06 marzo 2018

CUAL HORMIGAS EN LA PELEA DE ELEFANTES



En Argentina hay cerca de 856 mil empresas registradas.

De ese total, 250.000 empresas son unipersonales y el resto, alrededor de 606.000 son empleadoras. Las 250 mil empresas son un basto conglomerado sectorial donde conviven entre otros actores de la nueva organización económica denominada “economía 4.0” de allí que éste conglomerado heterogéneo debe ser visto, en particular para el sector industrial de una suerte de “cantera” que de fructificar pasarán a convertirse en nuevos industriales de alta productividad o prestadores de servicios industriales imprescindibles para la sustentabilidad del desarrollo industrial.

De ese grupo de empresas empleadoras, más del 99% (602.784) tienen menos de 200 ocupados, y sólo el 0,6% (3.532) son grandes empresas con más de 200 ocupados. Las empresas de hasta 200 empleados son las que más trabajadores emplean: cuentan con el 65% del empleo formal privado.

Sin embargo, y conforme lo demuestran las estadísticas oficiales de empleo -pero también el desarrollo histórico en materia de empleo industrial-, la industria, y también las PYMI, no es la industria actual la creadora de empleo, sino que ése rol se transferido a los servicios industriales. No es más que la contracara del proceso de restructuración industrial que se basa en la productividad de los factores de producción entre ellos el empleo pero que requiere en forma creciente mayor sofisticación -capacidad innovativa, desarrollos “a la carta”, etc - de los servicios que contribuyen a la producción industrial.

El sector industrial (industria manufacturera y construcción representa unas 90.000 Pequeñas y Medianas Empresas Industriales (PYMI) a las que debería agregarse las que corresponden al sector de transporte y logística (en tanto también conforman una parte sustantiva de la problemática industrial); llegando a constituir un entramado de, aproximadamente, 146.000 empresas.

Podríamos continuar citando algunas cifras que denotan la importancia y relevancia de las PYMI en el sistema económico mostrando, como lo hace el GPS del Ministerio de Producción que subraya la dinámica de su desarrollo, es decir la velocidad de transformación desde que nacen como microempresas hasta que se constituyen en PYMI Medianas.

Sin embargo, a lo largo de éste sinuoso camino, las PYMI deben enfrentar problemáticas que no derivan de su capacidad de gestión o de los resultados de las mejoras de su productividad.

A modo de ejemplo. Según cifras de la AFIP en enero de 2018 ésta había otorgado a las PYMI en general facilidades de pago de impuestos por $145 mil millones. Obviamente esta situación contrasta con que de las 866 mil empresas PYMI sólo algo más de 300 mil han podido inscribirse como beneficiarias de la llamada Ley PYMI (Ley 27.264).

En suma, existen 500 mil PYMIS, muchas de ellas industriales imposibilitadas de poder recibir dichos beneficios, que no pueden acceder basados en cuestiones de naturaleza tributaria generadas por una presión tributaria de algunos puntos más que el 32% del PBI.

Se menciona de modo reiterado que las PYMI debemos comprender la existencia de un cambio de paradigma. No desconocemos tales transformaciones ni somos necios como para reconocerlo. Conocemos perfectamente la dinámica de la economía global.

Pero precisamente, uno de los roles del Estado moderno es acompañar a su base productiva , y en particular a las PYMI, a integrarse de modo activo a los nuevos paradigmas productivos pero de algo estamos seguros – y entendemos que la actual Administración también lo está- es mediante el diálogo y la búsqueda de consensos que se logra una eficiente adaptación y no mediante el cercenamiento inconsulto de todo tipo de instrumentos para que las PYMI puedan incorporarse a esos nuevos paradigmas sin generar un impacto no deseado.

 Así, los procesos de adaptación a las condiciones que plantean las nuevas formas de organización productiva encuentran su límite en restricciones exógenas y que contribuyen a configurar una agenda de trabajo que esperamos llevar adelante junto a las Autoridades y contribuir de este modo a sentar bases sustentables y consistentes para el desarrollo industrial.

 LA AGENDA

No es posible desarrollar esta Agenda sin primero establecer, con claridad y de modo indubitable, la necesidad de un profundo cambio cultural en la gestión empresarial integral de las Pequeñas y Medianas Industrias.

De allí, entonces nuestro absoluto compromiso es con el TRABAJO, con ser proactivos a las transformaciones imprescindibles, necesarias y urgentes que requiere la República Argentina para retomar su lugar protagónico en el mundo.

En ningún caso hemos tomado como metodología la confrontación o la resistencia a las transformaciones. Somos Industriales, micro, pequeños o medianos, pero Industriales y tenemos incorporado el espíritu pionero y emprendedor (todos fuimos en algún momento solitarios emprendedores en tiempos donde no existían facilidades para serlo y todos en algún momento de nuestras vidas empresarias optamos por desarrollar nuestra creatividad y nuestra visión apartándonos de las llamadas “zonas de confort”.

