociedad por lograr un desarrollo
sustentable, surgen para las PYMES INDUSTRIALES un conjunto de desafíos y
responsabilidades que requieren de políticas públicas que no sólo generen un
adecuado marco para afrontarlos, sino que generen instrumentos específicos que
permitan diseñar, implementar, mejorar y profundizar las acciones que las
PYMES INDUSTRIALES deben llevar adelante para dar satisfacción a la demanda
social de sustentabilidad.
Es
así como, con el objetivo de aportar al diálogo con los diversos niveles
responsables de las políticas públicas, hemos desarrollado esta Agenda donde
detallamos los principales desafíos que debemos afrontar y que contienen la
necesaria concurrencia de políticas públicas.
SOBRE LA POLITICA INDUSTRIAL
Antes
de detallar los aspectos que las PYMES INDUSTRIALES consideran relevantes es importante
referirnos a la Política Industrial.
Las PYMES INDUSTRIALES
necesitamos contar con reglas claras y estables que sólo pueden aplicarse a
través de una política industrial diseñada a partir del debate y consenso de
todos los actores y fundamentalmente de los representantes de las PYMES
INDUSTRIALES.
Tener un horizonte de
previsibilidad que nos permita llevar a cabo una estrategia de crecimiento con
inversión, innovación y con mejoras en la capacidad de generar empleo de
calidad.
Este requerimiento es
básico en momentos que asistimos a una reformulación de la “matriz productiva”
que implica la incorporación / transformación de nuevos sectores y regiones,
sino que también, porque esta reformulación lleva a redefinir el concepto
productivo de modo estratégico.
La llamada “Revolución
industrial 2.0” o “Industria 4,0” impacta no sólo en los materiales, las
comunicaciones, la logística productiva y de distribución, la apertura de
nuevos mercados (vía los TLC), etc., sino que conlleva impactos en la
organización social, en los flujos demográficos e incluso políticos y nos
interpela como Empresarios de PYMES INDUSTRIALES a dar respuestas innovadoras,
muchas veces disruptivas que requieren un cuidadoso análisis empresario pero
también demandan definiciones aún pendientes de la política pública.
Entendemos que el ámbito
para obtenerlas son las llamadas Mesas de Competitividad y en ése sentido sería
deseable que la representación de las PYMES INDUSTRIALES no se limitara tan
sólo a algunas Cámaras Sectoriales sino que se ampliara la base de diálogo
hacia quienes representamos a las PYMES INDUSTRIALES tanto no afiliadas a
Cámaras Sectoriales (estas sólo se circunscriben por lo general a las Empresas
del Área Metropolitana de Buenos Aires - AMBA) como radicadas en PARQUES
INDUSTRIALES o en las diversas regiones del territorio nacional.
Las Mesas de
Competitividad deben fortalecer su mirada FEDERAL en beneficio de la inclusión
-a través de sus genuinos representantes- de la mayor cantidad de PYMES INDUSTRIALES.
UN ASPECTO ESTRATÉGICO DE LA POLITICA INDUSTRIAL
El Conurbano, integrante del Área Metropolitana de
Buenos Aires, cuenta con un importante entramado industrial con alta
diversidad sectorial pero también en términos de productividad en donde
prevalecen las Micro, Pequeñas y Medianas Industrias (PYMI) con un rasgo que la
determinan: un alto grado de ellas poseen niveles de productividad muy bajos o
no compatibles con la media sectorial. Esta heterogeneidad es un punto de
atención de las políticas públicas por sus impactos no sólo
político-económicos, sino de altísima importancia social.
Ese entramado industrial altamente complejo es el
resultado de un conjunto de políticas públicas cuyo origen, si se rastrea la
Historia Argentina, se remonta a la etapa colonial y fundacional de lo que hoy
es la República Argentina.
No pretendemos acá ahondar en ese proceso que
convirtió al Puerto de Buenos Aires y sus alrededores, en el destino final -en
materia económica- de las inversiones, la radicación de población y
consecuentemente origen del poder político. Las consecuencias e impactos de esa
concentración explican gran parte de nuestros fracasos.
Sí queda en evidencia el agotamiento de la
denominada “política de sustitución de importaciones” adoptada, con diversas
expresiones de identidad y compromiso, hace ya un siglo atrás y que impulsó de
modo recargado la migración “campo-ciudad”.
Solo a modo de digresión.
Esa migración reflejó un modelo que encontraba su
razón de ser en el desarrollo en la agricultura y en menor medida en la
ganadería. Sin embargo, el modelo de desarrollo de esos sectores impulsó una visión
de utilización del recurso natural extensivo y no capital intensivo.
La política pública que alentó y convalidó de
diversas formas esa forma extensiva y a la vez concentrada de producción dio
fundamento a la migración y su consecuencia: el despoblamiento del llamado
“interior” y la concentración en el ámbito “porteño” como radicación de las
expectativas de progreso, bienestar y desarrollo personal.
Retornemos al punto.
Sostener en estos tiempos la “política de
sustitución de importaciones” con pretensiones de constituirnos como
“autónomos” de las cadenas de producción global es promover un seguro fracaso.
La persistencia en esa visión del desarrollo
económico y sus capítulos industriales junto con una visión de política
poblacional librada a cierto “laissez faire, laissez passer” dio paso al
desarrollo de un territorio que exhibe hoy, de modo dramático, las peores
condiciones de vida en materia de requisitos ambientales, sanitarios,
educativos y de indicadores sociales de pobreza y marginalidad
Esta situación da pie a dos procesos simultáneos:
la radicación industrial y el empleo
·
Por un lado un estancamiento en el desarrollo
industrial de las PYMI que se expresa en un fenómeno que denominamos “enanismo”
al no poder expandir sus espacios y verse limitados, simultáneamente por un conjunto
de restricciones ambientales, necesarias por el nivel de urbanización pero en
muchos casos resultado de la “sobre actuación” vecinal que parece preferir
“municipios dormitorio” y trasladarse cotidianamente hacia lugares de trabajo
distantes y que dan lugar al estancamiento en el desarrollo local, tanto
industrial como comercial y de servicios.
La
sustentabilidad, en materia ambiental, cuestiona y limita el desarrollo
industrial pero también pone en cuestión el modelo industrial impulsado por la
política pública.
Surge entonces la
pregunta: ¿dónde se debe relocalizar la industria sin que ello implique
pérdidas de empleo local y que a su vez esté acorde con las demandas de
carácter ambiental?
