PYMES: AGENDA DE COMPETITIVIDAD
La Industria Argentina tiene por delante un conjunto de
desafíos derivados tanto del propio proceso de crecimiento de la economía
nacional como de la dinámica industrial que permanentemente demanda innovación,
modernización tecnológica, nuevos diseños y materiales, más y mejores
conocimientos, mayor calidad del empleo y ampliación de los horizontes
productivos.
Ante éstas demandas, la Industria Nacional, y en
particular las Pequeñas y Medianas Empresas, requiere de modo permanente
trabajar sobre su competitividad, tanto propia de la empresa como la que surge
del contexto en el cual se desempeña.
Es a partir de ésas exigencias que la Rama Industrial de
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa elabora su Agenda de Trabajo y
detalla en ella los principales problemas y desafíos que surgen desde el
contexto y que afectan, condicionan o amenazan la competitividad industrial de
las Pequeñas y Medianas Empresas.
CUESTIONES DE POLITICA ECONOMICA
En las actuales circunstancias, y más allá del debate
sobre cuestiones estadísticas, los Industriales observamos que existe un
proceso inflacionario que afecta el desempeño de las PYME en tanto su condición
de no ser formadoras de precios.
Este proceso condiciona la competitividad, las decisiones
de inversión y obliga a las PYME a incrementar de modo permanente su capital de
trabajo.
Dado que la evolución el tipo de cambio no refleja éste
proceso se produce un incremento de los
precios internos en moneda extranjera que afecta a las PYME exportadoras
amenazando la sustentabilidad de sus programas de exportación y el desarrollo
de nuevos mercados.
No se trata en modo alguno de producir adecuaciones
nominales del tipo de cambio, sino de implementar políticas públicas que
permitan disponer de un tipo de cambio real percibido que promueva las
exportaciones industriales y contribuya a mejorar la competitividad industrial.
Tal como la experiencia lo ha demostrado el proceso
inflacionario afecta de modo sustancial la rentabilidad de las PYME y la
imposibilidad de reflejar el movimiento de los precios en los estados
patrimoniales da lugar a distorsiones en la las bases de las decisiones
empresarias y genera artificialmente una mayor carga tributaria.
En nuestra visión, para enfrentar a éste proceso
inflacionario, se debe recurrir a medidas de política económica que no
signifiquen impactos negativos en los salarios ni en el nivel de actividad
productiva y mucho menos en el consumo y el desarrollo del mercado interno.
TEMAS DE POLÍTICA LABORAL Y SOCIAL
·
LEY SOBRE RIESGOS DE TRABAJO
o
Cumplimiento del artículo 12º del Decreto 1694/2009 que
indica:
1.
Reducir los costos del sistema de la Ley sobre Riesgos del Trabajo
Nº 24.557 y sus modificaciones, sin por ello afectar la calidad del servicio
brindado a los trabajadores.
2.
Adoptar los recaudos necesarios para que
las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART), en el diseño de su régimen de
alícuotas, ajusten su configuración a los indicadores contenidos en el artículo
24 de la Ley N º
24.557 y sus modificaciones, promoviendo:
a.
condiciones favorables para su acceso por
parte de las pequeñas empresas y
b.
evitando cualquier tratamiento diferenciado
en su perjuicio.
o
Transferencia a la seguridad social en el caso del
accidente in itinere de la reparación por incapacidad laboral
·
EMPLEO
o
Programas de Fomento y Mantenimiento del empleo formal
que contemplen las especificidades regionales y pongan especial énfasis en la
mejora de la empleabilidad de los jóvenes ante el primer empleo
o
Programas de Fomento e Inclusión en el empleo de Mujeres
y Adultos
o
Programas de reentrenamiento de trabajadores desocupados
en particular los afectados por los cambios tecnológicos o estructurales de la
cadena de valor.
o
Programas ágiles y de sencilla implementación de
protección del empleo ante situaciones de crisis.
o
Simplificación de los requisitos pre ocupacionales en
materia de riesgos del trabajo para facilitar la recontratación de trabajadores
desocupados
Estos Programas deberán contemplar la acreditación como
pago a cuenta de IVA de los aportes y contribuciones patronales a la seguridad
social
·
LEGISLACION
Los fallos judiciales conocidos en los últimos tiempos están generando una
suerte de “nuevo derecho laboral”. La justicia está para corregir desvíos,
fallas o interpretaciones específicas. Pero deben ser los órganos específicos
del Estado quienes – a través del diálogo y la participación – produzcan las
correcciones, ajustes, modernizaciones o incorporación de situaciones nuevas
que en la dinámica de las relaciones laborales surjan.
