¿SON SUSTENTABLES LOS INDICADORES DE MEJORAS DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL?

Diversas estadísticas dan cuenta de mejoras en la situación económica de las PYME en el último trimestre. Así, el Índice de Producción PYMI (IPIP), cierta mejora en la calidad de la cadena de pagos y la indicación de mejora en la calidad de las expectativas parecen indicar que se ha invertido el ciclo recesivo que éstas enfrentaban. Diversos índices, de carácter más general, también dan cuenta de éstas mejoras.

Sin embargo, las encuestas no tiene forma de relevar las condiciones de competitividad, -o menos pretenciosamente- las condiciones de producción en que éstos indicadores mejoran.

Así, la noticia señala que "El 40% de las empresas fiscalizalizadas por las autoridades laborales durante 2009 y el primer trimestre de 2010 tenía al menos un trabajador no registrado en su plantilla de personal, situación que se detectó en mayor proporción en pequeñas y medianas compañías y entre trabajadores de poca antigüedad (hasta 1 año)."

Según los datos que surgen del último relevamiento del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) se detectaron incumplimientos a la normativa laboral en 57.622 empresas sobre un total de 142.092 que fueron fiscalizadas entre enero de 2009 y marzo último.

Según el informe, sobre un total de 481.684 trabajadores relevados, el 27,4% (131.604) no estaba debidamente registrado en el Sistema Integrado Previsional (SIPA). De ese total, fueron regularizados durante 2009 el 37,2% de los trabajadores en negro y en lo que va de 2010 esa proporción creció al 49,1%.

Más de una vez señalamos que ésta modalidad no es más que una de las tácticas empresarias dentro de lo que denominamos "estrategias de supervivencia" y resulta impredecible sostener la sustentabilidad de una Tasa de Regularización creciente toda vez que ésta adquiere dinamismo por efecto de las inspecciones del MTESS.

Señalamos ésta cuestión porque un análisis del Índice de Fragilidad Laboral (IFL) sugiere que existen condiciones de empeoramiento o de fundadas dudas sobre las posibles mejoras a partir de que los indicadores que lo componen.

El IFL posee 3 componentes básicos directamente relacionados con el:

• Déficit de empleo: este da cuenta del déficit cuantitativo en términos de empleo. Este indicador refleja el porcentaje de planes sociales sobre el total de los trabajadores ocupados y no cabe duda alguna sobre su incremento en los últimos tiempos
  
• Precariedad laboral: intenta dar una medida de la calidad del empleo existente (déficit de calidad) en la cual el trabajo no registrado, el subempleo y el sobre empleo cuentan de modo fundamental. Debe tenerse en cuenta que la primer decisión (tanto de los empresarios como de los propios trabajadores) ante el incremento de la producción es incorporar "horas extras" antes que un nuevo turno
  
• Pobreza e ingresos: esta dimensión busca dar cuenta del poder de compra de las remuneraciones y su distribución (déficit de ingresos). Este indicador depende de modo directo de las estadísticas de ingresos y precios del INDEC
  

Sin embargo no se trata sólo del comportamiento del empleo lo que nos hace dudar sobre la sustentabilidad de las expectativas respecto de los niveles de producción de las PYME.

Existen otros Informes que describen un panorama de tal entidad que dan mayor fortaleza a nuestra opinión de que estamos frente a un momento circunstancial en el cual las expectativas de inflación y crecimiento de ingresos proyectan un escenario poco sustentable.

Así, dice el Observatorio PYME de la Universidad de Bolonia en la Argentina:

• Durante 2009 un 36% de PYMES declararon el 64% de los industriales PyME manifestó contar con un parque de maquinaria antigua o muy antigua .
  
• El aumento de los costos directos de producción resultó en la disminución paulatina de los márgenes de utilidad de las firmas.
  
• En 2009 la proporción de PyME industriales inversoras fue del 42%, ligeramente por debajo a la del año anterior. La existencia de capacidad instalada de planta ociosa desincentivó las inversiones destinadas a su ampliación: entre 2006 y 2009 la proporción de empresas cuyo principal propósito de inversión fue incorporar bienes de capital pasó del 38% al 30%.
  
• Por otro lado, cobraron mayor importancia relativa las inversiones en pos de reducir los costos de producción.
  

Este último punto es crucial porque allí queda de manifiesto que las inversiones tienden a recortar puestos de trabajo sin que exista una clara, definida y específica política de recalificación de trabajadores.

Por otra parte en 2009 el 64% de las inversiones llevadas a cabo por las PyME industriales fueron financiadas a través de recursos propios de la firma, sin embargo en contexto de caída de rentabilidad, la disponibilidad de excedentes orientados a la recomposición y modernización productiva le pondrá limites a la política inversora.

Si a esto le sumamos la escasa "financiarización" (entendiendo por tal la disponibilidad y acceso a productos bancarios de financiamiento de mediano y largo plazo exceptuando las líneas de descuento de documentos que consideramos productos comerciales de cortísimo plazo) de las PYME, los limites son bastante estrechos en materia de incorporación de tecnologías e innovaciones e incluso de modernización del parque productivo.

En consecuencia, las restricciones al desarrollo de una política inversora por parte de las PYME hacen que la industria pierda competitividad y que esa pérdida de paso una profundización de las estrategias de supervivencia con lo cual nos iremos encaminando a un sendero de mayor volumen de producción con menor calidad. Es decir de menor sofisticación tecnológica, costos crecientes y mayores posibilidades de pérdida de calidad en el mercado laboral.

De acuerdo con una encuesta realizada por la Fundación Observatorio Pyme, que plasmó en un informe dado a conocer en los últimos días, una mínima porción del empresariado –entre 1% y 4%– accedió a los diversos programas públicos destinados a financiar inversiones de pequeñas y medianas empresas y, estos casos, la respuesta fue satisfactoria.

"Si el dilema actual de la política económica es sostener el crecimiento sin aumentar la inflación, defendiendo la competitividad internacional de la industria, tal vez el Gobierno debería haber acompañado la medida de la asignación universal por hijo –que tendrá un costo fiscal anual de entre 8.000 y 9.000 millones– con otra simultánea de desgravación para las pymes", propone el documento.

Los resultados cuantitativos de las encuestas son válidos para el cortísimo plazo pero estas magnitudes no serán sustentables si no se resuelve algunas cuestiones que la "macro" actual ha preferido ignorar en beneficio de un modelo basado en la expansión del consumo y no en la producción, la innovación y la sofisticación industrial.