·
Y la cuestión de la pérdida del empleo local
Las “mudanzas
industriales” que en general salen del AMBA se trasladan a una distancia que
hace incompatible con sostener el empleo radicado en el emplazamiento original.
No hay, en la Argentina, una cultura de movilidad, salvo excepciones, de los
trabajadores hacia las nuevas localizaciones fabriles. Lo que coadyuba a
profundizar los problemas sociales y laborales del AMBA
Simultáneamente,
muchos de los trabajadores que la Empresa demanda en sus procesos de producción
son recursos capacitados y en muchos casos especializados que, de no aceptar el
traslado, la Empresa enfrenta serias dificultades, en su nuevo emplazamiento
para obtener calificaciones similares y en consecuencia, al costo propio de la
mudanza debe adicionarle la inversión en capacitación de nuevos trabajadores
con resultados que no puede prever.
Se genera o promueve un proceso de relocalización
de industrias que hoy resulta en extremo difícil de encarar para las PYMI por
las implicancias que posee una mudanza de estas características en ausencia de
instrumentos financieros acordes a estas necesidades, pero también -como
señalamos- a la escasa o nula oferta de mano de obra en los nuevos espacios dada
la inviabilidad del traslado del personal existente que da paso a un aumento de
la desocupación local.
Sin embargo, ese proceso de relocalización que se
induce forma parte de una “planificación tácita” motivada por la propia
dinámica de la producción capitalista. Fácticamente se instala un proceso de
“darwinismo” basado en que habrán de superar la crisis en curso aquellos que
hayan podido acompañar la dinámica de innovación, mejoras sustantivas de la
productividad, etc.; aunque el “etcétera” incluye la capacidad financiera para
afrontarlo.
Así, la falta de planificación urbana y del
desarrollo local por parte de los organismos públicos que debieron resguardar
los espacios industriales se hace en extremo notable y da paso a una
urbanización que hoy demanda servicios, pero también empleos que bajo estas
condiciones será difícil de satisfacer.
Comprendemos que la complejidad de la situación
económica y financiera por la que atraviesa la Nación y los Estados
subnacionales hacen imposible que las PYME, responsablemente, demanden el
desarrollo de Programas de Relocalización específicos porque en última
instancia es una demanda directa o indirecta de fondos públicos.
Pero también, las diversas Autoridades (nacionales,
provinciales y municipales) deben comprender la inviabilidad respecto a que la
PYME, con sus propias disponibilidades financieras, pueda hacer frente a tamaño
proceso de inversión. Sin embargo, se muestran ajenas al problema y no aceptan
ni comprenden la gravedad del dilema que enfrentan las PYME en esta situación
sosteniendo exigencias regulatorias como si la realidad no fuera la que con
mucho esfuerzo estamos atravesando.
Las PYMI buscan radicarse en agrupamientos o parque
industriales que les garantizan el espacio propicio para su funcionamiento y
desarrollo, les proveen los servicios necesarios y les brindan un espacio de
convivencia armónica con el entorno.
Echemos una mirada al AMBA.
El denominado “Corredor Oeste” cuya red vial
troncal es la Autopista del Oeste y su red de interconexión mediante el
denominado Camino del Buen Ayre y la Ruta Provincial 6 resulta un espacio de
singular importancia para la localización industrial, pero, en ausencia de
instrumentos específicos que contribuyan a su desarrollo la industria muestra
un importante límite a su expansión y restricciones a la incorporación de
mejoras de productividad en tanto no es posible sostener por mucho tiempo la
localización actual.
Si miramos el “Corredor Norte” ya empieza a mostrar
saturación y los valores de la tierra empiezan a ser inabordables.
Las diversas Autoridades (nacionales, provinciales
y municipales) deben comprender la inviabilidad respecto a que la PYME
INDUSTRIAL, con sus propias disponibilidades financieras, pueda hacer frente a
tamaño proceso de inversión. Sin embargo, se muestran ajenas al problema y no
aceptan ni comprenden la gravedad del dilema que enfrentan las PYME INDUSTRIAL
en esta situación sosteniendo exigencias regulatorias como si la realidad no
fuera la que con mucho esfuerzo estamos atravesando.
Más aún, los Gobiernos (subnacionales y locales)
muestran casi ningún compromiso con la resolución de una de las limitaciones
para la relocalización industrial. Sus “políticas de empleo” (básicamente de
capacitación hacia los nuevos empleos y otras cuestiones conexas a la llamada
“empleabilidad”) son inexistentes o reflejan la falta de comprensión de la
dinámica del empleo.
Las provincias y municipios parecen no estar
preocupadas por las pulsiones despobladoras que observan y todo parece indicar
que “alientan” la migración como metodología de resolución de sus problemas.
“Si el problema se fue, el problema ya no es mío, es decir, lo solucioné”. De
esta perversa manera se concibe la política de desarrollo local. Menor
población, mejora los “ratio” de gestión. Un escándalo que carece de
visibilidad.
Si la INDUSTRIA es la que genera, induce e
incorpora la innovación y consecuentemente genera empleo de calidad con alto
grado de productividad y sustentabilidad, entonces, estas cuestiones deben ser
parte de los proyectos políticos de quienes aspiran a conducir los destinos
nacionales.
Hoy, esas responsabilidades no le generan a la
política interés alguno.
MEJORAR LA EFICIENCIA PRODUCTIVA Y LA
COMPETITIVIDAD
Es
esta una cuestión estratégica.
Por
ello se hace imprescindible adoptar un conjunto de decisiones y de políticas
públicas que den un marco propicio a estos desafíos para las PYMES
INDUSTRIALES:
EN MATERIA DE IMPORTACIONES:
• Si bien la integración en el MERCOSUR es una
política de Estado que acompañamos y apoyamos y que estimamos con un
promisorio futuro existen algunas dificultades en el comercio interregional que
deben ser resueltas.
Nos referimos a la existencia
de triangulación de producciones (básicamente utilizando a Brasil) que
implican una competencia desleal con la producción nacional y que afecta de
modo importante a sectores sensibles como calzado, indumentaria, e incluso
metalmecánica.