TEMAS IMPOSITIVOS
·
Regularizar, en forma inmediata, los pagos de los
reintegros, devoluciones y compensaciones
·
Simplificar los procedimientos y regularizar la entrega
de los bonos fiscales derivados de los Programas que así lo contemplan (Bs de
Capital, Capacitación, etc)
·
Implementar la devolución automática y/o compensación de los
saldos técnicos de IVA.
·
Implementación de un régimen unificado de retenciones y
percepciones que contemple los impuestos nacionales, provinciales y los de
nivel local
·
Implementar un Programa de capitalización del Impuesto a
las Ganancias destinado a proyectos de inversión productiva destinado
exclusivamente a PYMES
·
Necesidad de diseñar e
implementar una reforma tributaria que permita desarrollar un mercado interno
consistente y sustentable, renovar, ampliar y modernizar el aparato productivo
con inversiones, introducir nuevos productos, diseños y materiales, y
simultáneamente desarrollar nuevos mercados en el exterior
·
En el plano provincial, la reposición del Impuesto a los Ingresos Brutos, aunque se declare que
la imposición será sólo a las grandes empresas, afecta a las PYME de modo
inexcusable en tanto se trata de un impuesto con efecto “cascada”. Este impuesto promueve la importación, dado
que los productos importados sólo pagan el Impuesto al momento de su
nacionalización, mientras que la producción nacional lo ve reflejado a lo largo
de toda la cadena de valor.
FINANCIAMIENTO
·
Desarrollar un Programa de Redescuentos del Banco Central
de la República
Argentina con destino al financiamiento de PYMES, tanto para
capital de trabajo como para la inversión productiva y la expansión de la
oferta. El programa de Inversión Productiva del Bicentenario debe redefinir el
régimen de garantías que demanda (sólo reales) en tanto esa exigencia limita el
acceso de las PYME a ése importante Programa.
·
Ampliar el Programa FONAPYME a la totalidad de los
sectores y transformarlo en una “ventanilla continua” (ahora es por llamado
periódico que en el mejor de los casos es cada 5 meses). Mejorar y facilitar
las condiciones de acceso y el régimen de garantías.
·
Debe ampliarse el Programa de Subsidio de Tasas dado que
si bien hasta ahora los montos ofrecidos fueron importantes, el número de PYMES
beneficiadas aún es exiguo. La SEPYME debe monitorear de modo permanente la
actuación de los Bancos dado que éstos solicitan a las PYME contraprestaciones
tales como tomar sus productos comerciales a cambio del acceso.
·
Fortalecer las Sociedades de Garantías Recíprocas y
facilitar y simplificar las condiciones de accesibilidad.
·
Implementar un Programa de Capitalización del Impuesto a
las Ganancias destinado a proyectos de inversión productiva o expansión de la
oferta destinado exclusivamente a PYMES.
·
Orientar, nuevamente, los fondos excedentes de la ANSES , por sus
características, hacia la inversión de largo plazo y proyectos con alto
contenido de innovación tecnológica, productiva o de gestión.
·
Desarrollar un Régimen de deducción de intereses sobre
capital propio cuando éste se aplique a programas de inversión productiva o
expansión de la oferta. Implementar un régimen especial de reinversión de
utilidades para PYMES
·
Creación de una banca especializada en materia de
Proyectos de Inversión, reequipamiento productivo, modernización y mejora de la
competitividad orientado exclusivamente a PYME.
COMERCIO INTERNACIONAL
·
Establecer un sistema de reintegros, devolución de
impuestos y compensaciones automática de acuerdo a la especificidad de cada
caso.