Las tasas de natalidad y mortalidad de empresas dan cuenta que siempre la natalidad es mayor que la mortalidad y ese es el testimonio más evidente de nuestro compromiso.

LOS TEMAS QUE IMPORTAN

1.   Energía:

Impacto en los costos de los incrementos de tarifas aplicados a la producción sin gradualismo alguno.

Calidad y sustentabilidad de la provisión de energía (eléctrica o gas). Se desactivo el Programa PACC orientado específicamente a la eficiencia eléctrica como así también la línea de financiamiento asociada a ese fin. En los territorios donde las Cooperativas Eléctricas poseen el monopolio de la distribución el valor del Kwh incluye los más variados rubros extra-tarifarios.

2.   Inexistencia de Programas -en particular de asistencia financiera- para la continuidad del proceso de reestructuración de las PYMI. Tanto en la necesidad de fluidez de capital de trabajo, continuidad y finalización de los planes de inversión (adquisición de bienes de capital) y el acceso a consultoría de calidad para la mejora de la productividad, la innovación y la adaptación a las nuevas cadenas de producción.

Se han desactivado Programas como el PACC, Programas de Inversión Productivo, Subsidio de Tasas sin gradualismo alguno.

La asistencia financiera a PYMI ha sido resuelta mediante mecanismos imperfectos del mercado. No resulta posible que un sistema bancario de características comerciales (enfocado de tarjetas de crédito y créditos personales, ávidos en captar “cuentas sueldos” para obtener liquidez barata), pueda atender la demanda de créditos de inversión que obviamente requieren otro tipo de fondeo, evaluación y análisis de riesgo.

La banca de inversión requiere capacidades de evaluación de factibilidad y viabilidad, tasas de interés, plazos y condiciones de garantías que la banca comercial nacional no está en condiciones hoy de dar una adecuada respuesta tal como lo demuestra el propio BCRA en su Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC): suba de tasas, endurecimiento de del sistema de garantías.

La existencia de Sociedades de Garantía Recíproca – en los hechos destinadas a satisfacer las posibles debilidades de las garantías de las PYMI sólo han sido eficientes para el canje de cheques en el mercado de capitales (Bolsa de Comercio) pero el “spread” que cobran por su participación resulta, con estos niveles de tasa inviables, demando adicionalmente una garantía solidaria de los titulares de las PYMI lo que lleva a preguntarse sobre ¿Qué es lo que realmente garantizan?

 Es cierto, sí, que hay un “lote” de empresas PYMI que participa aún de estas operaciones pero que representan una minoría dado que en general las empresas denominadas de “primera línea” no emiten cheques diferidos susceptibles de negociación en ese tipo de ámbitos.

En el mientras tanto, los instrumentos propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Proyecto de Ley de Inversión Productiva quedaron sin sanción legislativa (falta el Senado) y reconocemos el esfuerzo del Presidente de la Nación al reclamar la sanción definitiva de ése Proyecto en la sesión de apertura del año legislativo.

Sin embargo, los instrumentos destinados a PYMI han quedado desafortunadamente mezclados con un conjunto de artículos que dan lugar a una profunda reforma del funcionamiento del mercado de capitales y atribuciones de la Comisión Nacional de Valores que son resistidos por la oposición parlamentaria. En el medio de las diferencias de mayor entidad y calibre han quedado las PYMI.

Los instrumentos diseñados en dicha Ley a los que se accede mediante el mercado de capitales resultan aún de difícil acceso a las PYMI que deben, para incorporarse generar un “giro copernicano” en sus sistemas de gestión empresarial. Tales transformaciones requieren tiempo y concientización. Los nuevos paradigmas parecen imponerse por la fuerza y dan paso a una “cultura de descarte” de costosos impactos económicos y sociales.

3.   En materia de comercio exterior, las PYMI desconocemos los contenidos de las negociaciones gubernamentales sobre Tratados de Libre Comercio, en particular en lo que respecta a las negociaciones en curso entre el Mercosur y la Unión Europea o el que se refiere a Canadá y México y los avances con el Tratado del Pacífico.

Esa falta de información impide conocer los impactos y consecuentemente afecta los procesos de decisiones de inversión de las PYMI dado la incertidumbre resultante.

Entendemos que pueden existir bloqueos informativos derivados de la propia negociación, pero también observamos como otras comunidades empresariales de los países involucrados no sólo poseen información, sino que sus demandas son atendidas.

Esta “asimetría” en el desarrollo de los Acuerdos Comerciales debe revertirse si el objetivo es “exportar más”. La pregunta es ¿cuáles son los mercados en desarrollo y bajo que condiciones? Teniendo presente que las mutuas concesiones pueden discriminar negativamente a las PYMI o, a los productos industriales someterlos a un intercambio desigual en términos de matriz productiva nacional priorizando los productos agroindustriales y relegando la participación de los productos industriales.