• El excesivo tiempo que demandan las denuncias
por prácticas desleales (una denuncia por dumping/daño demanda 18 meses cuando
otros países lo resuelven en apenas 1 a 3 meses). A modo de simple ejemplo un
expediente de dumping promediando la investigación lleva ya 1 año de trámite y
acumula casi 2000 fojas), mientras que observamos como otros países, también
miembros de la OMC resuelven los “dumping” contra las producciones nacionales
en apenas 3 meses (caso EE. UU. en Biocombustibles)
·
Es
necesario que la Dirección General de Aduanas proceda a una actualización del
Nomenclador Arancelario que se adapte a las nuevas tecnologías y evite, en la
medida de lo posible, la creación de “posiciones bolsa”
• La escasa importancia que el servicio
aduanero presta a los valores FOB declarados en Aduana lo que ha dado lugar a
procedimientos de subfacturación y sobrefacturación con el daño no sólo fiscal
sino el que se le genera a las PYMES INDUSTRIALES.
La práctica es conocida: con
tipo de cambio alto, altas tasas de interés y restricción de acceso al
financiamiento, la subfacturación de importaciones se convierte en la metodología
para tratar de afectar la liquidez de la Empresa de modo lo más acotado
posible. Sin embargo, la Aduana, pese a contar con todos los elementos
estadísticos a su alcance -del que ya no disponemos las Empresas- no ejerce
control alguno sobre los precios declarados antes y ahora.
• Simultáneamente, las PYME INDUSTRIALES deben
enfrentar la competencia desleal por parte de productos importados que
provienen de la informalidad productiva como es el caso de algunas
producciones del Sudeste Asiático -aunque no es la única zona- y el contrabando
(casos calzado, indumentaria, electrónica, etc.)
• El sistema financiero argentino no ofrece
cartas de crédito para la importación de partes, piezas e insumos y todo se
resume en condiciones de 100% anticipado o 30% anticipado y 70% vista en el
mejor de los casos lo que demanda esfuerzos financieros importantes que se
financian con crédito comercial a tasas incompatibles con la realidad
empresarial y la voluntad política de vencer la inflación que en la medida de
nuestras posibilidades acompañamos.
• Simultáneamente, aunque se han producido
importantes mejoras, el Régimen de Importación Temporaria para producciones
destinadas a la exportación demanda una visión innovadora que desarrollamos en
párrafo aparte.
• El reciente aumento de la alícuota y
extensión de las operaciones alcanzadas por la tasa de estadística implementado
por Decreto 332/2019, impacta directamente en los precios de los productos
importados y de los bienes nacionales en cuya elaboración hay componente importado.
Consideramos que el momento no es para nada oportuno para encarecer los
productos para el mercado local ni para la exportación.
EN MATERIA
DE EXPORTACIONES
• Ausencia de instrumentos o programas de
promoción de exportaciones destinados a PYMES INDUSTRIALES. Destacamos que
oportunamente existieron Programas (PREX, Consorcios de Exportación entre
otros) que generaron resultados importantes para las PYMES INDUSTRIALES y que
su discontinuidad, basada en decisiones de política económica. interrumpió
importantes procesos de desarrollo de las exportaciones PYMES INDUSTRIALES
• No existen de modo fluido y costos razonables
líneas de prefinanciación de exportaciones
• Se continúan aplicando retenciones a las
exportaciones INDUSTRIALES que, como señalamos más adelante, forma parte del
modo en que el sector privado de la economía se debe hacer cargo de un ajuste
que la “política” no hace. La desgravación aplicada a través de los decretos
280 y 335 es insuficiente (aplicable sólo a aquellas PYMES INDUSTRIALES que logren
aumentar sus exportaciones del año anterior, pero hasta U$S 600.000.- de
exceso).
·
La
vigencia de los derechos de exportación y el tope de U$S 3 fueron establecidos
con una fecha de vencimiento posterior a la finalización del mandato de la presente
Administración, lo que genera una fuerte incertidumbre que las mismas sean
prorrogadas por la próxima gestión.
·
Las
PYMES INDUSTRIALES deben gozar del máximo reintegro como mínimo el total de los
impuestos incluidos en el bien producido aplicable a las exportaciones siendo
que para lograr conquistar los mercados externos deben competir en la mayoría
de los casos con grandes empresas y multinacionales, pero a un costo y con un
esfuerzo mucho mayor.
En la actualidad la
devolución de impuestos en forma tardía comprende de modo exclusivo al Impuesto
al Valor Agregado contenido en tanto impuesto indirecto.
Sin embargo, el complejo
entramado tributario argentino da cuenta de un conjunto de impuestos
subnacionales y tasas municipales que se aplican sin diferenciar el destino y
que agravan la ya comprometida competitividad tanto de los proyectos
exportadores como de las exportaciones PYMES INDUSTRIALES.
Debe tenerse en cuenta que
las PYMES INDUSTRIALES exportan bienes con diverso grado de valor agregado y
cuyos componentes, partes y piezas atraviesan muchas veces jurisdicciones
diversas que gravan esos productos impactando en el cálculo de precio de
exportación por lo que es indispensable excluirlos.
·
Resulta
fundamental que la Argentina regularice sus relaciones financieras de modo
pleno con las Agencias de Seguro de Crédito a la Exportación de modo tal que
las Cartas de Crédito que emitan los Bancos locales sean aceptadas por los
Bancos del exterior de modo tal de poder obtener mejores condiciones financieras
para el aprovisionamiento de insumos, partes, piezas y bienes de capital.
Hemos
elaborado una Propuesta que detallamos a continuación:
PROPUESTA PARA PROMOCION DE EXPORTACIONES
Exportar significa establecer, reforzar, ampliar y consolidar
la pertenencia de la Argentina al llamado “mercado mundial”, aunque ahora
llamado de modo más limitado “mercado global”
La diferencia radica en que “mundial” era una
aspiración a cierta “universalidad” ciertamente voluntarista, mientras que “global”
refiere a aquellas economías y sociedades que forman parte de la organización
capitalista y si dinámica. Básicamente “economías abiertas” y de fronteras
permeables.
Sin embargo, las derivaciones de una “crisis
capitalista” a escala global y con diversas manifestaciones ha llevado a los
países a virar hacia formas proteccionistas (un rasgo similar a la etapa que
dio paso a un conflicto armado (1ra Guerra “Mundial”) y sus consecuencias.
Fueron precisamente éstas las que abrieron la puerta a una 2da. Confrontación
(ya anunciada por el propio Keynes en 1919).
Ese “nacionalismo económico” en ciernes que genera
pulsiones de autonomismo económico con sus respectivas respuestas políticas
signadas por un neopopulismo conservador lleva a preguntarse, si todos quieren
“vender” y se levantan barreras arancelarias y paraarancelarias de todo tipo
sin analizar impactos ¿a quién venderle?
Exportar no sólo VENDER sino generar INTERCAMBIO,
es decir, COMPRAR.