·
Se deben eliminar los sobrecargos que se aplican al comercio
exterior en tanto significan nuevos costos que afectan la competitividad de las
exportaciones de las PYME. Tal es, por ejemplo, la imposición del Transporte
Argentino Protegido (TAP) que se suporpone con otras pólizas de seguros ya
existentes
·
Aplicar con mayor rigurosidad los instrumentos previstos
en los acuerdos de la OMC
contra la competencia desleal, (ya sean Licencias No Automáticas, Anti dumping,
etc.) mejorando de modo específico las metodologías de investigación evitando
que el paso del tiempo las conviertan en inocuas. El régimen de
Licencias No Automáticas debe garantizar la provisión de insumos que no se
fabrican en el país.
·
Creación de un Fondo de Reparación orientado con
exclusividad a PYME conformado por el 50% de los fondos recaudados en materia
de sanciones establecidas por la aplicación de los instrumentos de la OMC. Se deben incluir las
multas recaudadas por la
Dirección General de Aduanas.
·
Desarrollar ágiles Programas de Pre y Post financiación
de exportaciones PYME.
·
Creación de un Sistema de “Compre insumo local con
obligación directa de exportación en un producto de mayor complejidad” con
obligaciones similares al régimen de importación temporaria.
·
Programa que
posibilite la cesión de mercadería de una Empresa integrante al Consorcio de
Exportación en la categoría “IVA Exento”, dado que los integrantes del
consorcio lo entregan al consorcio únicamente para exportación.
·
Implementar Programas de Promoción de Exportaciones tales
como FOPEX, Cooperativas de Exportación, Misiones Comerciales y Misiones
Inversas. La Ley 23.101 es un antecedente de suma importancia y
trascendencia que debe ser reconsiderado, actualizado y nuevamente desarrollado.
·
Plena vigencia del Régimen de Aduana de
Fronteras con la incorporación al mismo de todas las Aduanas y que permita la
acreditación de los cobros de las exportaciones de hasta u$s 30.000 por cada
operación sin intervención bancaria.
DESARROLLO DE PYMES
·
Desarrollo de Planes y Programas de Mejora de la Competitividad de
fácil acceso y que aborden a la totalidad de los sectores y regiones PYME, con
amplias facilidades para la incorporación de la innovación y modernización
tecnológica, el diseño industrial en las PYME.
·
Establecer mecanismos que permitan compensar las
contribuciones patronales a cuenta de IVA
·
Reglamentar las cuestiones impositivas (apropiación del
IVA y otros impuestos) en las formas asociativas previstas por la Ley de Sociedades
reconociéndole a éstas personería jurídica propia.
·
Promover mediante instrumentos financieros y tributarios
la relocalización de las PYME en Parques Industriales para mejorar las
economías externas y la competitividad.
·
Ampliar y fortalecer mediante el efectivo cumplimiento
por todos los niveles y jurisdicciones del Estado el Régimen de Compre
Nacional. El actual Proyecto de Ley de modificación de la Ley 25.551 –con media
sanción del Senado- debe ser tratado en forma prioritaria tanto por las
Comisiones designadas (Industria, Comercio y Obras Públicas) como por el pleno
de la Cámara de Diputados en tanto refleja una mejora sustantiva del régimen.
·
Promoción del desarrollo empresarial, creación de nuevas
empresas y desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora.
·
Desarrollo de una normativa societaria e impositiva que
aliente la continuidad de las sucesiones en materia empresaria
·
Distribuir de modo más uniforme en toda la demanda los
cargos que se han establecido para la actividad industrial en materia de
energía eléctrica.
TEMAS
DE INFRAESTRUCTURA
·
Tanto el desarrollo del mercado interno
como del comercio exterior requieren de la existencia de una red caminera
moderna y que se adapte a las necesidades de la producción allí donde ésta este
localizada. En tal sentido se hace indispensable una política de desarrollo y
modernización de las rutas tanto troncales como secundarias de acceso a los
mercados como a los puertos. Si bien reconocemos que se ha avanzado bastante en
ésta materia en los últimos años, aún resta avanzar y fortalecer la red
caminera para evitar sobrecostos de logística que afectan la competitividad de
las PYME y traban su acceso a los mercados.