En el mismo orden nos preocupa las condiciones de convergencia, la resolución de controversias y el tratamiento a los productos del conocimiento (patentes). Nuevamente, carecemos de información que nos permita orientar nuestras acciones.

En suma, lo que deseamos subrayar es la opacidad de las negociaciones que deben ser transformadas en transparentes para darle un marco de racionalidad a la gestión empresaria PYMI y no generar cuotas adicionales de incertidumbre.

Dentro de la misma temática, surgen dos cuestiones:

En materia de importaciones:

  • la existencia de triangulación de producciones (básicamente utilizando a Brasil),
  • el excesivo tiempo que demandan las denuncias por prácticas desleales (una denuncia por dumping demanda 18 meses cuando otros países lo resuelven apenas 1 a 3 meses). A modo de simple ejemplo un expediente de dumping promediando la investigación lleva ya 1 año de trámite y acumula casi 2000 fojas)
  • La escasa importancia que el servicio aduanero presta a los valores FOB declarados en Aduana y el excesivo tiempo administrativo que se toma para fijar valores criterio,
  • la no revisión permanente de los valores criterio ya determinados
  • El sistema financiero argentino no ofrece cartas de crédito para la importación de partes, piezas e insumos y todo se resume en condiciones de 100% anticipado o 30% anticipado y 70% vista en el mejor de los casos lo que demanda esfuerzos financieros importantes que, obviamente, son difíciles de trasladar en caso de decidir exportar

En materia de exportaciones

  • Ausencia de instrumentos o programas de promoción de exportaciones destinados a PYMI
  • No existen de modo fluido líneas de pre-financiación de exportaciones
  • El denominado “costo argentino” (conformado por un conjunto de costos indirectos no revelados de modo explícito) es una realidad que condiciona la competitividad de la producción nacional.
  • Pese a que se lo intento aligerar el Sistema de Importaciones Temporarias (Decreto 1330/2004 y sus modificaciones) implica aún un sistema excesivamente cargado de burocracia y tiempos de gestión que para la dinámica empresaria resultan inabordables e incompatibles con la convocatoria a exportar.

4.   Irregular adhesión de las Provincias y Municipios al Acuerdo Fiscal Federal que implica en muchos casos suba de tasas e IIBB.

5.   No hay una completa aceptación a nivel nacional de la Ley Complementaria de ART (Ley 27.348)

6.   Existen numerosas PYMI que no han podido inscribirse en el Registro de la AFIP para acceder a los beneficios de la Ley PYMI (alrededor de 400 mil) mientras tanto el volumen de financiaciones por planes de pago a las PYMI rondas los $148 mil millones lo que pone en evidencia una fragilidad de importancia fundamental. La presión tributaria incompatible con la producción ha dejado un remanente de consecuencias difíciles de predecir.

7.   La judicialización de las relaciones laborales y el desarrollo de un sistema jurisprudencial que en los hechos opera como una “legislación” en sí misma. La necesidad de desarrollar una profunda revisión de la legislación laboral -que aunque impulsada por el propio Gobierno- no encuentra el suficiente eco en la oposición parlamentaria lo que impone no sólo una legislación anacrónica sino que genera una alta cuota de incertidumbre.

En materia de negociación laboral a nivel de paritarias, debe eliminarse la denominada “ultra-actividad” dado que la dinámica de la producción requiere una permanente actualización de las relaciones laborales por el surgimiento o implementación de nuevas tecnologías o innovaciones

8.   Simultáneamente, las PYMI deben enfrentar la competencia desleal por parte de productos importados como así también la que proviene de la informalidad productiva y el contrabando.

9.   Una cuestión estratégica como la logística – tanto de abastecimiento a la producción como en la distribución – el Gobierno va construyendo soluciones que si bien son de singular importancia (ampliación de rutas y autopistas, reposicionamiento del transporte ferroviario, abordaje del transporte multimodal, entre otros) no logran impactar en los costos de logísticos de las PYMI y requieren decisiones políticas de singular trascendencia que exceden ampliamente a las empresas. Es cierto que por diversas vías se trata de resolver esta restricción estratégica pero las PYMI consideramos que se requiere mayor énfasis en tanto se disponen de las herramientas administrativas para poner límites ciertos y eficaces a metodologías que sólo suman costos ocultos y no revelados a la producción por la vía de prácticas inaceptables

Podríamos seguir desmenuzando el llamado “costo argentino” pero preferimos hacer un alto en nuestro aporte y dejar que quienes muestren preocupación, compromiso y estén con deseos de aportar completen o señalen los excesos y porque no las omisiones.

Lic. Carlos Guillermo Schwartzer

Colegiales, (CABA) 6 de marzo de 2018

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