Sobre estas mínimas ideas desarrollamos nuestra
propuesta.
Toda exportación, desarrollada por una empresa
-sean o no PYMES INDUSTRIALES- que contiene insumos, partes o piezas de origen
importado posee un régimen específico de importación temporaria que implica
una serie de beneficios fiscales y aduaneros.
Sin embargo, los productores-exportadores, por sus
insumos, partes y piezas de origen nacional de los productos a
exportar no disponen de un régimen similar que les evite afrontar la carga
tributaria basada en la cadena de abastecimiento.
Por ejemplo, el Impuesto a los Ingresos Brutos en
tanto “impuesto cascada” o algunas tasas municipales que se van adicionando
conforme el insumo nacional recorre la cadena desde su producción, distribución
hasta llegar a su destino final que es el de ser parte de un producto a
exportar.
Pese a que existe un régimen de devolución del IVA
contenido (art 43° de la Ley 23.349 – t.o Decreto 280/1997) que siempre es
motivo de diversas observaciones por parte del sector empresario exportador en
particular por los tiempos de gestión y acreditación que conlleva, no están
incluidos los impuestos, tasas y contribuciones que pagan los insumos, partes
y piezas de origen nacional por los impuestos de nivel subnacional (IIBB y
tasas municipales diversas)
Bastaría con permitir que la industria que adquiere
materias primas destinadas a la exportación no deba enfrentar la presión
tributaria nacional (IVA) o subnacional (IIBB, Tasas Municipales, etc.).
Nos referimos a desarrollar un sistema que funcione
de modo similar a la importación temporaria de insumos, partes y piezas
importadas y que obviamente deberán cumplimentar los mismos requisitos en
materia de formalización y control.
Dado que existe la Ley PYMES INDUSTRIALES, este
régimen puede acotarse a las Empresas Inscriptas en el Registro PYMES
INDUSTRIALES lo que generaría un nuevo aliciente para el fortalecimiento del
Régimen.
EN RELACIÓN CON LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
(TLC)
De diversas formas tomamos conocimiento que la
República Argentina, a través de su Cancillería, se encuentra negociando
diversos TLC tanto con la Unión Europea, como con Corea del Sur, Canadá, EFTA
(según sus siglas en inglés), compuesto por los países europeos Noruega,
Islandia, Suiza y Liechtenstein y existe una fuerte presión de Uruguay dentro
del MERCOSUR para avanzar con un TLC con China. A su vez, desconocemos los
avances de la Cancillería respecto de la Alianza del Pacífico. Debemos
considerar que los acuerdos bilaterales contemplan mejores posibilidades para
PYMES INDUSTRIALES dado que las objeciones se reducen a un solo país y las
posibilidades de diversidad de ofertas se amplían.
Pero todo TLC implica como señalamos, facilidades
para VENDER siempre y cuando implique estemos dispuestos a COMPRAR.
Nuestra propuesta está referida a mejorar el perfil
para VENDER. Que deberíamos, debemos o podemos COMPRAR implica una cuestión de
reformulación de la política industrial con, obviamente, una profunda
restructuración de la matriz productiva y sus impactos.
Para
las PYMES INDUSTRIALES el desarrollo de los TLC, tales como los que nombramos
y todo otro que en el futuro se negocie, es un desafío importante y simultáneamente
la aparición de un conjunto de oportunidades de singular trascendencia y
resultados que esperamos sean promisorios para el conjunto de la economía
nacional que podrían ampliarse y perfeccionarse si se hacen bilateralmente.
Las
PYMES INDUSTRIALES entendemos con claridad que el avance de los TLC no sólo
implica una reestructuración y reformulación productiva para muchos sectores
que en cada caso demandaran análisis sectoriales particulares y políticas
públicas especializadas, sino que vemos esos avances como un desafío a lo que
podríamos llamar la “cultura productiva”.
Los
TLC nos demandan una apertura intelectual que nos obliga a revisar nuestra
visión de la economía mundial y analizar, evaluar el modo en que nos hemos de
integrar a ella.
No
nos amilana el desafío. Estamos dispuestos.
Nuestra
demanda en este punto se dirige a la necesidad de desarrollar y profundizar
las metodologías de diálogo sectorial y regional para que la necesaria integración
a las cadenas y mercados específicos resulten con impactos lo menos traumáticos
posibles y de ese modo poder acceder con la mayor intensidad a las oportunidades
que se generan.
En
tal sentido, definidos esos impactos y oportunidades se hace imprescindible
formular políticas públicas adecuadas que generen instrumentos para contener
los impactos negativos y para potenciar las oportunidades emergentes.
CUESTIONES IMPOSITIVAS
Es
importante reconocer las mejoras introducidas en la Ley PYME INDUSTRIALES
y sus beneficios en torno a los incentivos a las inversiones y la reducción de
algunos impuestos, pero es necesario un cambio más profundo que opere con mayor
significación en el impacto excesivo que tienen los impuestos en los costos de
una PYMES INDUSTRIALES y en los precios a los que sus productos son colocados
en el mercado internacional.
Existen
numerosas PYMES INDUSTRIALES que no han podido inscribirse en el Registro de la
AFIP para acceder a los beneficios de la Ley PYME INDUSTRIALES (alrededor
de 400 mil) mientras tanto el volumen de financiaciones por planes de pago a
las PYMES INDUSTRIALES es creciente de modo exponencial lo que pone en
evidencia una fragilidad de importancia fundamental.
La
presión tributaria incompatible con la producción ha dejado un remanente de
consecuencias difíciles de predecir.
A
modo de ejemplo, y en materia tributaria:
Tal
como está diseñado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un tipo de impuesto
indirecto compensable entre débitos y créditos fiscales y cuyo saldo debe ser
ingresado mensualmente siguiendo el método de “lo devengado”
Tal
diseño responde a una dinámica económica que SUPONE que las ventas que se
realizan (y que dan lugar a los débitos fiscales) son compensadas en el mismo
mes por las compras que realiza la industria que le agrega el “valor agregado”.
Sin
embargo, la Argentina no responde en su organización económica a tales supuestos
teóricos, sobre todo cuando en el sistema económico rige un tipo de interés de
singular significación y complementariamente se establece, pese a la alta tasa
de interés, un racionamiento del crédito que impacta directamente en las PYMES
INDUSTRIALES, a lo que también debemos sumarle el estiramiento -casi al borde
la ruptura- de la cadena de pagos (en tal sentido el BCRA ha reconocido un
incremento de más del 50% de los cheques rechazados no recuperados)
En
tales circunstancias, el Industrial -por ejemplo- que produce en el mes 1, paga
en ese mes el IVA por ventas que ha de cobrar a los 60/90 días, con lo cual el
Productor, debe financiar al Comprados -dado el régimen de lo devengado-, el
IVA facturado sujeto a las restricciones que mencionamos más arriba.