·
La oferta energética es una preocupación
constante de las PYME tanto porque su desarrollo muchas veces demanda una
capacidad que muchas veces no se le puede garantizar cómo por los cortes de
energía en los que muchas veces se ven involucradas sea de modo directo o
indirecto. A su vez, los cargos por consumo excedente deben ser eliminados en
tanto reflejan una mayor actividad de las PYME que no puede ser restringida por
éstos sobrecostos como por las obligaciones emergentes de los mismos.
·
Si bien son escasas las PYME afectadas por
la oferta de gas de modo directo, si lo son de de modo indirecto. La
intermitencia del aprovisionamiento genera muchas veces escasez de materia
prima y resulta el fundamento para que las PYME deban abonar sobre precios para
lograr el abastecimiento de materias primas indispensables. Esta debilidad en
materia de provisión de gas a los proveedores del mercado Mayorista Eléctrico
implica finalmente sobrecostos en las tarifas que éstos cobran al aducir cambios
en la matriz de generación.
MEDIO
AMBIENTE
En
el marco de un nuevo paradigma ambiental, es que se sancionó la
Ley General del Ambiente, N° 25.675, por lo
cual las empresas argentinas deben considerar las consecuencias en el ambiente
que tienen sus actividades. Eso por ello que las PYMES deben plantearse cómo
afrontaran esta nueva situación y cómo van a internalizar estos nuevos costos
en su actividad productiva.
En
particular, para las PYME adquiere especial significación la problemática que
plantea el cumplimiento del artículo 22 de la Ley , que obliga a las Empresas a “contratar un seguro de cobertura con
entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del
daño que en su tipo pudiera producir; asimismo, según el caso y las posibilidades
podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la
instrumentación de acciones de reparación”..
Desde
CAME se asumió el compromiso de brindar acciones inmediatas a nuestros
asociados, ayudando a dar respuesta a aquellos casos donde se ha recibido una
intimación respecto al cumplimiento del Artículo 22.
También
se observó la necesidad de que la contratación del seguro no sea una carga para
el empresario PYME, sino que sea realmente una solución ante la responsabilidad
y que posibilite la reparación del daño ambiental. Se subrayó que las PYMES
deberían ser las últimas empresas en ser intimadas, considerando el alto costo
que implica la contratación del seguro y la dificultad de acceso al crédito en
caso de ser necesario realizar una reconversión productiva a fin de evitar la
contaminación ambiental.
Por
último CAME destaca que debe respetarse el Principio de Progresividad que
existe en el Derecho Ambiental, el cual implica dar un plazo prudencial para el
cumplimiento de los objetivos ambientales, reconociéndose metas intermedias.
En
este sentido, es necesario que el Estado coopere en la solución de la
problemática y que no sólo se haga hincapié en la reparación del daño sino
principalmente en evitar el daño. Por este motivo, el Estado debe desde sus
diversos órganos involucrarse en la solución del problema ambiental,
subsidiando a las empresas en la compra de tecnologías limpias que permitan la
producción para el desarrollo sustentable.
En
tal sentido, y hasta tanto se resuelvan los temas de fondo solicitamos:
·
se autoricen otras soluciones e
instrumentos (Pólizas de Seguro de Responsabilidad por Daños al Patrimonio
Ambiental) que significan una autentica y verdadera transferencia de riesgo y
que, aunque también de modo imperfecto, contribuyen a dar respuesta a lo
establecido en dicha norma legal
·
la reglamentación del último párrafo del
Artículo 22º de la LGA en particular en lo que
respecta al Fondo de Restauración que permita a las PYME disponer del
instrumento del autoseguro.
·
Se evite el dictado de nuevas normas que
conllevan nuevas obligaciones hasta tanto se resuelvan los temas de fondo de la
Ley General del Ambiente y existan instrumentos acordes para dar adecuada
respuesta por parte de las PYME. Generar nuevas demandas, que en muchos casos
superponen jurisdicciones y crean confusión amenazando la competitividad de las
PYME.
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