El
contra argumento que se puede generar es que el Productor en el mismo periodo
realiza compras que generan un “crédito fiscal” en materia de IVA y que en
consecuencia puede existir neutralidad.
Esto
no es así, porque:
o
Dada la
recesión en curso, los niveles de producción se desaceleran (la capacidad
utilizada ronda un piso del 60%) y en consecuencia no hay tal volumen de
generación de crédito fiscal para compensar los débitos generados
o
A su
vez, el Productor, en general se abastece de los denominados “insumos
difundidos” cuya producción y distribución en condiciones oligopólicas genera
una situación de poder tal sobre las PYMES INDUSTRIALES a las que se les exige
desde pagos anticipados o “contado total contra entrega”, lo que hace que el
crédito fiscal que podría compensar las condiciones complejas del mercado es
pagado también en las mismas condiciones.
Bajo
estas condiciones el Productor sigue financiando al Comprador en una “cadena
productiva” que expone estas asimetrías que deben ser atendidas de modo URGENTE
y específico.
Sin
embargo, el denominado “costo argentino” (conformado por un conjunto de costos
indirectos no revelados de modo explícito o “precios sombra”) es una realidad
que condiciona la competitividad de la producción nacional.
Distinto
y más grave es la situación del Impuesto a los Ingresos Brutos y Tasas
Municipales (que también se cancelan por el método de lo devengado y cuya base
de cálculo es volumen de ventas y no el costo de la prestación del servicio) y
que no tienen sistema alguno de compensación y deben ser cargadas directamente
al costo de producción por lo que neutralizar estos costos es definitorio para
obtener negocios en el exterior y como efecto colateral de la posibilidad de
crecimiento productivo de esa PYME con mayor empleo y actividad.
Se
explica así, el “porqué” la AFIP debe sistemáticamente reforzar los planes de
pago, moratorias, etc. al igual que los Institutos de Recaudación Provincial y
Municipal.
Así,
a la Irregular adhesión de las jurisdicciones subnacionales (Provincias y
Municipios) al Acuerdo Fiscal Federal 2017 implica en muchos casos suba de tasas
e IIBB, creación de tasas municipales sin prestación de servicio alguno, etc.
Más
aún, al no hacerse transparentes los compromisos asumidos a las PYMES
INDUSTRIALES les resulta muy difícil comprender los alcances de esos importantes
Acuerdos.
Las
PYMES INDUSTRIALES hacemos un llamado a la responsabilidad tanto de quienes
están a cargo de la gestión gubernamental, como de los diversos sectores del
arco político parlamentario pero que sostienen aspiraciones de asumir la gestión
gubernamental en todas y cada una de las jurisdicciones a legislar en materia
impositiva con responsabilidad y desarrollar metodologías de resolución de
dichos déficit no sólo no generándolos sino que cuando existen, por las razones
que se invoquen, no conviertan a la producción y el trabajo del sector privado
en la base para la resolución de tales problemas.
Los
modos en que se está legislando en esta oportunidad parecen señalar que
nuevamente será el sector privado y no la “política” la que cargará con el
costo del ajuste. Entendemos que ha llegado el momento de invertir los
esfuerzos.
La
PYMES INDUSTRIALES ya muestra serios síntomas de agotamiento frente a una carga
fiscal imposible de sostener y que requiere ingresar a refinanciaciones o
moratorias con tasas de interés altamente reales positivas lo que agrava aún
más el problema.
Entre
los temas urgentes y a resolver en el corto plazo se encuentran:
1. Luego de la sanción de la reforma tributaria
(Ley 27.430) que redujo para el año 2018 la alícuota del Impuesto a las
Ganancias, del 35 al 30%, la AFIP aún no emitió la norma reglamentaria
permitiendo que las empresas adecuen los nuevos anticipos que, para las
sociedades que cerraron su ejercicio el 31 de diciembre ya comenzaron a
abonarlos en el mes de junio pasado. La “solución” de la AFIP sólo permite
reducir el monto de los anticipos cuando el importe de estos que se estimen
abonar supere en un 40% al tributo anual que deba pagar.
2. Debe limitarse la prohibición de no
actualización (indexación) cuando las PYMES INDUSTRIALES emiten facturas en
pesos con plazos de pago mayores a los 30 días o cuando, aún con la condición
de contado, el cliente la paga con documentos a plazos mayores.
3. Debe permitirse la completa compensación de
Impuestos a todos los niveles jurisdiccionales evitando la acumulación de
saldos a favor que no reciben remuneración alguna -sobre todo a las tasas de
interés vigentes y a los índices de inflación actuales. La no compensación
significa tanto a nivel de la AFIP como del Convenio Multilateral y de los
tributos locales (aunque se los denomine tasas) un desagio de muy negativo
impacto en las PYMES INDUSTRIALES.
4. Producir una “tregua tributaria” de modo que
las PYMES INDUSTRIALES puedan reorganizar sus DDJJ, documentación
respaldatoria, etc. Evitando que por la carencia de una estructura
especializada deba enfrentar inspecciones sistemáticas que le imponen multas,
embargos con la consiguiente carga de honorarios a abogados muchas veces por
diferencias involuntarias. No se trata de PYME INDUSTRIALESS que eluden o
evaden impuestos dado que están plenamente registradas. Si debieran incentivarse
los controles hacia los mercados y productores marginales.
5. Reformulación de las normas que permitan a
las PYMES INDUSTRIALES, cumplidos los plazos de vencimiento y las intimaciones
de pago, considerar como incobrables créditos por ventas no recuperados sin
necesidad de ejecución y ser deducidos del Impuesto a las Ganancias. En caso de
recuperación, permitir rectificativas o su consideración en el siguiente
ejercicio.
6. Metodología progresiva y no compulsiva de
transformación del contribuyente (microempresa PYMES INDUSTRIALES) del Régimen
Simplificado al Régimen General sin incluir reclamos retroactivos siempre y
cuando, y en el caso que tenga empleados, éstos estén regularizados.
7. Desarrollo de un sistema de facilidades que
promueva la sucesión en las Empresas PYMES INDUSTRIALES de base familiar. Dicho
sistema debe incluir desde facilidades formales (tributarias y societarias) y
crediticias (para promover la restructuración y la incorporación de nuevas
formas productivas: innovación, diseño, reestructuración) evitando la
fragmentación y promoviendo la continuidad.
8. Si bien excede la cuestión tributaria,
señalamos que en los juicios sucesorios donde se identifique como integrante de
este una empresa PYMES INDUSTRIALES en marcha, el sistema judicial deberá
sostener criterios de continuidad y no meramente patrimoniales.
9. Elevar del 10% al 20% el crédito fiscal por
inversiones en el Impuesto a las Ganancias. Incluir como inversiones no sólo la
incorporación de bienes de capital sino la incorporación de mejoras o
reestructuraciones productivas que provengan de la innovación, el diseño y la
ingeniería o los servicios y que impliquen mejoras sustantivas en la
productividad.
10. Eliminación del Régimen de Anticipos en el
Impuesto a las Ganancias o en su defecto la actualización por inflación de los
Anticipos y Retenciones del Impuesto a las Ganancias.
11. Autorizar la amortización acelerada para los
bienes de capital nuevos que incorpore la PYMES INDUSTRIALES
CUESTIONES LABORALES
·
No hay una completa aceptación a nivel nacional de
la Ley Complementaria de ART (Ley 27.348)
·
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)
debe desarrollar los concursos para la conformación de las Comisiones Médicas e
implementar que sus integrantes no perciban honorarios sino una remuneración
normal y habitual.
• La judicialización
de las relaciones laborales y el desarrollo de un sistema jurisprudencial que
en los hechos opera como una “legislación” en sí misma.
·
En materia de negociación laboral a nivel de
paritarias, debe eliminarse la denominada “ultraactividad” dado que la
dinámica de la producción requiere una permanente actualización de las
relaciones laborales por el surgimiento o implementación de nuevas tecnologías
o innovaciones.
·
Resulta
URGENTE una transformación de las relaciones laborales para que éstas se
correspondan con las nuevas formas de organizar la producción en un elemental
marco de respeto a los Convenios Internacionales (OIT, etc.)
De ninguna
manera las PYMES INDUSTRIALES pretenden instalar formas de trabajo o de
relaciones laborales que impliquen condiciones que alteren las normas del
trabajo decente, justamente remunerado y que se desenvuelva en unas condiciones
y medio ambiente laboral que fomente la inclusión, la capacitación permanente
y de respuesta a las aspiraciones de movilidad social a través del trabajo
personal.
·
Sin esa
transformación las relaciones laborales irán de modo paulatino, pero sistemático,
y sobre todo en los sectores productivos críticos (fundamentalmente los
relacionados a los “no transables”) haciéndose más opacas y complejas en tanto
el imperio de la realidad conllevara a ambos sectores a aceptar condiciones de
trabajo informales.
·
Transformado
el sistema laboral y con una decidida política orientada a impedir relaciones
laborales informales, el mercado interno habrá de contar con consumidores
solventes y dispuestos a consumir de modo creciente productos y servicios de
mayor calidad y sofisticación.
·
La
eliminación de las contribuciones patronales es determinante para la relación
laboral, la carga contributiva debe ser trasladada al trabajador compensándola
con un incremento que mantenga el salario de bolsillo inalterable, siendo la
misión del empleador ser agente de retención responsable.
MERCADO INTERNO
Las PYME
INDUSTRIALES no somos ajenas al comportamiento del mercado interno y su
fortalecimiento y desarrollo es parte de nuestra atención permanente.
Pero a su vez, mercado interno y empleo no
son cuestiones que puedan tratarse de modo aislado
En tal sentido,
coincidimos con las políticas gubernamentales en materia antiinflacionaria
porque es una de las cuestiones fundamentales para la sustentabilidad del
mercado interno, pero entendemos que, como ya señalamos, es necesario fomentar
la transparencia eliminando la opacidad fiscal de las jurisdicciones
subnacionales, ampliando la base de contribuyentes, combatiendo la competencia
desleal y el contrabando, entre otras.
Las PYME
INDUSTRIALES apoyan los sistemas de promoción del consumo diseñados por la
política pública (Ahora 12, Precios Cuidados y Esenciales, entre otros).
Sin embargo, el
fortalecimiento del mercado interno y de los consumidores es la consecuencia de
la solvencia que éstos disponen.
La solvencia de
los consumidores esta seriamente afectada por las políticas monetarias en tanto
por la vía de la “Promoción del Consumo – Resolución MEyF 671/2014 – AHORA 12”
se instrumentó lo que denominamos “emisión monetaria indirecta”
Esta metodología
de emisión monetaria significa un traslado a los consumidores, mediante
incentivos de financiarización a obtener los recursos, lo que supone que el
Banco Central y el Tesoro Nacional transfieren la emisión de deuda hacia los
consumidores.
Bajo esta
modalidad los consumidores incrementaron de manera exponencial sus deudas y
compromisos financieros, como bien lo observaba Lord J.M. Keynes, se consumió
el futuro muy rápidamente y en forma asimétrica al ralentizado crecimiento de
los ingresos de los consumidores.
Este “descalce” implica
hoy un stock de créditos al consumo en poder del sistema financiero con
dificultades para recuperarla y que, limitan el poder de compra de los
consumidores. Las estadísticas de consumo interno reflejan en su deterioro esta
realidad: elevado endeudamiento de los consumidores y caída en los ingresos en
un contexto de alta inflación que impide que éstos puedan alinearse a las
obligaciones derivadas de la financiación del consumo.
Así, entendemos que el Banco Central de la
República Argentina debería desarrollar normativa específica que ponga límites
a los costos del financiamiento por parte de los productos bancarios destinados
a financiar el consumo.
La existencia de costos que pueden ser considerados
usurarios no contribuyen a la sustentabilidad de un mercado interno que
muestra debilidades en materia de solvencia.
Desde el Poder Ejecutivo Nacional debería
desarrollar una política específica que permita desarrollar una “moratoria
crediticia” que permita a los deudores, ya sea refinanciar o re perfilar, sus
deudas de modo razonable y de ésa manera permitir que la demanda adquiera
sustentabilidad.
Del mismo modo, el sistema tributario, a través del
Impuesto a las Ganancias, que deben enfrentar los trabajadores en relación de
dependencia y los beneficiarios de los sistemas de seguridad social que
conforman gran parte del mercado interno detrae por su magnitud recursos muy
importantes al consumo.
El Impuesto al Valor Agregado, en tanto impuesto
indirecto, también impacta por su magnitud en el ingreso disponible de los
consumidores y no contribuye a la sustentabilidad del mercado interno. A este
Impuesto debemos agregarle la presión tributaria que se ejerce sobre el
consumo en las Provincias vía el Impuesto a los Ingresos Brutos.
El sistema tributario debe ser proactivo en materia
de desarrollo, fortalecimiento y sustentabilidad del mercado interno en tanto
éste conforma una cuestión estratégica para toda la economía nacional.
A su vez es de
mucha importancia la aprobación y posterior implementación de la Ley de Compre
Nacional que debe ser ampliada en sus ámbitos de aplicación promoviendo que las
Provincias y Municipios implementen o adhieran a regímenes similares y que
simultáneamente la totalidad del Estado Nacional se vea alcanzado por la norma
legal.
Se hace necesario
avanzar en el Proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo para redefinir
el concepto de “Producto Argentino”.
Los nuevos
desarrollos organizacionales y productivos ameritan redefinir esa metodología,
tal como lo es para el caso de la industria electrónica, por ejemplo.
FINANCIAMIENTO AL
DESARROLLO. TASAS DE INTERÉS A LA INVERSIÓN COMPETITIVAS.
Se trata de una
cuestión estratégica que nos lleva a formularnos la siguiente pregunta:
¿Está el modelo de
“banca comercial” que se desarrolla en la Argentina, preparado para
reconvertirse, al menos una porción, en una “banca de desarrollo o de largo
plazo” al estilo del que poseen sobre todo, muchos países de Europa e incluso
Brasil y consecuentemente reconvertir su visión del financiamiento a personas
(casi usurario) a un sistema de financiamiento a proyectos que requieren otras
tasas de interés pero fundamentalmente otros criterios de evaluación en materia
de factibilidad, viabilidad y riesgo?
Lamentablemente la
respuesta es NO.
El “cepo monetario” que desarrolla la actual
política monetaria da lugar a una tasa de interés que muestra claros signos de
rigidez a la baja y que convierte a los proyectos de inversión en absolutamente
inviables, no sólo por la ausencia de instrumentos financieros adaptados a ésas
necesidades, sino porque resulta técnicamente inviable desarrollar un flujo de
fondos para las inversiones que incluya desembolsos financieros en concepto de
intereses de tal magnitud que hacen que el proyecto resulte una riesgo
imposible de asumir por la PYMES INDUSTRIALES.
Pero esta situación respecto del
financiamiento de la inversión ha de tener consecuencias más graves.
En pleno proceso de reestructuración
productiva donde la demanda de mejoras en la productividad total de los
factores -incluidos los equipos de producción- resulta un imperativo al que la
política pública le exige a las PYMES INDUSTRIALES ampliar el grado de apertura
y desarrollar proyectos exportadores, el impacto de truncar los procesos de
inversión habrán de generar cambios profundos y difíciles de revertir en la lo
que se da en llamar la propensión a
invertir
A esto debe sumarse que muchas PYMES
INDUSTRIALES con proyectos de inversión en marcha han contraído -a partir del
diseño de sus proyectos de inversión – deudas en dólares cuando aún no se había
producido el proceso de depreciación de la moneda nacional. La inexistencia de
instrumentos que resolvieran este descalce no previsto y la obligación de
cancelar esos pasivos ya sea por la adquisición o leasing, de bienes de
capital, insumos o partes y piezas está aún configurando una amenaza de fuerte
impacto en la función financiera de las PYMES INDUSTRIALES de extrema gravedad.
La asistencia
financiera a PYMES INDUSTRIALES ha sido resuelta mediante mecanismos
imperfectos del mercado. No resulta posible que un sistema bancario de
características comerciales (enfocado a tarjetas de crédito y créditos personales,
ávidos en captar “cuentas sueldos”), pueda atender la demanda de créditos de
inversión -cuya maduración nunca es de corto plazo- que obviamente requieren
otro tipo de fondeo, evaluación y análisis de riesgo.
La banca de
inversión requiere capacidades de evaluación de factibilidad y viabilidad,
tasas de interés, plazos y condiciones de garantías y la banca comercial
nacional no está hoy en condiciones de dar una adecuada respuesta tal como lo
demuestra el propio BCRA en su Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC): suba
de tasas, endurecimiento del sistema de garantías.
La existencia de
Sociedades de Garantía Recíproca – en los hechos destinadas a satisfacer las
posibles debilidades de las garantías de las PYMES INDUSTRIALES sólo han sido
eficientes para el canje de cheques en el mercado de capitales (Bolsa de
Comercio) pero el “spread” que cobran por su participación resulta, con estos
niveles de tasa inviables, demanda adicionalmente una garantía solidaria de los
titulares de las PYMES INDUSTRIALES lo que lleva a preguntarse sobre ¿Qué es lo
que realmente garantizan?
Es cierto, sí, que hay un “lote” de empresas
PYMES INDUSTRIALES que participa aún de estas operaciones pero que representan
una minoría dado que en general las empresas denominadas de “primera línea” no
emiten cheques diferidos susceptibles de negociación en ese tipo de ámbitos.
Asimismo, la
clasificación PYMES INDUSTRIALES establecida por el Ministerio de Producción y
que define en base a las ventas totales los beneficios y ventajas que recibe
cada empresa, debería tener un mecanismo de actualización de dichos montos
acorde a la dinámica de precios de la economía.
Bajo las condiciones expuestas la PYMES
INDUSTRIALES requiere el desarrollo de políticas de financiamiento orientadas a
la PRODUCCION, siendo -como señalamos- inviable una mejora en ese ámbito con
las actuales condiciones y costos financieros que surgen de una política
pública que prefiere la recesión con el riesgo permanente de empeorar la
situación del empleo y los indicadores sociales.
Las PYMES INDUSTRIALES advertimos que con
este diseño de política financiera que no se apalanca en la PRODUCCION resulta
en la actualidad inviable pensar en cambiar la tendencia recesiva y más aún,
vemos, ya no con preocupación sino con alarma, que esta recesión tiene un
camino extenso y peligroso por recorrer siendo las PYMES INDUSTRIALES las
primeras que han de poner en evidencia éste nuevo proceso de
desindustrialización.
La Factura
Electrónica
Finalmente, y de no acontecer hechos
inesperados el próximo 1° de septiembre podemos decir que la Factura de Crédito
Electrónica comenzará a estar operativa para las ventas que las PYMES
INDUSTRIALES realicen a las grandes empresas.
Tanto el Ministerio de Producción y Trabajo
(MPT) como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Comisión
Nacional de Valores (CNV) han desarrollado la normativa y adecuaciones
necesarias y reconocemos que se trata de un gran paso
Las PYMES INDUSTRIALES requiere de este
instrumento que habrá de colaborar a hacer más previsible la cadena de pagos
poniendo límites a las dilaciones en que muchas empresas grandes utilizan desde
su posición dominante.
Sin embargo, las PYMES INDUSTRIALES observan
con preocupación que no existe un régimen sancionatorio de las malas praxis de
las grandes empresas en tanto la factura electrónica fija no sólo la
posibilidad de transformarse en un instrumento financiero por la vía del
mercado de capitales, sino que también se convierte en un título ejecutivo.
Si una PYME negocia la factura y a la empresa
cliente le condiciona su estrategia financiera podría poner en riesgo la
continuidad de la PYME como proveedora. Lo que podríamos llamar "malas
praxis empresarias" requieren tener en contrapartida
"salvaguardias" para las PYMES INDUSTRIALES y resulta importante que
la Autoridad de Aplicación desarrolle una normativa específica que evite estas
acciones de mala praxis.
LOGISTICA
Una cuestión
estratégica como la logística – tanto de abastecimiento a la producción como
en la distribución – el Gobierno va construyendo soluciones que si bien son de
singular importancia (ampliación de rutas y autopistas, reposicionamiento del
transporte ferroviario, ampliación de la red para bitrenes entre otros) no
logran impactar en los costos logísticos de las PYME INDUSTRIALES y requieren
decisiones políticas de singular trascendencia que exceden ampliamente a las
empresas.
Las PYMES
INDUSTRIALES Industrial requieren del transporte terrestre para desarrollar
tanto el abastecimiento de insumos como para una eficiente distribución de su
producción.
La existencia de
estructuras que exceden las cuestiones económicas nos permite señalar que son
precisamente esas cuestiones (sistemas de representación sindical forzosa,
permanente amenaza coactiva sobre las PYMES INDUSTRIALES y sobre sus
proveedores del servicio de transporte, entre otras) las que agregan factores
de pérdida de competitividad en particular para las Industrias radicadas en las
economías regionales que deben hacer uso obligado del transporte terrestre y
significativamente de extensas distancias.
En este aspecto
entendemos que la Autoridad de Aplicación debe desarrollar a través de una
reformulación normativa los límites a la representación sindical evitando que
las PYMES INDUSTRIALES y sus proveedores sean objeto de coacciones, amenazas y
permanentes conflictos carentes de legitimidad.
Es cierto que por
diversas vías se trata de resolver esta restricción estratégica pero las PYMES
INDUSTRIALES consideramos que se requiere mayor énfasis en tanto se disponen de
las herramientas administrativas para poner límites ciertos y eficaces a
metodologías que sólo suman costos ocultos y no revelados a la producción por
la vía de prácticas inaceptables.
Por otra parte,
sería importante el diseño de un plan logístico que de singular importancia al
desarrollo del transporte multimodal.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
A pesar de la
importancia del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de
los países, sobre todo en escenarios de alta competitividad global, y reconociendo
el atraso de nuestro país en las inversiones en investigación y desarrollo se
decidió discontinuar los programas que posibilitaban la innovación en las PYMES
INDUSTRIALES.
En tal sentido,
sería de singular importancia el relanzamiento de dichos Programas tales como
el FONAPYME o el PREX entre otros.
Del mismo modo el
rediseño de Programas como el FONTAR que facilite el acceso de las PYMES
INDUSTRIALES es de importancia sustantiva como así también el desarrollo e
implementación de Programas de Vinculación Tecnológica e Innovación que
permitan el acceso en modo sencillo a las PYMES INDUSTRIALES es una necesidad
impostergable.
Para las PYMES INDUSTRIALES el fomento a la
industria 4.0 y a las inversiones en investigación y desarrollo tendrán en los
próximos años una importancia estratégica.
En ese sentido estimamos imprescindible que
la política pública diseñe e implemente un sistema de incentivos para que las
empresas se inserten en los cambios tecnológicos. Dichas políticas públicas
deben incluir opciones de financiamiento para que las PYMES INDUSTRIALES puedan
insertarse en las cadenas globales de producción.
Los actuales
Programas y sus requisitos administrativos hacen que esos instrumentos sean en
gran parte de los potenciales casos inaccesibles paras las PYMES INDUSTRIALES
por su complejidad en materia burocrática.
UNA CUESTION
ESTRATEGICA: LA EDUCACIÓN
·
Las
transformaciones que enfrenta la Industria, tanto en las innovaciones en
materiales, como en los diseños, en los propios productos y en los métodos y
lay out productivos la enfrentan al desarrollo económico argentino con una debilidad
y una limitación: la educación. Desde el llamado jardín de infantes hasta la
educación superior y de post título.
·
Resulta
tristemente paradojal que, existiendo un alto desempleo, muchas empresas, y en
particular LAS PYMES INDUSTRIALES, no encuentren las capacidades y formaciones
técnico-funcionales que demandan. Y esta paradoja no es sólo verificable en los
puestos de trabajo de alta sofisticación técnica, sino que recorre todo el
espectro del mercado laboral.
·
¿Las
razones? Diversas. Desde las defensas corporativas del propio sistema
educativo, incluyendo también la falta de visión del sector productivo al no
comprometerse de modo activo y reclamar el espacio que le corresponde en el
necesario debate sobre la transformación educativa.
·
A modo
de ejemplo de la falta de visión señalamos, se debate con pasión y hasta con
beligerancia sobre la educación sexual, pero no sobre la educación para el
trabajo, para dotar a quienes demandaran trabajos sean en relación de
dependencia o acceso al emprendedorismo, de herramientas que les permitan construir
su futuro.
Lic.
Carlos Guillermo Schwartzer
Belgrano,
21 de agosto de 2019
[1] El diseño de la
política pública diferencia a las Pequeñas y Medianas Industrias de los
“emprendedores”, Es algo más que una distinción semántica. Se trata de poner el
foco en un tipo de diseño de política industrial bajo el supuesto que el
“emprendedorismo” es la refundación de la matriz industrial conformada, hoy,
por las Pequeñas y Medianas Industrias. Así,
cuando nos refiramos a Pequeñas y Medianas Industrias incluiremos en nuestra
definición a los “emprendedores” en tanto son -más allá del tipo de
organización societaria- Pequeñas y Medianas Industrias
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